MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
En declaraciones a los periodistas en Madrid, antes de entrar en la Conferencia Sectorial de Justicia, la primera que se celebra bajo la presidencia de este ministro, De Llera ha criticado que el Ministerio no haya recogido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 "ninguna partida para hacer entrega a las comunidades autónomas lo correspondiente de las tasas recaudadas pese a que la ley lo ordena así".
"Se lo vamos a reclamar, en Andalucía se han recaudado 54 millones de euros desde implantación de la ley y no nos han dado absolutamente nada", ha adelantado el consejero, que ha agradecido el "cambio de actitud" de este ministro después de que su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, "no hablara con nadie" y consiguiera "poner de acuerdo y en su contra a todos los operadores jurídicos".
Entre los temas que Andalucía plantea en la sectorial de este jueves también está la reforma del registro civil y De Llera ha expuesto que aunque el ministro ha dado marcha atrás en los aspectos más polémicos, la misma puede invadir competencias de las comunidades autónomas al privarlas de la potestad de gestión de los registros civiles que actualmente les corresponden.
Según sus palabras, "otro tanto sucede" con la Ley de Justicia Gratuita, "que genera un mecanismo para pago de turnos de oficio y de guardia de abogados y procuradores que va a retrasar mucho los pagos y obligar a los profesionales a una gestión administrativa realmente ignominiosa". "Debe retirarse", ha mantenido.
Por otro lado, sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el consejero andaluz ha dicho que le "preocupa" que no se tengan en cuenta los consejos territoriales de justicia de las comunidades autónomas o que el Ministerio se quede con los nombramiento de los secretarios de gobierno, algo "en los que las comunidades tenemos mucho que decir y que con su reforma decidirán ellos sin hablar con nadie".
Por último, también ha criticado que en la regulación del Estatuto Jurídico de los funcionarios de Justicia se prive a las comunidades de opinar o que no se incluya una memoria económica que refleje el impacto económico que cualquier reforma tiene. "Puede generar muchos conflictos", ha concluido el consejero, que ha confiado en que con el diálogo entre las comunidades autónomas y el Ministerio éste pueda "cambiar algunos criterios".