PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)
Así lo han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que el representante del Ministerio Público analizará detenidamente el contenido de la resolución judicial y la posibilidad de impugnarlo en queja ante la Audiencia Provincial de Baleares, a pesar de que contra la misma no cabe recurso alguno, tal y como apunta Castro en su auto.
Recientemente, Horrach manifestó no descartar la interposición de recurso contra el auto de apertura de juicio oral en caso de que el objeto del mismo "se excediese" en lo que a la aplicación de la doctrina Botín se refiere.
El fiscal se ampara en el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo piden Fiscalía y acusación particular. "La LeCrim es imperativa, algo que parece que hemos olvidado. El proceso penal tiene que ser igual aquí que en Badalona", espetó.
Horrach subrayó, en una entrevista a IB3 recogida por Europa Press, que "no es posible que en un mismo país" el que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, "no fuera sometido a juicio" en el llamado caso 'cesiones de crédito' por solicitarlo únicamente la acusación popular, y sí "la ciudadana Borbón" en el caso Nóos, en referencia a la Infanta Cristina, pese a estar sometidos ambos "a una misma normal procesal".
Ya durante el juicio, que podría celebrarse antes de que finalice 2015, la propia Infanta podría alegar en el trámite de cuestiones previas -al inicio de la vista oral- que sobre ella debe aplicarse la doctrina Botín y que, por tanto, no debe ser juzgada. Sobre Cristina de Borbón pesan dos delitos contra la Hacienda Pública por los que Manos Limpias reclama para ella ocho años de cárcel.
Con su auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma acordó sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente 'pantalla' de la que ambos son propietarios. Castro le impuso además el pago de 2,6 millones de euros en responsabilidades civiles.
