VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El juicio del conocido caso Terra Mítica, relativo a un presunto fraude de 4,4 millones de euros en la construcción del parque temático de Benidorm (Alicante), arrancará el próximo 23 de marzo y se prolongará hasta septiembre con 69 sesiones. En total hay 35 personas acusadas y la Fiscalía pide penas que oscilan entre los siete y 10 años de cárcel para los cuatro exresponsables del parque.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juicio por esta causa se celebrará en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, y contará con cuatro días para cuestiones previas --del 23 al 26 de marzo--.
En el mes de abril se han reservado 12 días para la declaración de los 35 acusados --13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30--; el turno de los testigos llegará en mayo y junio, cuando la sala ha reservado para ellos un total de 15 sesiones. La vista se extenderá hasta el 11 de septiembre con las periciales, documentales y conclusiones. Las sesiones comenzarán a las 9 horas.
La causa se dirige contra 35 acusados, cuatro de ellos exresponsables del parque, a los que se les atribuye presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, blanqueo, falsificación y delitos contra la Hacienda Pública, y contra otras 25 empresas.
Los cuatro exresponsables del parque, que se enfrentan a penas de prisión de entre siete y diez años --tal y como solicita inicialmente el ministerio fiscal--, son Luis Esteban --expresidente--; Miguel Navarro --ex director general--, Justo Valverde --exjefe del departamento de Contratación-- y Antonio Rincón --ex director técnico--.
El resto de acusados son miembros de hasta 25 mercantiles, para los que el ministerio público también solicita diferentes multas y penas de prisión que van desde los cinco años y siete meses hasta los 53 años y cuatro meses. La pena más alta solicitada es para el empresario Antonio Vicente Moreno Carpio --administrador único de Altos del Carrichal SL y gerente de Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, Prexint Botànics y Red Moreno--.
Los hechos que han dado lugar a esta causa se remontan a noviembre de 2005 cuando Fiscalía del TSJCV, tras una denuncia de la Agencia tributaria, presentó denuncia inicialmente contra 17 empresas, entre ellas Terra Mítica y 25 personas físicas por un presunto fraude en los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto de Sociedades y del IVA mediante la falsificación de facturas, por valor de 4.421.310 euros.
LA PRESUNTA TRAMA
Tal y como recogía el ministerio público en su escrito de calificación provisional, el 27 de enero de 1998 se constituyó la sociedad Parque Temática de Benidorm, que tenía por objeto, entre otras cosas, la construcción de un parque de atracciones. Seguidamente, esta sociedad firmó determinados contratos con empresas externas para que se encargasen de la creación, contratación, cumplimiento de normativa y control de calidad en el parque.
Para la contratación de estas empresas, según la fiscal, los entonces responsables Miguel Navarro y Justo Valverde contactaron con el empresario Vicente Conesa --dirigía las empresas C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimientos-- y, con la intención de "lucrarse" a costa de los accionistas de Terra Mítica, idearon un plan que les permitía conseguir que un gran número de facturas que iban a presentar al cobro en el parque fueran aceptadas por el departamento financiero y luego abonadas.
Para desarrollar este plan, los acusados crearon tres niveles diferentes de empresas. En el primero de ellos, Antonio Moreno y José Luis Rubio --relacionado con las sociedades Gribal SA y su continuadora Desarrollo Gran Vía S.L.-- se pusieron al frente de varias sociedades con el consentimiento de otros procesados y fingieron realizar trabajos y proveer de material a empresas que estarían en el segundo nivel de la trama. Así, confeccionaron un gran número de facturas por trabajos y suministros que nunca tuvieron lugar.
En un segundo nivel estaban las empresas que recibieron las facturas y que emitieron pagarés o retiraron dinero de las cuentas. Por último, en el tercer nivel se encontraban otros acusados que se concertaron para confeccionar otro gran número de facturas que no obedecían a operaciones reales y que recogían unos trabajos que nunca se habían desarrollado, para así conseguir aminorar la cantidad que en concepto de IVA debían ingresar a Hacienda en los ejercicios 2000 y 2001.
