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Ley de Seguridad

Los Secretarios Judiciales acusan al Gobierno de "limitar" los derechos fundamentales con la nueva Ley de Seguridad

14/07/2014
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El Sindicato de Secretarios Judiciales ha acusado al Gobierno de "limitar" los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en esta línea, ha recordado que "ninguna norma inferior" como es la Ley de Seguridad Ciudadana puede afectar el reconocimiento de una superior como es la Constitución.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el sindicato hace así referencia a las libertades de expresión, manifestación, reunión, información o el derecho de huelga que, a su juicio, "merecen toda la protección legal".

En su exposición de críticas a la normativa, el portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales en Sevilla, Rafael Lafuente, señala también el supuesto "consenso" al que alude el Ministerio de Interior. Así, ve "curioso" esta afirmación puesto que las Cortes "no muestran la más mínima preocupación por alcanzar ningún tipo de consenso con el resto de grupos parlamentarios". "Dudamos de que el consenso, entendemos que social, al que alude el Ministerio de Interior sea real", argumenta.

Por otro lado, el sindicato alude a la tramitación del proyecto de reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados y recuerda que en esta normativa desaparecen las faltas como categoría de infracciones penales. "En consecuencia, determinadas conductas que hasta ahora estaban sancionadas en el Código Penal pasarán a ser sanciones administrativas", señala el sindicato.

En este sentido, el Sindicato de Secretarios Judiciales censura que "por mucho que se insista en que el procedimiento administrativo sancionador goza de todas las garantías y está siempre sometido a control judicial" la realidad es que "sus garantías han sido, al menos hasta ahora, inferiores a las que ofrece el procedimiento jurisdiccional penal".

En la misma línea, recuerda que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana el control judicial será previo pago "en última instancia". "Teniendo en cuenta, además, que el texto prevé sanciones de hasta 600.000 euros, el paso de la jurisdicción penal al ámbito administrativo no debería tomarse a la ligera a pesar de que las consecuencias, incluso sociales, de una condena penal sean en principio mucho más gravosas e incluyan el contar con antecedentes penales", justifica.

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