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Dimisión de Gallardón

El presidente del TSJPV no cree que haya sido "un buen ministro" porque ha generado "enfrentamientos"

25/09/2014
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Cree que, con el nombramiento de Catalá, "se vuelve a la búsqueda de un segundo pacto por la modernización"

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, no cree que Alberto Ruiz-Gallardón haya sido "un buen ministro" porque ha generado "tensiones y enfrentamientos" entre los profesionales del sistema de Justicia y, además, considera que ha habido "un retroceso" en eficiencia y calidad" en la Administración.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ibarra ha señalado que él no podría decir que Ruiz-Gallardón ha sido un buen ministro porque ha generado "tensiones y enfrentamientos con casi todos los profesionales que participan en el sistema de Justicia".

"Y en términos más objetivos, la Administración de Justicia en esta décima legislatura ha tenido un retroceso bastante importante en cuanto a lo que llamaríamos la eficiencia y la calidad de la Justicia. Así que no podría calificar como buena la gestión del ministro Gallardón", ha manifestado.

El máximo representante del TSJPV ha destacado el compromiso por la modernización de la Justicia, que se estableció en un pacto de Estado en 2001 y que "quebró en esta legislatura" con Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio.

"Y se inició un proyecto distinto que ayer naufragó y que dejó los restos del naufragio que no es muy previsible que se recompongan en esta legislatura", ha apuntado.

Juan Luis Ibarra cree que "naufragó" porque "la espina dorsal de ese proyecto era la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y definir "de una manera distinta" la organización territorial e interna de la Justicia.

"El planteamiento que se hizo desde el Ministerio de Justicia en esa iniciativa legislativa no fue bien acogido por los jueces. Lo que se proponía era, en definitiva, la desaparición de las actuales Audiencias Provinciales para convertirse en tribunales de instancia, la supresión de los partidos judiciales y la pérdida de la consideración del acento en los Tribunales Superiores de Justicia de tribunales de casación", ha apuntado.

A su juicio, esta propuesta "ya será muy difícil que salga adelante". "Lo que sí hemos tenido, sin embargo, en esta legislatura son dos medidas que, aunque fueron calificadas como de eficiencia para el funcionamiento de la Administración de Justicia, se han revelado como muy poco eficientes", ha indicado.

TASAS

De esta forma, se ha referido al hecho de que se gravara mediante tasas el acceso a la Justicia, a los procesos, excepto en la jurisdicción social y penal, y gravar "también muy fuertemente los recursos de apelación y de casación".

En cuanto a la Ley de Tasas, ha apuntado que todavía están "por ver sus efectos, pero ya lo que se conoce de sus efectos, es negativo". "Ha detraído el acceso a la Administración de Justicia y, sobre todo, ha hecho que algunos de los problemas que se manifestaban en la jurisdicción civil ahora se hayan trasladado a la jurisdicción penal. Es decir, si el presupuesto no me da para resolver el conflicto con el vecino en la jusrisdicción civil, entonces, le denuncio en la jurisdicción penal", ha indicado.

Ibarra ha destacado que, por ello, ahora la jurisdicción penal tiene "una litigiosidad no real o un plus de litigiosidad". Además, ha señalado que, en el orden social, al no haber tasas, ha habido "un incremento fortísimo" por la reforma laboral. "No tenemos a esta jurisdicción colapsada, pero sí con graves dificultades", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que en diciembre de 2012 se adoptó otra medida que "está produciendo dolores de cabeza desde entonces", y es que "se restringió de manera muy fuerte", en concreto en el caso de Euskadi un 63%, el crédito en el presupuesto para disponer de sustituciones externas, como jueces sustitutos y magistrados suplentes.

"Se redujo al mínimo esta posibilidad, pero no se aumentaron las plazas judiciales, que permanecen prácticamente congeladas con un crecimiento que es puramente vegetativo", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que "el resultado es que las horas de trabajo que tienen que dedicar los jueces para resolver los asuntos que llegan a la Administración de Justicia es muy superior" y, además, hay, en la actualidad, 200 jueces recién ingresados en la carrera judicial que no tienen una plaza determinada y "están en expectativa de destino".

"Están adscritos a juzgados y órganos judiciales en concepto de apoyo, pero su carrera judicial se está retrasando. Ya son dos promociones las que tienen un retraso importante en aquello para lo que se han preparado, que es para juzgar, pero como titulares de órganos judiciales", ha indicado.

LEY DEL ABORTO

El presidente del TSJPV ha señalado que "ayer fue un día en el que era imposible no pensar en el año 84 en la Audiencia de Bilbao y en los juicios que se celebraron en esos dos años en relación con la penalización del aborto".

"La Audiencia de Bilbao se ganó la confianza de la sociedad, precisamente, interpretando la Ley, de manera que la penalización del aborto, se combinara con las garantías de la Constitución. Y ahí se dictaron unas sentencias que abrieron una vía -- no fue solo en Bilbao, pero fue pionera--, a lo que sería la Ley de Despenalización del 85 y el régimen de plazos; la primera normativa sobre el aborto voluntario", ha subrayado.

En esta línea, ha explicado que este martes tuvo la sensación de que "nos habíamos librado de ese túnel del tiempo al que nos abocaba este anteproyecto de Ley del Aborto que promovía el Ministerio de Justicia y que, finalmente, el Gobierno ayer decidió no continuar".

"Por lo tanto, tenemos que mirar hacia el futuro. Creo que el futuro no está escrito y que la sociedad está dando unos síntomas bastante claros de que no quiere recesiones en términos de derechos fundamentales, de derechos ciudadanos. A mí me parece que esto no es una mala noticia, sino que nos abre unas perspectivas de futuro".

NUEVO MINISTRO

En cuanto al hecho de que se pretenda sustituir al hasta ahora ministro de Justicia por Rafael Catalá Polo, ha destacado que éste fue "una de las personas claves en la puesta en práctica del pacto de Estado para la modernización de la Justicia que se firmó en mayo de 2001, pero que se desarrolló hasta 2004".

En este sentido, ha señalado que quiere pensar que, con el nombramiento de Catalá, se pretende transmitir que "se vuelve a la búsqueda de un segundo pacto por la modernización de la Justicia".

"Ahí, esta persona que, además tiene mucha experiencia en la gestión de los asuntos públicos, habrá descubierto que la Administración de Justicia, por una parte, es un factor institucional de desarrollo económico muy importante, donde hay muchas cosas que hacer para conseguir que la Justicia pueda colaborar a lo que se llama genéricamente como seguridad jurídica y, por otra parte, es también una institución clave para que la ciudadanía recobre la confianza en su propio estatuto, en su condición de ser ciudadano, de ser titular de derechos y no objeto del Derecho", ha concluido.

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