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Cursos de formación

La juez Alaya reclama los datos fiscales de la CEA entre 1999 y 2013 dentro de la causa de los cursos de formación

12/09/2014
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La juez Mercedes Alaya, dentro de la causa abierta por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, investiga entre otros los pagos realizados entre los años 1999 y 2013 por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para abonar los cursos de formación que dio a través de fundaciones vinculadas y empresas.

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

En un auto dictado el 14 de mayo de 2014, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que, según los atestados remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "el actual estado de la investigación ha puesto de manifiesto que las principales entidades beneficiarias de subvenciones para la realización de acciones formativas, no solo fueron las entidades sindicales, sino que también lo fue la CEA como uno de los principales agentes sociales".

Todo ello, añade la juez Mercedes Alaya en un auto incluido en el sumario del caso, "según las diferentes órdenes de la Consejería de Empleo que regulan lo relativo a políticas activas de empleo en la comunidad andaluza y más concretamente lo relativo a formación profesional, tanto ocupacional como formación continua".

Por todo ello, libra mandamiento judicial a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a fin de que "a la mayor brevedad" ponga a disposición de la UCO "toda la información relativa a las operaciones con terceros y declaraciones de IVA" de la Confederación de Empresarios de Andalucía en los ejercicios económicos de 1999 a 2013.

La juez dictó este auto después de que, el mismo 14 de mayo, la UCO le remitiera un oficio en el que comienza relatando que dicha unidad está desarrollando una investigación "que tiene por objeto esclarecer todos los pormenores que han concurrido a la hora de adjudicar y aplicar determinados fondos públicos por parte de la Junta, cuyo destino final fueron determinados agentes sociales, los cuales podrían haber dado a dichos fondos un destino diferente al que tenían en un principio".

En el oficio, la Guardia Civil relata que en octubre de 2013 "se publicaron diversas noticias de prensa que revelaban las instrucciones que desde UGT-A se impartían, mediante correo electrónico, a distintos proveedores al objeto de que estos modificasen determinadas facturas para que los servicios facturados pudieran justificar diferentes subvenciones otorgadas por la administración con objeto de dedicarlas a actividades formativas".

"En aquel momento, las publicaciones hacían referencia únicamente a UGT-A y a CCOO-A, lo que motivó que, al objeto de identificar a todos los proveedores de estas entidades, se solicitase mediante el correspondiente mandamiento judicial a la Agencia Estatal de Administración Tributaria una serie de informaciones de índole fiscal relativa a estas organizaciones sindicales, en concreto se solicitó la información relativa a las operaciones con terceros relativas a UGT-A y CCOO-A, así como de las entidades beneficiarias", mientras que "igualmente sería necesario estudiar las declaraciones de IVA de las mismas entidades".

No obstante, y según indica la UCO, la investigación "pone de manifiesto cómo las principales entidades beneficiarias de subvenciones para la realización de acciones formativas no sólo fueron las entidades sindicales, sino" también la CEA "como uno de los principales agentes sociales".

Hasta el momento, el único imputado en la causa de los cursos de formación que investiga la juez es el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández.

La juez, en un auto dictado el pasado 16 de julio, imputó a Antonio Fernández dos presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos tras haber concedido 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi, citándolo a declarar el próximo 16 de octubre.

EL AUTO DE IMPUTACIÓN

En el auto dictado en julio, la instructora señala que la investigación se encuentra "en su estado inicial de investigación", pero dice que a la vista del informe remitido por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativo a Delphi, existen "claros indicios de la comisión de hechos delictivos cometidos presuntamente" por el imputado en su condición de consejero de Empleo en el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010.

Seguidamente, la magistrada cita hasta cinco "hechos indiciarios" contra el exconsejero, el primero de ellos "por haber concedido con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones a la formación y contratación" a la multinacional Delphi "sin convocatoria ni bases reguladoras, en contra de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, específicamente para ofertas públicas formativas".

Asimismo, la juez imputa a Fernández "por haber permitido en los expedientes de subvenciones la subcontratación de actividades formativas objeto de las mismas, sin estar autorizada dicha subcontratación", y por "haber concedido becas por asistencia a cursos por encima del máximo legalmente permitido, según lo dispuesto en la Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo".

De igual modo, imputa al exconsejero por "haber otorgado subvenciones a empresas para la realización de acciones formativas en alternancia con el empleo por importe de 70 millones de euros, con la intención de que los extrabajadores de Delphi pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente, limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación".

Además, lo imputa "por haber concedido subvenciones a la formación continuadamente desde el año 2007, dictando resoluciones de exoneración de la justificación de tales subvenciones a las entidades beneficiarias de dichas subvenciones en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, contraviniendo la normativa reguladora de la Ley de Subvenciones", permitiendo así que "tales entidades pudieran resultar beneficiarias en el siguiente ejercicio económico".

La juez, en este punto, añade que, según se desprende de la declaración prestada como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo de la Consejería de Educación de la Junta, Carlos Cañavate, "en virtud de tales resoluciones de exoneración en octubre de 2013 había una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar".

PRIMER IMPUTADO

Antonio Fernández es el único imputado dentro de esta causa, en la cual la magistrada investiga también las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), todo ello después de que la Fiscalía Superior de Andalucía remitiera dicha investigación a la Fiscalía de Sevilla.

En el escrito de remisión de la investigación, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ponía de manifiesto sobre el Plan Formativo de los extrabajadores de Delphi que se han "detectado numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable" y que afectarían también a la Faffe.

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