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El derecho a decidir no existe; por Martín Ortega Carcelén, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid

16/10/2014
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El día 16 de octubre de 2014, se ha publicado en el diario El País, en el cual el autor considera que Los defensores del supuesto derecho a decidir renuncian a cualquier marco legal a la hora de reclamarlo.

EL DERECHO A DECIDIR NO EXISTE

Este eufemismo ha sido repetido tantas veces en Cataluña que parece haberse convertido en verdad. Pero el llamado derecho a decidir no existe ni en la práctica internacional, ni en derecho constitucional, ni en el lenguaje político comparado, que encontraría ese término demasiado impreciso: ¿quién decide, qué se decide?

Los inventores de la expresión se refieren a dos ideas de manera implícita: Cataluña es una nación y, en consecuencia, tiene derecho a la autodeterminación. Es una maniobra retórica inteligente que pretende trasladar el debate desde el concepto resbaladizo de nación hacia el terreno más seguro de la democracia. El derecho a decidir no se debe negar, argumentan, porque ¿quién puede atreverse a impedir que la gente elija su destino?

La dificultad estriba en que los parámetros de la decisión son establecidos unilateralmente por el que ha diseñado ese derecho. Y entonces la democracia se convierte en autocracia. Qué se decide y quién lo decide lo decido yo, que también fijo el modo y los tiempos sin discusión. En cuanto al qué, surgen muchas preguntas que deberían responder los que apoyan esa idea: por qué votar la posible independencia en una parte de España en lugar de otra, por qué limitarse a algunas provincias (según se definieron en 1833), o por qué no se vota antes sobre nuestro régimen político como monarquía parlamentaria. En cuanto al quién, la definición del censo que hizo la convocatoria del plebiscito es caprichosa, porque niega la participación de los demás españoles después de una larga convivencia en un mismo Estado, porque acepta el voto desde los 16 años cuando salvo raras excepciones la inmensa mayoría de los países del mundo conceden esa capacidad a los 18 años, y porque impide votar a los catalanes que nacieron en Cataluña y hoy viven en el resto de España.

Por lo que se refiere al modo de la consulta, sorprende que quiera hacerse unilateralmente. Este es un punto de contraste llamativo con el caso escocés. Para que se den garantías democráticas en un plebiscito es preciso que las diversas opciones y consecuencias sean claramente debatidas, y esto no ha ocurrido en Cataluña, donde se ha favorecido una especie de pensamiento único.

Los defensores del supuesto derecho a decidir renuncian a cualquier marco legal a la hora de reclamarlo. Aunque la Constitución española no lo reconozca, aunque la Unión Europea tampoco lo ampare, y a pesar de que el derecho internacional no se refiera a esa idea porque solo contempla la libre determinación de los pueblos coloniales, tal derecho existe. Parece que dicha capacidad tuviera un origen divino, como una revelación descendida sobre sus proponentes, que no admiten ningún tipo de debate al respecto. Tanta seguridad recuerda al personaje de Humpty Dumpty en Alicia a través del espejo, cuando decía que las palabras significan justo lo que él quiere que signifiquen.

Al negar un marco político y legal donde fundamentar ese derecho, y al delimitar de manera unilateral su forma de ejecución, los impulsores de la consulta en realidad motivan su causa en los sentimientos. Los catalanes, afirman, tienen derecho a la independencia porque se sienten una nación. A través del sistema educativo y del discurso oficial se ha alimentado un proceso de formación nacional que rechaza la idea de España como Estado plural en el contexto europeo. La única salida válida, se afirma, es la independencia. El problema de este enfoque es que contiene una enorme carga divisoria dentro de la Unión Europea, diseñada precisamente para superar esos instintos de enfrentamiento. El nacionalismo es un viejo concepto del siglo XIX que la integración europea ha ayudado a transformar, y que debemos reinterpretar en el siglo XXI de manera positiva y no excluyente.

La Constitución de 1978 se redactó con la vista puesta en Europa y con la clara intención de solventar problemas históricos que eran un lastre para todos. Hoy sigue teniendo un profundo sentido pacificador y conciliador. Los catalanes la votaron mayoritariamente sabiendo que era un acto constituyente, es decir, el cimiento de una nueva etapa política. La Constitución llegó a una solución transaccional al definir a España como nación, cuya soberanía reside en el pueblo, y al articular al Estado sobre la solidaridad y el reconocimiento de la pluralidad. Sobre ese fundamento, en las últimas tres décadas se ha desarrollado un notable sistema de reparto de poderes, más avanzado que el de algunos Estados federales.

La Constitución puede revisarse, obviamente, pero esto debe hacerse con el consenso de todos teniendo en cuenta el marco de la Unión Europea. Esa reforma debe ser negociada y pactada porque cualquier solución unilateral basada en sentimientos corre el riesgo de romper el orden jurídico y político que ha sido una garantía de paz, convivencia y estabilidad tras un doloroso siglo XX, cargado de odio y fanatismo.

Un último aspecto de la reclamación de soberanía en Cataluña a través de un supuesto derecho a decidir es preocupante. La ruptura unilateral solo podría hacerse a un coste muy alto, esto es, la desmembración de España. En su reciente comparecencia ante el Parlamento catalán, Jordi Pujol afirmó que había dedicado su vida a la construcción nacional de Cataluña. ¿Nunca cayó en la cuenta de que esa empresa solo puede hacerse con la simultánea destrucción nacional de España? ¿Nadie en Cataluña ha pensado que el resto de los españoles también albergan sentimientos al respecto?

A veces se presenta la corriente soberanista como un activismo pacífico y festivo, cuando en realidad muchos otros lo perciben como un separatismo que les produce pena y rechazo. Desde el punto de vista del Estado, Cataluña es un órgano vital para el conjunto de España, y las interacciones con otros órganos vitales han sido muy intensas, lo que hace la separación un asunto existencial. Los catalanes que persiguen ciegamente ese sueño no han comprendido que su hipotética independencia, quizás seguida por la de otras partes de España, supondría una verdadera conmoción tras una etapa reciente llena de intercambios profundos y de convivencia fructífera en un proyecto común.

La historia demuestra que, desgraciadamente, esas conmociones han sido acompañadas muchas veces de guerra y violencia.

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