MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no descarta retirar la prisión permanente revisable de la reforma del Código Penal cuya tramitación lleva paralizada en el Congreso desde hace más de un año.
Durante el turno de réplica de su intervención este miércoles en el Congreso, la primera que realiza como titular de Justicia, Catalá ha afirmado que esta figura "tiene cabida en nuestra cultura jurídica", especialmente si se asocia con determinados delitos a los que no se refirió.
No obstante, el ministro ha reconocido que esta es "una declaración inicial" y que "hay que valorar el grado de consenso" que merece su implantación y "a partir de ahí valorar el grado de consenso" que la prisión permanente revisable merece en el Parlamento.
Tras esta valoración, Justicia decidirá si lleva adelante esta reforma o si finalmente decae, ha explicado Catalá en respuesta a o a las intervenciones de diferentes portavoces en la Comisión de Justicia que le recriminaron que no hiciera mención a esta figura durante su intervención inicial, en la que marcó las líneas generales de su departamento para lo que resta de legislatura.
También se mostró abierto a dialogar sobre la sanción penal prevista en el actual Código para delitos de coacciones que se está aplicando a sindicalistas.
En relación con la "ambición excesiva" de sus planes teniendo en cuenta lo que resta de legislatura, Catalá se ha comprometido a acotarla en lo referido a proyectos tan importantes como el Código Penal, La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y ha anunciado que "en los próximos días" tratará de hacer un "calendario realista" que le servirá como guión de trabajo.
Durante su turno de respuesta a los diputados el ministro de Justicia ha insistido en proyectos como la presentación de un nuevo Código Mercantil y la encomienda a los registradores de la gestión de los Registros Civiles porque cree que "la desjudicialización tiene sentido".
También dice que habrá tiempo para reformar determinados aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "que pueden tener resultado inmediato" y seguir adelante con la implantación de la Oficina Judicial.
Finalmente ha descartado revisar la Ley de Partidos y ha incidido, en relación con las impugnaciones a la ley de consultas catalanas y el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N que "el único interés que mueve a la Abogacía del Estado es garantizar la legalidad y el estado de derecho".
