VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
En su resolución, la Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle ha resuelto desestimar el recurso de la Fiscalía y confirmar un auto anterior en idéntico sentido dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, tal y como ha adelantado hoy el consejero portavoz y de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y que ha sido confirmado por Europa Press en fuentes jurídicas.
En aquel auto ahora confirmado el juez consideraba que, examinados los hechos y a la vista de los artículos 74 y 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, parece que la interpretación correcta es la del Consejo de Cuentas, "pero al caber otra distinta quedaría excluida la posible prevaricación, y según lo que el Tribunal Supremo señala en sentencias como la que figura en el auto, con los datos actuales no se puede sostener que por parte de la Consejería haya habido una resolucion a sabiendas radicalmente arbitraria y buscando un beneficio propio o de tercero".
Los contratos denunciados ante el juzgado tienen relación con diversas actividades tales como asesoramiento de Cajas de Ahorro, 12 Congreso de Economía, Elecciones Cámaras de Comercio, Pasarela de la Moda de 2010, Premios Comercio Tradicional, Premios Escolares de Prevención de Riesgos Laborales y Stand 76 Feria de Muestras.
El juez instructor constató la coincidencia de designación de empresas adjudicatarias en varios de los contratos en distintos años, y para la misma actividad, sin necesidad de justificación, por el medio escogido para poder efectuar las adjudicaciones directas.
En cuanto a por qué se optó por los contratos menores, los diferentes imputados declararon casi de forma coincidente que "así se ha hecho siempre": las distintas decisiones sobre el modo de proceder respondían a la tradición o costumbre.
A MEJORAR CON LA LEY DE TRANSPARENCIA
A este respecto, el auto señalaba que el necesario control sobre este tipo de contratación, sin procedimiento y justificación previa, mejorará con la Ley de Transparencia que en su artículo 8, y dentro de la publicidad activa, obliga a las administraciones públicas, a todas ellas, a publicar entre otros conceptos "a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato.
En el transcurso de las diligencias, ahora archivadas de forma definitiva, llegaron a declarar el día 24 de abril de 2014 en calidad de imputados siete cargos de la Consejería de Economía y dos exmandatarios, entre los primeros el actual director general de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Economía, Carlos Teresa Heredia. Todos ellos, de forma unánime, sostuvieron que los contratos formalizados por la Junta se hicieron dentro de la más absoluta legalidad y siguiendo las directrices marcadas por ley.
Teresa, cuya declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, José María Crespo, fue, junto con la de Juan Carlos Martínez, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales, la que más se alargó en el tiempo, mostró su "absoluta tranquilidad" y voluntad de colaborar con el instructor en todo aquello que precise.
Su tranquilidad se fundamentaba en la convicción de que "los procedimientos seguidos han sido los establecidos al efecto y con el cumplimiento absoluto y total de la normativa legal", rechanzado de este modo supuestos tratos de favor a determinadas empresas en la adjudicación de servicios que, según entiende el Consejo de Cuentas, se hicieron sin licitación pública utilizando el ardid de fragmentar los contratos para no superar los 18.000 euros de presupuesto.
El director general de Economía Social y Autónomos, quien cuando se efectuó la contratación sometida ahora investigación judicial ocupaba el cargo de director general de Comercio, declinó entrar en más profundidades "por respeto a la autoridad judicial", si bien insistió entonces en que los procedimientos seguidos se ajustaron en todo momento a la normativa vigente.
Además de Carlos Teresa Heredia y Juan Carlos Martínez, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales (Dirección General de Comercio), declararon igualmente como imputados Rafael Llanos Berrocal, jefe del Servicio de Prevención; Miguel Ángel Díez Mediavilla, quien fuera director general de Trabajo y hoy inspector de trabajo de la Administración central; Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de Servicios (Dirección General de Comercio), y Ana María Lorenzo Fernández, jefe de Servicio (Dirección General de Comercio).
También declararon como imputados Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe de Servicio de Análisis Económico (Dirección General de Economía) y Víctor Valverde Gómez, en la época de los hechos investigados director general de Economía y en la actualidad profesor en la Universidad de Valladolid.
La apertura de la presente vía penal, presentada tras la denuncia de Fiscalía Anticorrupción, tiene su origen en una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos (la mayoría de Valladolid y otros de León) en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa, y así elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.
