OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
Según ha explicado la consejera de Hacienda del Principado, la socialista Dolores Carcedo, el servicio jurídico del Principado elaboró un informe el 14 de agosto en el que estima que existen "argumentos suficientes" para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los cambios introducidos en tal real decreto.
Entre los motivos propuestos por los servicios jurídicos para interponer el recurso se incluye la falta de justificación de la urgencia para regular ese impuesto. "En consecuencia, no concurren los presupuestos constitucionalmente exigidos para regular esta materia mediante decreto-ley y no a través de una ley ordinaria. El artículo 86 de la Constitución reserva el uso del decreto-ley para casos de extraordinaria y urgente necesidad", han explicado desde el Principado.
También señalan que de acuerdo con el principio de reserva de ley, no es posible utilizar un real decreto-ley para regular aspectos esenciales de un tributo, tales como el tipo impositivo o la base imponible.
Otro argumento que utilizan es que el Gobierno central no contempla mecanismo alguno de compensación para aquellas autonomías, como el caso de Asturias, que ya contaban con este tributo con anterioridad, por lo que "se estaría vulnerando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas".
Por último, los servicios jurídicos del Principado señalan que el real decreto-ley, que entraría en vigor desde el 1 de enero de 2014, "no respeta los límites constitucionales a la retroactividad tributaria desarrollados por el Tribunal Constitucional". La retroactividad del real decreto-ley tiene efectos sobre los sujetos pasivos del impuesto y "vulnera el principio de seguridad jurídica de los contribuyentes al impedir a los ciudadanos adecuar su conducta económica al cambio legislativo", afirman.
Carcedo ha dicho que con la decisión de acudir al Tribunal Constitucional, el Gobierno del Principado sigue los mismos pasos que tomó el año pasado, cuando el 16 de marzo de 2013 acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. El recurso fue admitido a trámite por el pleno del Tribunal Constitucional el 23 de abril de 2013.
