MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La proposición de ley de la coalición de izquierdas, que recoge Europa Press, hace referencia al artículo 315.3 del Código Penal, donde se permiten penas de prisión de entre tres y cuatro años y medio y multas de entre doce y 18 meses para quienes "actuando en grupo o individualmente pero de acuerdo con otros coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
Una previsión que "proviene del artículo 496 del viejo Código Penal" franquista y que fue introducido en 1976, "precisamente en medio de la transición política", cuando "se buscaba la intimidación de las organizaciones sindicales", que aún no habían sido legalizadas", y de "los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos".
Es decir, se trata de una "figura penal incompatible con la Constitución y con la garantía internacional de la libertad sindical" que debe ser eliminada, cree la Izquierda Plural, para "evitar que el Derecho Penal pueda seguir criminalizando en el ejercicio del derecho de huelga y funcionando con efectos limitadores o disuasivos en su ejercicio".
"HA SIDO PROFUSAMENTE USADO"
Y es que este precepto "no ha sido alterado" en ningún momento durante los últimos 35 años y, de hecho, ha sido "profusamente utilizado en la represión de trabajadores", algo que contrasta con la "práctica inaplicación" de los puntos 1 y 2 del mismo artículo 315 del Código Penal.
En ellos, se prevén penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses para quienes "mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga", o incluso las correspondientes penas superiores en grado --es decir, prisión de entre tres y cuatro años y medio y multas de entre doce y 18 meses-- para quienes lo hicieran "con fuerza, violencia o intimidación".
Esta diferencia de utilización "pone de relieve la asimetría del sistema penal en esta materia", cree IU-ICV-CHA, que considera particularmente necesaria esta proposición de ley en este momento, ya que "en los últimos meses se ha podido constatar la incoación de numerosos procedimientos penales contra trabajadores y representantes sindicales derivados del ejercicio del derecho de huelga, y para los cuales el Ministerio Fiscal solicita como regla general penas privativas de libertad, excesivas y desproporcionadas".
Es el caso, por ejemplo, de Carmen Bajo y Carlos Cano, condenados a tres años y un día de cárcel por participar en un piquete informativo en la huelga general de marzo de 2012, o de otros 260 sindicalistas que están siendo objeto de procedimientos sancionadores o penales en los 81 expedientes abiertos contra ellos por ejercer el derecho de huelga.
Entre otras, la secretaria general de CC.OO. en Baleares, Katiana vicens, que este lunes se enfrenta a juicio en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma por presuntamente romper el cristal de un autobús durante un piquete en la huelga general celebrada el 29 de marzo de 2012. La Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para ella por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de daños.
El portavoz adjunto de la Izquierda Plural en el Congreso, Joan Coscubiela, ha llegado a acusar en este sentido al Gobierno de "intimidar" a los trabajadores que "luchan" y se "movilizan" por sus derechos "amenazándoles" con penas de cárcel, con el objetivo de "retrotraernos cien años en la Historia" y devolver el derecho de huelga al Código Penal.
IU-ICV-CHA también tiene pendiente de debate en la Comisión de Justicia una proposición no de ley con la que pide que se aborden las reformas legales necesarias para "evitar la represión penal desproporcionada de determinadas acciones relacionadas con la convocatoria, organización y extensión de huelgas, excluyendo las penas de prisión contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica".
Así, reclama la abolición del artículo 315.3 del Código Penal y exige que se garantice el "pleno ejercicio de derechos constitucionales" como el de huelga "en toda su extensión" y que se "ponga fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, la criminalización de los sindicatos y los trabajadores, y la intervención de los poderes públicos contra la libertad sindical".
Tanto el PSOE como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) tienen registradas en la Cámara Baja sendas iniciativas no legislativas pidiendo la abolición del mismo artículo del Código Penal.
