SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
"Este acuerdo supone el arranque real de una Justicia propia del siglo XXI, con un sistema de trabajo que permitirá a la ciudadanía obtener respuestas más ágiles y en un tiempo razonable", ha explicado tras la firma el consejero, que ha subrayado que siempre ha defendido el consenso y el diálogo como elementos claves para llevar a cabo cualquier proyecto.
En este sentido, De Llera y los representantes sindicales han coincidido en destacar el esfuerzo y el intenso trabajo de todas las partes que han propiciado este acuerdo y que deberá guiar a partir de ahora las negociaciones para la futura implantación de esta nueva estructura interna en la justicia.
De Llera ha señalado que la Junta ha dado prioridad al acuerdo con los representantes de los trabajadores, porque los más de 7.000 funcionarios de justicia de Andalucía van a ser los "protagonistas" de este proyecto, de tal forma que se garantiza el "absoluto respeto" de todos los derechos, plantillas, retribuciones y beneficios actualmente vigentes en la Administración de justicia en esta comunidad autónoma".
Según ha recalcado el consejero, la puesta en marcha de la nueva oficina judicial y fiscal supondrá un cambio de mentalidad en las formas de trabajo, al tiempo que se promoverán las ampliaciones de plantilla necesarias para convertir en puestos de trabajo los actuales refuerzos estructurales cuando lo permitan la legislación y las disponibilidades presupuestarias.
El acuerdo firmado este martes se desarrollará posteriormente en las negociaciones que se llevarán a cabo en mesas técnicas y sectoriales para la puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial y fiscal que, de forma experimental, se llevará a cabo primero en los juzgados de Vélez Málaga y El Ejido y en la Fiscalía de Sevilla.
ACUERDO "SATISFACTORIO" PARA LOS SINDICATOS
El presidente del CSIF-Andalucía, José Luis Heredia, ha asegurado en su intervención que este acuerdo pone de relieve la plena disposición de su organización sindical para avanzar en la mejora de la Administración de justicia.
Por su parte, el secretario general de SPJ-USO, Francisco Javier Toro, ha afirmado que "se trata de un acuerdo satisfactorio que recoge los principios básicos del nuevo modelo y supone el primer paso de un largo camino que tenemos que seguir recorriendo".
Por último, el coordinador de STAJ, José Luis Fernández, ha señalado que "el acuerdo garantiza los derechos de los trabajadores y fija los criterios generales del nuevo modelo, lo que va agilizar la futura negociación para su implantación".
NUEVA ORGANIZACIÓN
Con el nuevo modelo aprobado por la Junta, se sustituirá la configuración vigente hasta ahora --juez, secretario y personal adscrito a cada órgano-- para impulsar un sistema más eficiente con medios personales y materiales basado en servicios comunes de trabajo. Con ello, se favorecerá una mejor distribución del trabajo en equipo y la especialización del personal, además de ofrecer a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad que agilizará los procedimientos y reducirá los tiempos de respuesta.
En el nuevo modelo de oficina judicial se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales. Las primeras, que asistirán directamente a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin estar integradas en órganos judiciales concretos, asumirán labores de gestión y apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
Estos servicios comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales, serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento, que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido judicial.
Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.
LA OFICINA FISCAL
En cuanto a la oficina fiscal, se establece la posibilidad de crear, cuando así lo aconsejen las dimensiones o el volumen de asuntos, cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de apoyo a la Sección de Menores.
El nuevo modelo organizativo contempla que el servicio común procesal general de la oficina judicial proporcionará a la oficina fiscal el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, siempre y cuando la racionalización del gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen.
