MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El texto será ahora remitido al Congreso para su aprobación definitiva a finales de este mes, según prevén fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press. La Cámara Alta incorpora como novedades respecto al texto remitido por la Cámara Baja cinco enmiendas incorporadas por el PP en el trámite de ponencia, la mayoría de carácter técnico, entre las que destaca, el incremento de las sanciones por piratería.
De este modo, la ley contempla sanciones destinadas a las páginas web que reproducen canciones, videos o series sin permiso "como elemento disuasorio". Estas multas se han elevado de los 300.000 hasta los 600.000 euros para aquellas páginas de enlaces que incumplan los requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores. Además, las multas mínimas también ascienden de los 30.000 euros hasta los 150.001 euros.
Durante el debate, el senador popular Alberto Casero ha lamentado que se trata de un tema "difícil de afrontar y con serias dificultades para llegar a un acuerdo". Casero ha defendido el modelo de copia privada que carga esta compensación a los Presupuestos Generales del Estado, resaltando que España "no es el único país que lo hace" en alusión a Noruega. "No estamos hablando de un sistema que está al margen de la legalidad. La determinación de la compensación equitativa por copia privada se tiene que basar en el perjucio que se causa al autor", ha señalado.
Además, ha justificado la necesidad de esta reforma para que el mundo de la cultura y los creadores puedan combatir la "lacra de la piratería" y ha argumentado que la ley "se adapta a las resoluciones judiciales de los últimos tiempos". Respecto a la irrenunciabilidad de la "tasa Google" y a los derechos de los periodistas y fotógrafos, ha precisado que se entiende que los redactores ceden los derechos a la editorial para que los gestione.
Por el contrario, el senador socialista Domingo Francisco Fuentes Curbelo ha criticado que con esta ley se abren "nuevas vías de confrontación", ya sea dando "la espalda a creadores y entidades de gestión" o mediante la "criminalización" de los enlaces digitales, a los que establece un canon (en referencia a la "tasa Google") con "carácter irrenunciable". A su juicio, con esta reforma se renuncia a desarrollar un "marco estable" que defienda la "comunidad creativa y las entidades de gestión", lo que "no es incompatible con los derechos de los usuarios".
Curbelo ha hecho especial mención a la copia privada, cuyo sistema de compensación actual "tendrá un nulo recorrido", puesto que además de encontrar "reparos" en el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, entrará "en conflicto" con la Unión Europea. A su juicio, con este cambio de un canon a la compensación con cargo a los PGE la industria tecnológica se "embolsillará" los millones de euros que antes se recaudaban.
José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Mixto, ha destacado la ausencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en el debate de una ley que, según ha dicho, "deja en mal lugar a los sectores científicos, artísticos, educativos y periodísticos, frente a las grandes corporaciones que sí han sido escuchadas y atendidas a la hora de redactar proyecto". En este sentido, ha criticado las "prisas" y la falta de "garantías democráticas" con las que ha sido abordada esta reforma.
LPI: "INCOMPRENSIBLE" Y "CONTRASENTIDO"
Por su parte, el senador de Entesa Catalana Jordi Guillot Miravet, ha señalado que todo lo que se ve "afectado" por las iniciativas de Wert "empeora", como son, según afirma, la mayoría de las medidas de esta ley que considera "incomprensible" y a la que califica de "contrasentido", puesto que en un año precisará una "reforma integral". Además, Guillot considera un "error" poner en un mismo saco a la piratería y al intercambio de contenidos digitales. "La primera hay que perseguirla, la segunda regularizarla", sostiene. Además, critica la "invasión de competencias" sobre las entidades de gestión en Cataluña: "El PP no pierde ocasión para descentralizar", ha dicho.
Mientras, la senadora de ERC, Ester Capella ha criticado este proyecto de ley por introducir un "criterio perverso", que obliga a que los PGE soporten "lo que deberían pagar las operadoras y fabricantes". "Se deja de pagar el canon digital y lo pagamos a través de PGE mientras otros miran desde la barrera", ha señalado.
En esta línea, el senador de PSC Carles Martí ha señalado que se trata de "un parche y una chapuza" que "no se acerca ni de lejos" a las expectativas de los sectores culturales ni de la ciudadanía. Martí ha criticado que consolide el modelo compensación por copia privada vía PGE, "un modelo cuestionado por la justicia", así como que reduzca la capacidad de negociación de las entidades colectivas de los derechos de gestión. "Merecen el máximo control y rigor, pero representan legítimamente y de la mejor manera conocida los intereses de los autores", ha concluido.
Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario Vasco Rut Martínez Muñoz ha señalado que su grupo ha votado a favor de los vetos presentados, pese a no estar en total acuerdo con los argumentos presentados, puesto que se han sentido "traicionados" durante un proceso en el que la sensibilidad ha sido "nula", según destaca. Al igual que otros grupos, ha criticado que la reforma de la LPI no plantea soluciones sino "problemas" y la tacha de "reactiva, anticuada y antigua".
Asimismo, el senador de Amaiur, Alberto Unamunzaga, ha calificado este proyecto como "un ataque a la universidad, además de entender que supone "una criminalización de los enlaces". "Es incomprensible la aprobación de este proyecto de ley que supone una tasa sobre el conocimiento", ha señalado.
