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Cantidad solicitada por la Fiscalía

La Infanta consigna ante el Juzgado los 587.000 euros de los que se habría lucrado

16/12/2014
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El hecho de que haya abonado el dinero no le exime de los dos delitos fiscales que pesan sobre ella

PALMA DE MALLORCA, 15 (EUROPA PRESS)

La defensa de la Infanta Cristina ha consignado este lunes los 587.413 euros que le reclamaba la Fiscalía Anticorrupción al considerar que la Duquesa de Palma se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin, en el marco de la trama empresarial urdida en torno al Instituto Nóos.

La hermana del Rey Felipe VI ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en cuya cuenta judicial ha efectuado el ingreso en concepto de consignación 'ad cautelam' -de forma cautelar- de la responsabilidad civil exigida.

Sin embargo, el hecho de que haya abonado el dinero no le exime de los dos delitos fiscales que pesan sobre ella. De hecho, el juez José Castro deberá decidir en su auto de apertura de juicio oral si envía a la Infanta al banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de ambos delitos y, de forma independiente, si le impone la cantidad que supuestamente ayudó a defraudar, a la que, con el pago de este lunes, ya habrá hecho frente cautelarmente.

La cantidad responde, en concreto, al supuesto fraude del que se benefició a través de Aizoon, empresa propiedad al 50 por ciento del matrimonio y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos. Con su sociedad, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

APROVECHAMIENTO ILÍCITO POR PARTE DE LA DUQUESA

En este sentido, Anticorrupción sostiene que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien señala que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero que su marido defraudó a Hacienda a través de la anterior mercantil 'pantalla'.

De hecho, el fiscal Pedro Horrach se amparó para solicitar la fianza en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.

Para Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la Duquesa, el papel de ésta fue imprescindible -de ahí que la considere cooperadora necesaria- para que su esposo pudiera defraudar a la Agencia Tributaria fracturando a través de Aizoon, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

PETICIÓN DE OCHO AÑOS DE CÁRCEL

Para justificar su petición de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales-, el sindicato considera que la hermana del Rey incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos -hasta 5,9 millones de euros- desde las Administraciones públicas.

No obstante, la Fiscalía reclama el archivo de su imputación al apuntar a la inexistencia de "dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de la actuación supuestamente delictiva de la Infanta, lo que a su juicio la sitúa en una posición de "indefensión".

"Tras meses de afanada investigación, la conclusión que se ha extraído es un raquítico 'pudo conocer' que sitúa a Doña Cristina de Borbón en una posición de indefensión", subraya el fiscal en el escrito de acusación que presentó la pasada semana ante el Juzgado y en el que señala a la "vulneración de la presunción de inocencia" en detrimento de la Duquesa así como a una "falta de coherencia" a la hora de imputarle los hechos delictivos que pesan sobre ella.

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