HUELVA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
En una nota, la Junta ha explicado que esta propuesta se ha trasladado a la Junta de Expurgo, de la que forman parte la administración autonómica y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para la destrucción selectiva de la documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.
Los expedientes que serán próximamente destruidos corresponden a diligencias previas y juicios de faltas, fechados entre 1953 y 1997 y proceden de los juzgados de Instrucción número 1, 2, 3 y 4 y los números 1, 2, 3, 5 y 6 de Primera Instancia de la capital onubense, así como del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Ayamonte (Huelva).
Este nuevo expurgo de documentos en la provincia se suma al realizado durante el pasado año con la eliminación de otros 110.243 expedientes judiciales antiguos de los juzgados de la capital guardados en más de 2.696 cajas. Los expedientes que fueron destruidos correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90 y procedían de los juzgados de Instrucción número 1, 2, 3 y 4 y el número 6 de Primera Instancia de la capital onubense, así como del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Ayamonte, y el número 1 de La Palma del Condado (Huelva).
Esta eliminación selectiva superará a nivel andaluz los tres millones de expedientes desalojados de los archivos judiciales andaluces en cerca de 60.000 cajas en lo que va de legislatura. En esta segunda fase de eliminación selectiva también se conservarán un total de 15.344 expedientes, distribuidos en 225 cajas, que serán trasladados al archivo histórico provincial de Huelva
Con esta nueva acción, la Junta quiere seguir avanzando en el proyecto de eliminación de documentación judicial antigua y sin utilidad al suponer una mejora importante de los espacios en los archivos judiciales andaluces. La primera destrucción masiva de esta documentación judicial sin valor, que corresponde a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90, se inició en 2012 en seis provincias --entre ellas Huelva-- y posteriormente se ha extendido al resto de Andalucía.
El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, José Fiscal, ha afirmado que "este proyecto pretende dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen desfasada y negativa de este servicio público".
Fiscal ha asegurado que "no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen nada de valor ni de interés y que están ocupando inútilmente un lugar en los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos o bien destinarlo a otros usos más perentorios".
En la misma línea, el delegado ha puesto de relieve el valor del trabajo que viene realizando la Junta de Expurgo, cuyos resultados han sido elogiados incluso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, ha anunciado que su departamento va a seguir avanzando en esta iniciativa con el objetivo de mejorar los archivos judiciales y modernizar su gestión.
400 KILÓMETROS DE DOCUMENTACIÓN
El volumen de la documentación judicial en Andalucía carente de valor susceptible de ser destruida es de tal magnitud que alcanzaría una longitud que se aproximaría a los 400 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen esos documentos.
De esta manera, el objetivo fundamental de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como profundizar en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el proceso de impulso de una Justicia digital y sin papeles. De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo y se contribuye a la protección del medio ambiente.
Asimismo, la Junta ha dado un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que con pudiesen optar a recuperar, antes de su destrucción, aquellos documentos aportados en su día a los procesos y cuyas referencias se han publicado con anterioridad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Sobre toda esta labor documental decide la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.
Este proyecto se incardina también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, que haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.
PROYECTO JARA
En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto JARA, implantado por la Junta en Sevilla, Málaga y Almería y que se extenderá a Huelva en un futuro para gestionar los archivos de documentación judicial. El delegado de la Junta ha elogiado este nuevo modelo de gestión documental que se está impulsando de forma pionera en los juzgados en Andalucía y que se inserta en la decidida apuesta del Gobierno andaluz por la modernización de la Administración de Justicia y el desarrollo de las nuevas tecnologías con el objetivo de ir avanzando hacia una progresiva eliminación del papel y hacia una Justicia digital, más ágil y eficiente.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.
Cabe recordar que la Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, la jefa de servicio de Archivos Judiciales de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.
Asimismo, el TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado la importante labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.
