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En el Congreso

La oposición exige a Catalá que derogue las tasas y no entregue el Registro Civil a los registradores mercantiles

16/10/2014
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Los grupos le piden que sea realista y no "utópico" tras haber programado un "ambicioso" calendario de reformas para un año de legislatura

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Los grupos de la oposición, PSOE, Izquierda Plural, PNV, CiU y el Grupo Mixto, han coincidido este miércoles en exigir al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que derogue las tasas judiciales, que no entregue el Registro Civil a los registradores mercantiles y que sea "realista" en sus planes legislativos habida cuenta de que queda apenas un año de legislatura.

Así se han expresado los distintos portavoces durante la comparecencia de Catalá en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar su calendario de medidas legislativas. Su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, dejó diez proyectos pendientes en la Cámara Baja y queda menos de un año de actividad parlamentaria.

Por su parte, el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, José Miguel Castillo Calvín, ha aplaudido "la letra y el música" de las ideas avanzadas ya que contribuyen a mejorar el servicio de la Justicia y a implementar una justicia electrónica eficaz.

El diputado 'popular' ha respondido a los grupos de la oposición que han cuestionado la prisión permanente revisable al afirmar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al igual que los órganos consultivos españoles han avalado el encaje de esta medida en la Constitución.

Castillo Calvín ha apostado por "soluciones organizativas" para mejorar el reparto de trabajo en los juzgados y le ha preguntado sobre sus encuentros con el Consejo General del Poder Judicial o los colectivos profesionales.

EL PSOE PIDE CONCRECIÓN CON EL ABORTO

La portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia en el Congreso, Rosa Aguilar, que se estrenó también este miércoles, ha solicitado a Catalá que "suspenda de inmediato, hoy mejor que mañana" la Ley de Tasas judiciales, y que retire también la Ley de Justicia Gratuita en aras de garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

"No piense en la recaudación y hágalo en las personas que se están quedando que queden sin ir a esa tutela judicial efectiva por falta de medios" le ha pedido Aguilar al nuevo ministro, que ha incluido en un "universo invisible como consecuencia de la Ley de tasas" a las personas dependientes, desempleo, desahuciadas y los 1,8 millones de hogares que no cuentan con ningún tipo de ingresos.

También le ha recordado que el PSOE se opondrá a "cualquier intento de privatización" y le ha preguntado si él y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, están dispuestos a "pasar de los gestos a los hechos" y frenar en el camino señalado por su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón.

La portavoz del PSOE ha pedido al nuevo ministro que aclare si va a modificar el proyecto de nueva Ley del Aborto desde su departamento o si el cambio anunciado por Rajoy se va a hacer "por la puerta de atrás" modificando el plan de infancia y adolescencia del Ministerio de Justicia.

LLAMADA DE ATENCIÓN A AMAIUR

Durante el turno de los grupos, el presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada ha tenido que llamar la atención al diputado de Amaiur Sabino Cuadra tras colocar una bolsa de basura en la mesa de Catalá mientras gritaba "con esto se tortura". Ha terminado retirándola, después de que Prada le recordara que ese no es el cauce adecuado.

En su intervención, Cuadra ha preguntado por qué no se destina "ni un euro" a la exhumación de víctimas del franquismo y si cesará el régimen de incomunicación de detenidos o se grabarán sus interrogatorios. Además, ha criticado la negativa de conceder la libertad condicional al ex líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi.

Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarria ha querido saber si mantendrá la "cadena perpetua revisable" prevista por su antecesor en la reforma del Código Penal, le ha instado a pronunciarse sobre el fin de la justicia universal y la derogación de las tasas, las cuales han provocado la caída de la litigiosidad "hasta límites de los años 70".

A su juicio, Catalá ha demostrado ser "manifiestamente utópico" al avanzar un "ambicioso" calendario de reformas "muy difícil de cumplir". Ha recordado que la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial tardó dos años en tramitarse y ha advertido de que la gestión del Registro Civil por los registradores mercantiles "orgánica y jurídicamente no suena bien".

Por parte de la Izquierda Plural, Jon Coscubiela ha emplazado al ministro a responder qué salvará del Código Penal, el cual incluye aspectos "infumables" como la prisión permanente revisable, el tratamiento de enfermos mentales o penas de tres años de cárcel para los sindicalistas que coaccionan a otros a iniciar o continuar una huelga.

Coscubiela ha advertido de que el Gobierno no puede seguir mirando "hacia otro lado" sobre las desapariciones forzadas del franquismo y ha conminado a reformar la Ley del Indulto. "Los delincuentes de cuello blanco se pasean casi provocando a la ciudadanía", ha dicho, para recalcar que el objetivo del ministro será "pacificar" las relaciones con la Justicia después de que su antecesor "pusiera a todo el mundo en estado de guerra".

El diputado de CiU Jordi Jané ha pedido a Catalá que sea realista ya que tiene por delante un horizonte de apenas un periodo de sesiones para aprobar su programa. En su opinión, es necesario derogar la ley de tasas judiciales más que entrar en modificaciones puntuales que "llevarán tiempo y alejarán del consenso".

También le ha emplazado a abandonar la idea de que el Registro Civil sea asumido por los registradores mercantiles puesto que tampoco existe consenso en esta materia, al tiempo que ha abogado por abordar la regulación sobre aforamientos.

Finalmente, la diputada de Geroa Bai, Uxue Barcos, ha exigido al ministro que aclare si derogará las tasas judiciales como reclaman muchos abogados y que participe en la "revisión" de la Ley de Partidos con el Ministerio del Interior. Ha cuestionado la encomienda del Registro Civil a los registradores mercantiles y la falta de medios en los tribunales.

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