MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados señalan que la orden objeto de litigio dictada por la consejera de Educación no presenta "indicio alguno de arbitrariedad o de falsedad penal".
Asimismo, los magistrados del Alto Tribunal madrileño destacan que debería dirimirse en la jurisdicción administrativa. Contra la resolución cabe recurso de súplica en el plazo de tres días ante la misma sala.
El procedimiento se abrió a instancias de una denuncia presentada contra la consejera madrileña por el profesor de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Salvador Perelló. La acusaba de delitos de prevaricación y falsedad en documento público.
A través de su letrado, éste impugnó la orden de la Consejería de Educación que eliminó cinco titulaciones, entre ellas Sociología. El docente se quejó de que no había informe previo del Consejo Universitario.
Según la querella, Figar, como autoridad competente de Universidades, habría dictado la Orden 2385/2014 en la que habría incluido la supresión del grado de sociología en la Universidad Rey Juan Carlos.
Lo habría hecho "diciendo en dicha Orden que se había emitido informe previo por el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, cuando en realidad el expediente no había sido remitido por la URJC en tal fecha a la Comunidad de Madrid, si no que esa propuesta de supresión de grados, que consta elaborada por el Consejo de Gobierno de la URJC, habría sido enviada a la dirección General de Universidades de la CAM".
"Lo que supone afirmar que la Orden se dictó prescindiendo de todo procedimiento administrativo y cometiendo falsedad en documento oficial", según el denunciante.
NO HAY ARBITRARIEDAD
Los magistrados estiman ahora que la orden dictada, por su contenido y por el trámite efectivamente seguido para su elaboración y promulgación, "no presenta indicio alguno de arbitrariedad o de falsedad penalmente relevantes, sin perjuicio de las decisiones que puedan adoptarse en la vía contencioso-administrativa".
Así, detallan que, en un caso como el presente, es "a todas luces la vía jurisdiccional adecuada para, en su caso, restablecer la contravención del ordenamiento jurídico que se denuncia en la querella".
El pasado febrero, el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) aprobó la supresión de diez titulaciones a partir del curso 2014-2015 por el descenso de número de matrículas.
En concreto, se trataba de los grados en Sociología, Igualdad de Género, Ciencia Política y Gestión Pública (semipresencial), Educación Infantil Bilingüe e Ingeniería Informática (semipresencial).
