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  • EDICIÓN DE 28/11/2014
 
 

Cursos de formación

Alaya ratifica que la Policía no investigue los cursos y ve "desaconsejable" que colabore con Guardia Civil

28/11/2014
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La juez Mercedes Alaya ha rechazado el recurso que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra su decisión de apartar a la Policía y dejar en manos de la Guardia Civil su investigación en torno a las irregularidades en los cursos de formación y ha considerado "absolutamente desaconsejable y por ende improcedente la intervención coordinada de ambos cuerpos policiales" en dicha investigación, tal y como interesó el fiscal.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada desestima el recurso en el que la Fiscalía, en primer lugar, pedía que se complementara el requerimiento para que se apartara de la investigación dado al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, "en el sentido que se extienda a aquellas investigaciones objeto del presente procedimiento y no a aquellas que se desarrollen bajo la autoridad de otros órganos judiciales".

En segundo lugar, la Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla para que "se exija la coordinación al debido nivel respecto de la presente investigación de ambos cuerpos, Guardia Civil y Policía Nacional, para las actuaciones de futuro".

Pues bien, la juez considera que la primera de las peticiones "es innecesaria", ya que "resulta una obviedad que esta instructora no creyó necesario subrayar en el auto impugnado que el cese ordenado de las actuaciones de la Policía se refería exclusivamente a lo que eran diligencias de investigación policiales referidas al objeto descrito en la citada resolución de la presente causa, no a las que ya fueran competencia de cualquier otro Juzgado".

"Vuelve esta instructora a insistir que es claro que si fuera necesario reclamar la competencia sobre el conocimiento de determinados hechos a cualquier Juzgado se acudiría al trámite procesal de las cuestiones de competencia legalmente previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no al oficio reseñado, que no olvidemos va dirigido a la Policía Nacional en la persona de su director general y no a ningún juez o tribunal", precisa Alaya.

INVESTIGACIONES "PARCIALES"

Asimismo, y en relación a la segunda de las peticiones incluidas por la Fiscalía en su recurso, la instructora recuerda que "el propio Ministerio Público recurrente es consciente de la imposibilidad de esta coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando afirma en su recurso que comparte 'el criterio de la instructora de que no pueden existir dos investigaciones paralelas realizadas por ambos cuerpos'".

A juicio de la juez, "en términos de eficacia, que es lo que verdaderamente importa, lo único que obtendríamos en la fase de instrucción en la que nos encontramos serían investigaciones parciales, y peor aún seriamente afectadas por la investigación concurrente del otro Cuerpo, como ya ha ocurrido en la investigación de las empresas" del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda --detenido por la Policía el pasado agosto--, "viéndose finalmente comprometido el éxito de la investigación".

"Es claro que no podemos predecir las necesidades de la investigación en un futuro, pero en esos momentos de comienzo, donde la unidireccionalidad de criterios y decisiones es crucial, resulta absolutamente desaconsejable y por ende improcedente la intervención coordinada de ambos Cuerpos Policiales", pone de manifiesto la juez Alaya en el auto notificado este jueves a las partes.

MANTENDRÁ LA COLABORACIÓN CON OTROS CUERPOS ESTATALES

Al hilo, la instructora aclara en su resolución que esta coordinación, "en cambio, sí se va a mantener con otros Cuerpos de la Administración del Estado, como Agencia Tributaria, Intervención General del Estado y Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

El recurso interpuesto por la Fiscalía era de reforma subsidiario de apelación, por lo que, en su caso, será la Audiencia Provincial de Sevilla la que resuelva las peticiones planteadas por el Ministerio Público.

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