PALMA DE MALLORCA, 29 (EUROPA PRESS)
Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha aceptado entregar el dinero a Torres "exclusivamente para hacer frente a las necesidades" esgrimidas por el encausado, a quien insta a rendir cuenta ante el Juzgado de la aplicación de estos fondos.
En concreto, el dinero fue intervenido en los registros efectuados en la sede del Instituto Nóos y de otras empresas del entramado el 7 de noviembre de 2011, y se halla en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado. Unos 900.000 euros fueron localizados por los investigadores en el Credit Suisse de Luxemburgo. En septiembre de 2013, Castro libró una nueva comisión rogatoria a Luxemburgo a fin de proceder al desbloqueo del dinero.
En un anterior escrito, la defensa de Torres aseveraba que tanto éste como su mujer de éste, Ana María Tejeiro, se encuentran desde septiembre de 2011 "sin la posibilidad de obtener ingreso alguno derivado de actividades profesionales, dado que resulta de todo punto imposible su acceso al mercado de trabajo, más aún en una época de extraordinaria y severa crisis en todos los sentidos del término".
Una situación que, añadía el abogado Manuel González Peeters, "provoca no sólo gravísimos problemas que alcanzan a su propia subsistencia personal, haciéndola insostenible, sino que además hace peligrar seriamente el mantenimiento de los bienes inmobiliarios" que el matrimonio ofreció en garantía para hacer frente a la fianza civil conjunta de 8,2 millones -posteriormente rebajada a 6,1 millones- que decretó el juez Castro contra Torres y Urdangarin, "a la par que hace inviable el poder afrontar las deudas que mantienen".
Precisamente, el exsocio de Urdangarin, al ser preguntado sobre este dinero, defendió que se trataba de ahorros "de toda la vida", justificando que los trasladó allí desde una cuenta de Andorra puesto que "dudaba de la fiabilidad" del sistema bancario andorrano. Se trata de unos depósitos cuya titularidad está en manos de Torres y que presuntamente salieron de la trama Nóos. Finalmente fueron bloqueados por el juez durante el curso de la instrucción del caso.
Los investigadores apuntan que Urdangarin y su exsocio encabezaron una trama societaria a través de la cual se habrían apoderado de hasta 5,9 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, delitos como falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los ilícitos que se investigan en estas pesquisas, que constituyen la pieza número 25 del caso Palma Arena.
