MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido que el informe del Consejo Fiscal es "positivo, favorable, alaba y no descalifica" su anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque haga "dos o tres salvedades" como en lo relativo a que el Ministerio del Interior intervenga las comunicaciones telefónicas sin autorización judicial.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro ha valorado así el dictamen del Consejo Fiscal que considera esta idea contraria a la Constitución, en consonancia con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que planteó la semana pasada sus "dudas" sobre la legalidad de tal medida.
Para el ministro, esta "salvedad" tiene "importancia" pero no la suficiente para "descalificar" el anteproyecto del Gobierno, que pretende mejorar la justicia penal. Con todo, ha insistido en que la reforma se encuentra en fase de elaboración y en que habrá tiempo de sobre para debatir sobre su "calidad técnica" y sacarla adelante con el máximo consenso posible.
Dicho esto, ha afirmado que el artículo de la ley vigente que permite intervenir las comunicaciones en casos de terrorismo o grupos organizados "ha funcionado muy bien durante 25 años" y que el PP ha planteado "simplemente" la posibilidad de ampliarlas a otros delitos de especial complejidad, como pederastia o trata de seres humanos.
Para Catalá, el nuevo artículo 588 contempla los principios de "proporcionalidad, especialidad y singularidad" aunque haya un control judicial "a posteriori" pero "en todo caso con garantías".
"VALE DE DISCURSOS MODERADOS, LOS DERECHOS SE PROTEGEN O QUEBRANTAN"
Así se ha pronunciado después de que la diputada del PSOE, Soraya Rodríguez, le afeara su idea de conceder a su "compañero, al ministro de la ley mordaza y las devoluciones en caliente" el poder de ordenar las intervenciones telefónicas sin el permiso de los jueces.
La parlamentaria socialista ha instado al ministro de Justicia a aclarar si retirará este artículo y ha expresado que es "mentira" que cuente con el apoyo de los jueces y fiscales puesto que sus órganos de gobierno han dicho que esta idea es "claramente inconstitucional". Ha apuntado que el Gobierno del PSOE limitó esta intervención a casos de bandas armadas o terrorismo, como permite la Constitución.
"Usted pretende que su compañero, el ministro del Interior de turno, decida en qué delitos, bajo qué circunstancias de gravedad y por qué razones se puedan intervenir las comunicaciones telefónicas de los ciudadanos en este país --ha exclamado-- El ministro de la ley mordaza, el que quiere legalizar las devoluciones en caliente, ¡Qué miedo, no?".
A su juicio, esta propuesta es propia de "un Estado policial" y no un Estado de Derecho, donde lo hace el juez de guardia. Rodríguez ha advertido de que en cuestión de derechos fundamentales "no se matiza". "O se protegen o se vulneran, o se respetan o se quebrantan como hace el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y ha hecho con la Ley de Tasas todos los días. Vale ya de discursos moderados", ha espetado.
