MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La asociación Jueces para Democracia (JpD) ha defendido la decisión de los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de excarcelar a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', y Alberto Plazaola, y ha rechazado las "presiones" y los ataques a la independencia judicial que, a su juicio, se han producido por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y algunos medios públicos de comunicación.
La asociación, de orientación progresista, señala en un comunicado que los jueces de la Audiencia Nacional decretaron la puesta en libertad de los etarras "al considerar que ya han cumplido la pena que se les había impuesto, una vez computado su tiempo de condena en Francia, de acuerdo con una Decisión Marco de la Unión Europea que resulta vinculante para nuestro país, en la línea de lo que ha indicado el Tribunal Supremo en esta materia".
Ante estas decisiones judiciales, que están "ampliamente motivadas", según JpD, Sáenz de Santamaría "ha atacado con dureza" a los magistrados. Por eso, la asociación recuerda que "en un Estado de Derecho son los tribunales independientes los únicos competentes para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico y que los otros poderes del Estado deben acatar y respetar las decisiones judiciales".
"EL GOBIERNO PIERDE LOS PAPELES"
"Con estas actuaciones, el Gobierno está perdiendo los papeles, al atacar la independencia judicial y al olvidar principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional como la división de poderes", señala el comunicado antes de recordar que todas las decisiones de los tribunales se pueden contestar ejerciendo los "recursos establecidos legalmente".
En este contexo, JpD lamenta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su presidente, Carlos Lesmes, "sigan sin cumplir sus funciones constitucionales de garantes de la independencia judicial" ante lo que consideran "una grave injerencia del poder ejecutivo en un asunto sobre el que no tiene competencias".
Tras apuntar que las resoluciones de los tribunales pueden ser "valoradas y criticadas, a ser posible con argumentos jurídicos", Jueces para la Democracia señala que "lo que no resulta aceptable es la descalificación institucional, ni tampoco las presiones para que nuestros órganos judiciales se ajusten a los criterios del poder político".
Según la asociación, no es "admisible" que se busque "erosionar" el Estado de Derecho ni tampoco resulta "ético" utilizar "el dolor de las víctimas de manera partidista".
