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Justicia universal: más política que Derecho; por Rafael Domingo Oslé, catedrático de la Universidad de Navarra y Profesor Visitante de la Emory University

13/08/2014
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El día 13 de agosto, se ha publicado en el Diario El Mundo, un artículo de Rafael Domingo Oslé, en el cual el autor sostiene que la reforma de la normativa española sobre la llamada justicia universal se debe a las presiones ejercidas por EEUU, y asegura que la legislación anterior, con la cual nuestro país contaba desde 1985, era considerada un referente mundial

JUSTICIA UNIVERSAL: MÁS POLÍTICA QUE DERECHO

DESDE hace algún tiempo, la llamada justicia o jurisdicción universal es cuestión recurrente en los medios españoles. Y con razón. ¿Por qué este interés, ahora y de repente, por limitar a toda costa la jurisdicción universal que permite a cualquier Estado juzgar determinados delitos que claman a la humanidad con independencia de la nacionalidad del delincuente, la víctima, el lugar de comisión o cualquier otro vínculo que habitualmente determina la competencia de un tribunal?

La justicia universal había sido durante décadas una cuestión pacífica. Desde el año 1985, España contaba con una regulación sobre jurisdicción universal bastante avanzada, considerada por muchos un referente mundial. Incluso había sido elogiada, y respaldada, por el propio Tribunal Constitucional, en su famosa sentencia al recurso interpuesto por la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú en el caso de los crímenes de Guatemala.

En 1998, el juez Baltasar Garzón, con la ley española en la mano, puso en jaque mate al mismísimo Augusto Pinochet cuando éste se hallaba en Reino Unido, lo que revolucionó la justicia internacional: en nuestro planeta, este era el mensaje, no todo vale ni está justificado para los dictadores. Poco a poco, España se fue convirtiendo en un refugio jurisdiccional para tantas víctimas de conflictos injustamente olvidados por la comunidad internacional. Fue esto lo que comenzó a generar tensiones diplomáticas con países como China o Israel, pero muy particularmente con Estados Unidos. Aquí es donde se halla el quid de la cuestión.

Estados Unidos es un país serio, que protege a sus ciudadanos, máxime si han prestado servicios concretos a la nación. Era vox populi que el antiguo secretario de estado Henry Kissinger, hombre poderoso como pocos y todavía en activo a pesar de haber sobrepasado los 90 años, se encontraba especialmente molesto desde que, en 2002, Garzón, solicitara información a la Interpol sobre un próximo viaje suyo a Londres. Garzón tenía a Kissinger en el punto de mira como posible ideólogo y último responsable de los planes represivos de la famosa operación Cóndor. Esto impedía al político americano trotar por el mundo con la soltura y libertad con que lo hace un hombre de su relevancia. Y empezó a moverse.

Un año después, en enero de 2003, Garzón criticó abiertamente al Gobierno de Estados Unidos por la detención de sospechosos de Al Qaeda en la bahía de Guantánamo. Eran años en que las relaciones entre España y Estados Unidos funcionaban a la perfección gracias a la amistad trabada entre Aznar y Bush. Estados Unidos tenía entonces las espaldas bien cubiertas en España. El problema de la jurisdicción universal, por tanto, aunque importante, era un tema menor para la Administración Bush. Las cosas cambiaron con la victoria de Rodríguez Zapatero en las generales de 2004. Tras la retirada de las tropas españolas en el conflicto iraquí, las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos se enfriaron. Bush y Zapatero -no olvidemos el affaire de la bandera el 12 de octubre de 2003 siendo jefe de la oposición- se distanciaron mutuamente. Por eso, la cuestión de la amplia regulación española de la jurisdicción universal comenzó a preocupar seriamente en EEUU.

Fue por entonces cuando, desde instancias norteamericanas, se ideó el plan de remover al juez Garzón de la Audiencia Nacional tratando de promover su candidatura a un puesto en un tribunal internacional, de competencias más limitadas (es decir, sin jurisdicción universal). Pero los ideólogos se toparon con el eterno problema hispano: la falta del conocimiento suficiente del inglés como para acceder a uno de estos puestos internacionales. Desde esta perspectiva, se entiende mejor la polémica estancia de Garzón en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York, durante el curso académico 2005-2006. La presencia de Garzón en la Gran Manzana facilitó a Kissinger la posibilidad de reunirse con él. Esto ocurrió en una cena que saltó a la prensa por distintos motivos. Kissinger debió relajarse bastante tras compartir mantel amigablemente, entre otros, con el juez español que tantas veces le había quitado el sueño.

El 17 de marzo de 2009, a los dos meses de haber tomado posesión Barak Obama, se interpuso una querella ante la Audiencia Nacional contra el ex Fiscal General de Estados Unidos y otros asesores de la Administración Bush por haber elaborado una normativa que permitía justificar la tortura en el limbo jurídico de Guantánamo. La querella no sentó bien al Ejecutivo de Obama. Por eso, desde instancias próximas al Gobierno de Estados Unidos se mantuvieron conversaciones con políticos, tanto del PP como del PSOE, bien conectados internacionalmente, para forzar la modificación de la ley de jurisdicción universal. El resultado, dado el poder y el buen hacer de los contactos, fue rapidísimo. Al poco tiempo, en cumplimiento del mandato emanado del Congreso de los Diputados, llegó la reforma por ley 1/2009, de 3 de noviembre. Sólo unos meses después, Kissinger, tranquilo y triunfante, visitaba España para asistir a la reunión del Club Bilderberg en Sitges.

Con la caída de Zapatero y la llegada de Rajoy al poder, las cosas se simplificaron bastante para la diplomacia norteamericana. En su primera visita a Estados Unidos de enero de 2014, Rajoy fue tratado con honores. Días después, se iniciaba la controvertida reforma de la justicia universal, tramitada de forma urgente, con la finalidad de aprobar cuanto antes nuevas restricciones. No sorprende, por tanto, que la reforma de 2014 haya provocado tantas tensiones en nuestro país.

COMO jurista, se puede estar o no de acuerdo con el principio de universalidad de la justicia. Yo lo estoy, por supuesto, pero también considero que la jurisdicción universal, tal y como está planteada en nuestros días, ha quedado obsoleta. La nueva comunidad internacional nacida de la globalización, por naturaleza interdependiente, no puede ni debe funcionar con las mismas reglas de juego que la vieja comunidad internacional westfaliana, basada en el principio de independencia soberana. Estamos ante un cambio de paradigma que impone nuevos modelos y sistemas mucho más eficaces para la persecución de delitos que dañan bienes jurídicos globales.

Los Estados Unidos están dispuestos a liderar el proceso de paz en el mundo, a llevar sus tropas donde sea menester para defender los principios democráticos, pero no están dispuestos, en modo alguno, a que sus políticos y soldados corran el más mínimo peligro por el hecho de que un juez de un recóndito rincón del mundo, apelando al principio de jurisdicción universal, pueda perseguirlos criminalmente. Por eso, tampoco ve con buenos ojos la Corte Penal Internacional ni nada que se le parezca. Esto puede gustar o no gustar, pero no sorprender. Los Estados Unidos han apostado, a mi modo de ver equivocadamente, por una globalización liderada por ellos, fundada en el principio de excepcionalidad, legitimado tras la II Guerra Mundial. Y están siendo coherentes con su política.

Rajoy, cauto y pensando en los intereses de España, ha tomado probablemente la mejor solución de las posibles: acercarse a Estados Unidos y, para ello, entre otras medidas, restringir más todavía la justicia universal. Su argumento es razonable: que cada palo (léase Estado) aguante su vela. En caso de que en un Estado la Justicia no funcione, la carga debe repartirse subsidiariamente entre toda la comunidad internacional, y no sólo recaer en un país concreto, a modo heroico, como tantas veces venía sucediendo. La Audiencia Nacional no puede convertirse en un tribunal nacional de causas internacionales. Por eso, la jurisdicción universal debe restringirse en nuestra era de la globalización, aunque parezca una paradoja. Pero no de cualquier manera.

Las dos recientes reformas de la jurisdicción universal en España han obedecido a criterios fundamentalmente políticos, a razonables presiones procedentes, principalmente, de Estados Unidos. Ambas reformas han entrado en el ordenamiento jurídico por la puerta trasera. De tapadillo. Y, como ya nos tienen habituados los políticos, sin que el pueblo disponga de la información completa. En esta democracia vivimos. A ver si conseguimos mejorarla.

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