MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Gallardón llegó al Ministerio de Justicia prometiendo numerosas reformas legislativas que cambiaban la Administración de Justicia de arriba abajo. Así, se comprometió a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que, entre otros asuntos, planeaba atribuir al fiscal la instrucción penal. Además, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la idea de implantar tribunales de instancia y suprimir los partidos judiciales.
Asimismo, desde el principio puso de manifiesto su intención de llevar adelante reformas de otras leyes importantes como la que regula el Código Penal o la que ahora le hecho dimitir, la reforma de la Ley del Aborto que impulsó el Gobierno socialista en 2010.
Pero en estos casi tres años en los que ha sido responsable del Ministerio de Justicia, Gallardón no ha podido cumplir con todos los proyectos a los que aspiraba. Eso sí, son suyas algunas de las reformas más controvertidas del Ejecutivo.
LEY DE TASAS Y JUSTICIA UNIVERSAL
En este tiempo se ha aprobado la Ley de Tasas Judiciales, la cual fue reformada apenas unos meses después por vía de decreto ley para reducir la cuantía de los gravámenes. También se ha reducido el número de jueces y fiscales sustitutos y el proyecto de reforma del Código Penal se encuentra en proceso de presentación de enmiendas en el Congreso y que incluye la prisión permanente revisable.
Durante su mandato también se ha reformado la justicia universal, que aunque fue iniciativa del Grupo Popular en la Cámara Baja, resultó ser otra de las reformas más contestadas porque llevó a la Audiencia Nacional a avalar la puesta en libertad de más de medio centenar de narcotraficantes y aboca al archivo de más de una decena de causas por crímenes de lesa humanidad como las investigaciones de genocidio en el Tíbet o en Ruanda.
A pesar de todo, Gallardón no ha podido aprobar muchos de sus proyectos 'estrella', como la citada Ley Orgánica del Poder Judicial, que aún no ha sido presentada como proyecto de ley, y tampoco ha eliminado los partidos judiciales. Además, el ministerio no ha llegado a encargar en estos tres años el informe de expertos sobre la Ley de enjuiciamiento criminal y, por lo tanto, tampoco verá la luz en esta legislatura.
También se había comprometido a cambiar la forma de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dar un mayor peso a la carrera judicial, aunque finalmente mantuvo el sistema de elección directa de los vocales por parte del Parlamento.