MADRID, 1 AGO. (EUROPA PRESS) -
A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Gobierno dará luz verde a este proyecto de ley que constituye un amplio catálogo de derechos procesales y extraprocesales a todas las personas que sufran un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia de un delito y además considera víctimas también a sus familiares.
Este texto, cuyo anteproyecto se aprobó el pasado octubre y que ahora iniciará su andadura parlamentaria, pretende dar una respuesta jurídica y social a través de un trato individualizado a todas las víctimas. Entre sus nuevos derechos, podrán recurrir la libertad condicional aunque no estén personadas en las causas cuando sea superior a cinco años de prisión.
La norma, que será aprobada en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones estivales, permite comunicar a las víctimas cómo acceder a asesoramiento legal y darles toda la información necesaria en un "lenguaje comprensible" del proceso penal, como la fecha de celebración del juicio, la notificación de las sentencias o los sobreseimientos.
PEDIR MEDIDAS DE CONTROL
Las víctimas podrán pedir medidas de control para garantizar su seguridad cuando el agresor estén en libertad condicional y las de violencia de género serán informadas de la puesta en libertad del agresor sin que lo soliciten, salvo que manifiesten expresamente su deseo de no recibir una notificación sobre esta cuestión.
El proyecto aumenta las garantías para reducir la victimización durante el procedimiento. Así, se reducirán "al máximo" las declaraciones, se procurará que sea siempre la misma persona con la que hable la víctima y que sea de su mismo sexo; mientras que durante el juicio se evitarán preguntas "innecesarias" y el contacto visual con el infractor.
El redactado dota de una especial protección a los menores y las personas con discapacidad. De este modo, ordena suprimir las declaraciones que no sean "imprescindibles" y grabar aquellas oportunas para reproducirlas en la vista oral. Además, tendrán un representante legal cuando exista un conflicto de intereses con los progenitores o representantes legales.
Una de las novedades es que los hijos menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o de violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos. En los casos de grandes catástrofes, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a las víctimas para ofrecerles sus servicios hasta que no haya transcurrido un mes desde el suceso.
Este proyecto, que incorpora tres directivas europeas, fue presentado el pasado martes por Gallardón, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, a colectivos de víctimas de terrorismo, violencia de género o el vuelo de JK5022 de Spanair, que se estrelló en Barajas el 20 de agosto de 2008.
