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Ruz imputa nuevos delitos fiscales y de blanqueo a la exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte

09/09/2014
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El magistrado, que ha actuado a petición de Anticorrupción, la citará a declarar en una fecha aún por determinar

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado la comisión de nuevos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales a Elena Villarroya, exmujer del que fuera alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, ante las sospechas de que contribuyó a ocultar fondos cobrados ilícitamente por su marido procedentes de la trama Gürtel.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado precisa que Villarroya figura como beneficiaria de dos cuentas que la entidad panameña Longridge Internacional mantenía en el banco HSBC de Suiza y el EFG Private Bank, que se emplearon para desviar cobros irregulares recibidos por su entonces marido.

Ruz destaca que el matrimonio acumuló en estos depósitos en los años 2007 y 2008, fondos por por importe de 919.000 euros, que se transfirieron posteriormente a nuevas cuentas holandesas a nombre de otras dos compañías, Tuetex Corporation NV y Solarus International.

Concreta, además, que en el dinero procedía de "inversiones en Estados Unidos" y que la pareja retiró la mayoría de los fondos --un total de 774.097 euros-- a finales del año 2012 "bajo la cobertura de presuntamente falsas operaciones con entidades chinas, con la finalidad de desvincularlas de su origen y titular e impedir su incautación judicial".

UNA VIVIENDA Y UNA PLAZA DE GARAJE

González Panero, conocido como 'El Albondiguilla', y Villarroya adquirieron también con estos ingresos una vivienda y una plaza de garaje en Boadilla del Monte, en junio de 2006. El auto adelanta que Villarroya acudirá a declarar como imputada a la Audiencia Nacional en una fecha aún pendiente de determinar.

El magistrado ha actuado contra la exmujer del primer edil de la localidad madrileña a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que fue alertada por la Agencia Tributaria en un informe fechado a finales del pasado mes de julio.

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