BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó el 26 de septiembre que el presidente presentara el recurso contra el decreto por considerar que "va contra la normativa estatal".
El decreto introduce una definición de los consumidores en situación de vulnerabilidad económica y, para el Gobierno, en el ámbito estatal, la figura del consumidor vulnerable se encuentra ligada actualmente al perceptor del bono social.
El ejecutivo de Mariano Rajoy lo recurrió porque los requisitos establecidos para tener derecho a ese bono de la ley de Consumo difieren de los que recoge el decreto catalán y, según el Gobierno supone "una discriminación de los consumidores del resto del territorio español".
El decreto catalán establece la imposibilidad de que el suministro de energía eléctrica sea suspendido para los consumidores en situación de vulnerabilidad entre los meses de noviembre a marzo, ambos incluidos, posibilitando que el consumidor satisfaga la deuda pendiente entre los meses de abril a octubre siguientes.
El Gobierno apuntó que la regulación estatal no prevé exención alguna para dicho colectivo.
Ahora, el TC suspende de forma automática la norma recurrida y da 15 días al Parlament para personarse en el proceso y presentar alegaciones.
