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Los aspirantes a presidir la Sala de lo Penal proponen agilizar el Supremo de cara a la corrupción y los aforados

12/09/2014
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Conde-Pumpido propone cambios para que los magistrados encargados de admitir causas con aforados no sean los mismos que les juzguen

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los tres magistrados que aspiran a presidir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, los conservadores Manuel Marchena, Miguel Colmenero y el progresista Cándido Conde-Pumpido, han propuesto este jueves medidas para agilizar la tramitación de los casos de corrupción y las causas con preso, así como para mejorar los procesos sobre aforados.

Estas han sido algunas de las ideas analizadas por los candidatos ante los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quienes no han formulado ninguna pregunta y votarán el 30 de septiembre al sustituto del actual presidente Juan Saavedra, quien se jubila este mismo jueves un día después de la apertura del nuevo año judicial.

Marchena, quien cuenta inicialmente con más apoyos para obtener el puesto, ha sido el último en exponer su curriculum y sus planes para dirigir la Sala que se ocupa, entre otras funciones, de investigar y juzgar a ministros, diputados, senadores y otros aforados ante el alto tribunal.

El magistrado ha pedido hacer un esfuerzo para admitir y estudiar los casos más graves para que "el condenado a 15 o 20 años de prisión no espere en la soledad de su celda una respuesta del Tribunal Supremo". Además ha considerado fundamental apostar por la unifificación de doctrina y que todos los jueces reciban un resumen de las resoluciones provocan cambios jurisprudenciales.

Marchena ha enfatizado que los magistrados de la Sala Segunda deben tener un "contacto directo, cotidiano y puntual" de las resoluciones del Tribunal Europeo de derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Aunque ha considerado "incuestionable la calidad de la pluma estilográfica", el magistrado ha sugerido ofrecer "cursos personalizados" sobre nuevas tecnologías a cada magistrado de la sala. "No hay obstáculo generacional para facilitar esa transición y aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías", ha remachado.

INTERVENCIÓN DEL EX FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Más largo en su intervención fue el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, quien expuso todo un proyecto de reforma de la Sala de lo Penal basada en cinco puntos de los que destacan reformas dirigidas a evitar que los magistrados encargados de admitir causas con aforados no sean los mismos que les juzguen y la creación de una sala, integrada por el presidente y los tres más antiguos, que coordine para evitar contradicciones en la jurisprudencia.

Conde-Pumpido inició su intervención declarándose un "enamorado" del Tribunal Supremo y recordando datos cuantitativos sobre el trabajo de la Sala Segunda de este órgano, que a su juicio ha funcionado bien durante la presidencia de Juan Saavedra y que recibe unos 4.000 asuntos al año.

Para el exfiscal general, que ya ha cumplido 40 años ejerciendo como juez, casi veinte de ellos en el alto tribunal, lo más importante es mejorar la seguridad jurídica del alto tribunal, para lo que propone crear la mencionada sección de coordinación y un grupo de trabajo dentro del gabinete técnico del tribunal que detecte esta contradicciones en el ámbito jurisprudencial.

Igualmente, propone un nuevo sistema de reparto para mejorar el enjuiciamiento a aforados, pese a considerar que estos asuntos son "residuales" si se tiene en cuenta el volumen total de trabajo en el Supremo; potenciar la participación de todos los miembros de la Sala en la gobernanza interna y también promover las relaciones de sus miembros con la universidad, los tribunales internacionales y organismos como Eurojust, que es el germen de la futura Fiscalía Europea.

Finalmente, Conde-Pumpido recordó el papel que puede cumplir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la hora de promover reformas procesales y citó como necesarias la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para introducir el modelo de fiscal instructor, el establecimiento de la doble instancia judicial y el aumento del catálogo de delitos sobre el que estos magistrados pueden pronunciarse en casación.

REDUCIR A LA MITAD LOS PLAZOS DE CAUSAS DE CORRUPCIÓN

El magistrado Miguel Colmenero abogó por reducir a la mitad el tiempo de espera para resolver los recursos de casación que llegan sobre casos de corrupción, pasando de un año a seis meses. En su opinión, es también "excesivo" el plazo en que se dirimen sobreseimientos libres o la Sala Segunda acuerda celebrar nuevos juicios o valorar nuevas pruebas.

El candidato apostó además por la "transparencia y la buena comunicación" para que la ciudadanía "cambie la percepción que tiene de la Justicia" y sea consciente de las beneficiosas decisiones que adopta el Supremo en la protección de sus derechos. "Tenemos una bastante mala prensa", dijo para apostar por mejorar la imagen de los jueces y que sus decisiones no sean presentadas en ocasiones como "absurdas o esperpénticas".

Colmenero subrayó que una de las líneas de su programa de actuación reside en que la Sala Segunda sea "más abierta a las corrientes europeas", incorpore ese acervo común y no esté "tan dedicada al derecho que se realiza desde perspectivas más internas". A su juicio, podría también emitir un boletín semanal o quincenal con sus decisiones más relevantes, así como las del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para mejorar el conocimiento y la cohesión en la sala.

TRAYECTORIA DE LOS CANDIDATOS

Colmenero y Marchena proceden de la Carrera Fiscal. El primero fue presidente de la conservadora Asociación de Fiscales y el segundo fue el fiscal de Sala más joven de la historia del Ministerio Público, 'número tres' de la Fiscalía General del Estado con Jesús Cardenal, en tiempos del Gobierno Aznar, y últimamente formó parte de una ponencia para asesorar al ministro Alberto Ruiz Gallardón en el intento de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Conde-Pumpido, perteneciente a una larga familia de juristas, se reincorporó como magistrado a la Sala Segunda del Supremo tras cesar como fiscal general del Estado, cargo en el que permaneció desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011. Fue portavoz de Jueces para la Democracia y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos o de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea

Según los 'curriculum' facilitados por el CGPJ, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, de 63 años y que procede de la carrera fiscal, es miembro desde 2002 del Tribunal Supremo, al que accedió por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio.

Cándido Conde-Pumpido Tourón, de 64 años, ingresó en la carrera judicial en 1974 y pertenece a la Sala de lo Penal del TS desde 1995. Antes había ejercido en Puebla de Sanabria (Zamora), Carballino (Ourense) y las Audiencias Provinciales de Guipúzcoa y Segovia. Entre 2004 y 2011 fue fiscal general del Estado.

Finalmente Manuel Marchena Gómez, 55 años, procede como Colmenero de la carrera fiscal e ingresó en el Tribunal Supremo en 2007, también por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio.

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