Ganna Goncharova es economista y empresaria; Alberto Montaner, filólogo e historiador, es catedrático de la Universidad de Zaragoza, y Viacheslav Ryzhykov es jefe del Departamento de Economía Industrial de la Academia Estatal de Ingeniería del Donbás.
El artículo fue publicado en El Cronista n.º 45 (mayo 2014)
El modo en que los medios de comunicación occidentales han venido abordando la crisis política ucraniana iniciada el 21 de noviembre de 2013 supuso de entrada una trivial simplificación (nada extraña en el universo del relámpago informativo, donde el destello prima sobre la profundidad) en manifestantes buenos frente a gobierno malo. Conforme se identificaba a los líderes (sobrevenidos) del movimiento opositor, se conocían las reacciones de otros sectores sociales y, sobre todo, la situación se complicaba, pasando a ser el titular casi unánime “Ucrania al borde de la guerra civil”, pareció afinarse el análisis, señalando la existencia de una fractura interna que dividiría a Ucrania en dos mitades, la occidental, campesina y europeísta, y la oriental, industrial y rusófila. El movimiento del Maidán y el gobierno surgido del mismo representarían a la primera, mientras que el gobierno de Ianukóvich (de manera más o menos mediata) y los activistas prorrusos de Crimea o el Donbás lo harían a la segunda. Si bien esta simplificación es menos grosera que la anterior, no deja de ofrecer una imagen reduccionista de una realidad bastante más compleja, en la que hay que tener en cuenta otros elementos y, sobre todo, otros vectores ideológicos.
A este respecto, ofrece también una notable deformación de la crisis ucraniana el empleo, nada inocente, de los términos revolución y régimen de Ianukóvich. El primero, elegido por los propios opositores y sus medios de comunicación afines, otorgaba a la manifestación política del Maidán un alcance que, salvo que privemos al término de toda sustancia, no posee. Una revolución, para serlo, ha de tener como objetivo un cambio estructural en la organización sociopolítica, cosa que aquí en absoluto se ha pretendido, puesto que el reclamado regreso a la constitución de 2004, frente a la más presidencialista de 2010 (coincidente en esto con la de 1996), no puede considerarse en absoluto revolucionario, sino, como mucho, reformista. Por supuesto, frente a esa supuesta revolución pasó a alzarse el correspondiente régimen, implícitamente connotado de dictatorial por su actitud represiva. Sin embargo, no hay tal, en términos de análisis político. Al margen de cómo se enjuicie su labor de gobierno, Ianukóvich (que ya había ejercido como primer ministro bajo la presidencia de Kuchma, de 2002 a 2004) fue elegido en unos comicios democráticos que la OSCE/ODIHR (Organization for Security and Co-operation in Europe / Office for Democratic Institutions and Human Rights) calificó de la siguiente forma:
The first round of the 17 January presidential election in Ukraine was of high quality and showed significant progress over previous elections. This election met most OSCE and Council of Europe commitments. Civil and political rights were respected, including freedom of assembly, association and expression. Election day was conducted in an efficient and orderly manner.
En cuanto a la situación política en el momento de estallar las protestas del Maidán, no puede calificarse en absoluto de dictadura. La oposición ejercía libremente su papel en la Verjovna Rada Ukraiiny o Consejo Supremo de Ucrania (nombre oficial del parlamento nacional) y expresaba públicamente sus ideas en los medios de comunicación, sin que se ejerciera represión policial ni persecución judicial sobre sus integrantes (dejando al margen el discutible caso de Iuliia Timoshenko, al que aludiremos luego brevemente). Sin duda, en Ucrania existía y existe un déficit democrático (en el sentido del grado de representatividad real de los políticos elegidos para unas u otras instituciones), agravado por una elevada tasa de corrupción, pero si esos parámetros fuesen los definitorios de una dictadura, entonces varios países de la misma Unión Europea (de los que, por desgracia, España no quedaría exenta) habrían de recibir la misma calificación. Esta reductio ad absurdum revela que, al margen de la opinión que mereciese el derrocado gobierno de Ianukóvich, no puede hablarse de él como de un régimen específico. Lo que había y sigue habiendo en Ucrania, como en no pocos países occidentales (según han puesto de relieve los movimientos de “indignados”), es, ni más ni menos, una democracia manifiestamente mejorable.
Desde esta perspectiva, parecería más ajustado un planteamiento como el de Areilza cuando aludía a “los millones de ucranios que arriesgan su vida por aspirar a vivir en una sociedad con valores occidentales”. Sin embargo, esta apreciación tampoco es correcta, porque, para empezar, los insurgentes de Kíev no eran sino una mínima fracción de la población ucraniana, que en su mayoría se mantenía en calma, aunque, desde luego, no indiferente ante la situación. Además, la motivación primaria de una buena parte de esos manifestantes no era ni proeuropea ni mucho menos antioligárquica, sino antirrusa, actitud que coyunturalmente puede coincidir con aquella, pero cuyos fundamentos y alcance no tienen casi nada en común. Se trata, pues, por retomar la ajustada expresión de Lenin, de “compañeros de viaje”, coincidentes durante una parte del trayecto, pero con destinos finales muy distintos.
Como puede apreciarse, las noticias y, lo que es peor, los análisis políticos realizados en Occidente están lastrados por ideas preconcebidas, cuando no directamente por prejuicios sobre la situación en Ucrania. Lo dicho hasta aquí habrá hecho advertir ya que, si se quiere comprender la crisis ucraniana y, de paso, las repercusiones que puede tener en el resto de Europa y, eventualmente, del mundo, es preciso realizar un análisis más afinado, tanto por la precisión de los datos como por la justeza de los conceptos. Se trata de una tarea delicada, en la que además es fácil granjearse la enemiga de quienes tienen ya adoptada una opinión al respecto, bien por afinidades políticas preexistentes, bien por un posicionamiento más visceral respecto del enfrentamiento geopolítico entre la Europa occidental (así como los Estados Unidos) y Rusia, del que el tratamiento de la crisis ucraniana (y ahora también la propia Ucrania) está siendo víctima. Sin embargo, por ello mismo, merece la pena intentarlo. Vaya por delante que nuestro análisis se basa en los datos de que disponemos, que (como se verá) hemos intentado que sean lo más completo y variado que nos ha sido hacedero, pero somos conscientes de que en el futuro el acceso a documentación hoy inalcanzable sería capaz de desvelar aspectos que hoy pueden incluso escapársenos por completo.
UN POCO DE HISTORIA
Como muy a menudo sucede, para entender el actual estado de cosas es preciso dar razón de cómo se ha llegado a él, porque son los antecedentes los que nos ayudan a definir las posiciones del presente y su configuración. Así pues, a continuación adoptamos un enfoque histórico para obtener una comprensión crítica. En este caso, la tarea no es nada sencilla, porque el territorio que hoy en día corresponde a Ucrania no formó una completa unidad político-administrativa hasta la integración de la Región de Crimea (Krímskaia Óblast') en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania (RSSU), por decreto de 19 de febrero de 1954 del Presidium del Sóviet Supremo de la URSS, a instancias del entonces Secretario General del PCUS, Nikita Jrushchov, para conmemorar el tercer centenario del tratado de Pereiáslav, por el cual el hetmanato (hetmánshchyna) de los cosacos zaporogos se incorporaba al Imperio Ruso. El propio nombre de Ucrania (Ukraiína, etimológicamente “el lindero” o “la frontera”), aunque empleado de manera informal y más o menos imprecisa desde el siglo XII para referirse a los territorios fronterizos de la cuenca del Dniepr y otros, solo se convirtió en designación oficial con la creación de la República Popular de Ucrania (Ukraiins'ka Narodna Respúblika), tras la revolución de 1917, la cual se transformaría, a su vez, en la mencionada RSSU en 1920, como consecuencia de la guerra civil.
Resulta imposible, aquí y ahora, hacer siquiera un resumen básico de la historia ucraniana desde la conformación de la Rus' de Kíev en el siglo IX hasta la actualidad. Por ello, nos limitaremos a señalar los hitos principales de su configuración territorial y demográfica a partir del citado tratado de Pereiáslav (1654). El hetmanato se extendía por las regiones centrales de Ucrania, a lo largo del Dniepr, excepto su desembocadura, y su población se componía de cosacos zaporogos, campesinos y siervos, más los habitantes de Kíev, Pereiáslav, Poltava, Nóvgorod-Síverskii, Chígirin y otras ciudades. El hetmanato fue reformado por Catalina II como gobierno de la Pequeña Rusia (Malorossía Gubérniia) en 1764, lo que supuso la pérdida de su autonomía política y económica. Además, tras la revuelta de Pugachov en 1775, la emperatriz disolvió el ejército zaporogo. De resultas, a los jefes cosacos se les concedió la nobleza rusa y a los soldados se les permitió ingresar en las unidades de húsares y dragones. Sin embargo, algunos cosacos prefirieron no unirse a las tropas rusas. Una parte se desplazó a Crimea y luego a los territorios otomanos en la desembocadura del Danubio, donde el sultanato les permitió fundar la Zadunais'ka Sich o Asentamiento Transdanubiano. Otra parte se desplazó hacia los establecimientos cosacos del Don, más tarde ampliados hacia Kubán y el Cáucaso.
La antaño llamado Campiña Salvaje (Díkoie Pole), que abarca los territorios del sudeste ucraniano actualmente correspondientes a las regiones del Donbás, Járkov y la orilla del Mar de Azov, se intentó repoblar en numerosas ocasiones, pero de forma infructuosa mientras estuvo expuesta a los ataques de los kanatos tártaros de Crimea y Kubán. Durante mucho tiempo, allí solo hubo destacamentos militares para la protección del territorio y algunos asentamientos inestables de campesinos rusos y ucranianos que huían de la imparable generalización de la servidumbre. Solo después de la guerra ruso-turca de 1735-1739 se empezaron a integrar dichos territorios en el Imperio Ruso, lo que culminó con el tratado de paz de 1774. A partir de entonces se intensificó el esfuerzo de repoblamiento, habida cuenta de la gran calidad agrícola de la tierra, enviando colonos rusos, ucranianos y judíos procedentes de las regiones occidentales, así como grupos extranjeros, de serbios, griegos o alemanes. No obstante, el definitivo impulso repoblador llegaría a mediados del siglo XIX, con la industrialización promovida por el descubrimiento de las minas de carbón. Esto atrajo a gente de procedencia muy dispar, empezando por especialistas ingleses y alemanes, y en general a la población de zonas deprimidas de todo el Imperio Ruso y, más tarde, de la URSS, de modo que, después de la Segunda Guerra Mundial, aún acogió a una notable cantidad de bielorrusos, moldavos y tártaros. En conjunto, las regiones de Donetsk y Lugansk se consideran las más internacionales de Ucrania, por la diversidad de origen de su población.
La problemática península de Crimea había constituido, junto con el territorio de Kubán, un kanato tártaro independiente desde 1444, hasta su anexión por Rusia en 1783. A fines del siglo XIX vivían allí tártaros, ucranianos, rusos, alemanes, búlgaros, checos, estonios, griegos, judíos, caraítas de Crimea (etnia turca de religión judía), crimchacos (krymchakí, otro grupo judío étnicamente mixto y de lengua turca), armenios y gitanos. El reparto demográfico se alteraría drásticamente durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, ante el avance de las tropas del III Reich, las autoridades soviéticas deportaron a 60.000 alemanes. Durante la ocupación nazi, las poblaciones judía y gitana fueron diezmadas. Después de la expulsión de los invasores, se procedió a deportar a supuestos grupos colaboracionistas, pese a que, según las investigaciones del NKVD (el predecesor del KGB), en Crimea solo quedaban unos 5.000, de todas las nacionalidades. La deportación indiscriminada afectó a húngaros, rumanos, italianos, gitanos, armenios, búlgaros y griegos, pero sobre todo a los tártaros. Entre el 18 y el 20 de mayo de 1944, el Comisariado del Pueblo para los Asuntos Interiores de la URSS, ejecutando órdenes del Comité Nacional de Defensa, deportó en masa (mayoritariamente a Uzbekistán) a los tártaros de Crimea, unas 160.000 personas, mientras que, según datos del Instituto de Historia de Rusia, solo unos 20.000 tártaros habían vestido el uniforme alemán (un tercio de la población en edad de movilización), de los cuales una mitad formó parte de la Wehrmacht y la otra de la policía. Sin embargo, esas tropas habían sido mayoritariamente evacuadas de Crimea por el gobierno alemán de ocupación antes de la llegada del ejército soviético y pasaron a formar un regimiento de cazadores integrado en las Waffen-SS. En cambio, entre los tártaros deportados había 8.995 soldados del propio Ejército Rojo, de los cuales 524 eran oficiales, mientras que otros ni siquiera habían pasado la guerra en la península, en especial los propios funcionarios soviéticos, puesto que se los había evacuado a retaguardia al inicio de la misma. De este modo, entre los efectos de la guerra y de la inmediata posguerra, si en 1939 Crimea tenía 1.126.426 habitantes, en octubre de 1944 poseía únicamente 379.000, y el nivel de población previo al conflicto solo se recuperó a finales de los años cincuenta.
En consecuencia, muchas comarcas crimeas se quedaron desiertas. Su repoblación se hizo mayoritariamente con campesinos rusos y ucranianos, a los que se concedieron numerosos incentivos. Sin embargo, de resultas de la perestroika, los tártaros empezaron a regresar a Crimea a partir de 1989, de modo que, si el año anterior constituían el 1% de su población, en el censo de 2001 llegaban al 12,1% (de un total de 2.024.074 habitantes), en tercer lugar tras los rusos (58,3%) y los ucranianos (24,3%), y por delante de los bielorrusos (1,4%) y un conjunto de nacionalidades que, tomadas individualmente no llegan al 1%, pero que en total suman el 3,9%, en el que se integran tártaros (de Kazán), armenios, judíos, polacos, moldavos, azerbaiyanos, uzbekos, coreanos, griegos, alemanes, mordovinos, chuvasios, gitanos, búlgaros, cheremises, caraítas de Crimea, crimchacos y otros. Además, en Sebastópol (que gozaba del estatuto de ciudad autónoma) había 379.200 habitantes, de los cuales el 71,6% eran rusos; el 22,4% ucranianos; el 1,6% bielorrusos, el 0,5% tártaros, más un 3,9% de otras nacionalidades o etnias.
Por las mismas fechas en que se anexionaba Crimea, el Imperio Ruso arrebataba al Otomano la costa noroccidental del Mar Negro comprendida entre Perekop (el ístmo crimeo) y la desembocadura del Danubio. Estos territorios formaban parte de la ya citada Campiña Salvaje y, aunque tradicionalmente poblados (al menos desde la época de las colonias griegas del Ponto Euxino), habían quedado desiertos tras la invasión mongolo-tártara del siglo XII. Después de la disolución de la Horda de Oro y tras haber pertenecido al Principado de Lituania, la costa al oriente del Dniestr quedó controlada por el kanato de Crimea y la que quedaba al occidente, por el principado de Moldavia, en ambos casos finalmente bajo la égida turca. A lo largo del siglo XVIII, conforme la situación del campesinado ruso y polaco empeoraba bajo el régimen de servidumbre, algunos buscaron refugio en estos territorios. No obstante, el poblamiento de los mismos no se intensificó hasta la dominación rusa. A partir de 1774, el gobierno ruso comenzó a colonizarlos de manera planificada, trasladando campesinos de las provincias del norte y atrayendo a los extranjeros, con múltiples estímulos, como la exención de impuestos y del servicio militar. A principios del siglo XIX todavía había campesinos que, huyendo de la extrema servidumbre, se refugiaban entre los cosacos transdanubianos, pero el definitivo aumento de población solo se produjo a partir de las reformas de 1861, que, con la liberación de los campesinos e importantes cambios administrativos, favorecieron el desarrollo del capitalismo. Esto permitió un gran incremento de la mano de obra industrial, lo que, añadido a la construcción del ferrocarril Kíev-Odessa en 1874, supuso que la población de estas regiones creciese a una velocidad tres veces superior a la de otras regiones del Imperio Ruso. A consecuencia de las diferentes oleadas migratorias, la población se compone de ucranianos, rusos, búlgaros, moldavos, judíos, bielorrusos, gitanos, polacos, alemanes, georgianos, azerbaiyanos, tártaros, armenios, griegos, albaneses y otras etnias.
Al norte y noroeste de la región de Odessa se sitúan las de Rivno, Ternópil', Volýn y Jmel'nitskyi, las cuales pertenecieron al Principado de Lituania y después a Polonia, integrándose en el Imperio Ruso tras la división de esta (1793), a la que volvieron en el período comprendido entre la Guerra Civil rusa y la segunda división de Polonia, por el pacto Ribbentrop-Mólotov, lo que supuso su anexión a la Unión Soviética como parte de Ucrania en 1939. Aquí la mayoría de la población es ucraniana (>95%), habiendo también rusos, bielorrusos, polacos, judíos y checos. Al mismo tiempo se incorporó Gallitsia, que anteriormente había pertenecido al Imperio Austro-Húngaro, pero que, junto con la Rutenia Transcarpática y Bukovina del Norte, había formado durante 1919 un efímero estado independiente, la República Popular Ucraniana Occidental (Zajidnoukraiins'ka Narodna Respúblika), la cual fue a continuación anexionada por Polonia. Finalmente, la región Transcarpatiana (Zakarpatska Óblast') se incorporó en 1945 y en 1954, como queda dicho, Crimea pasó oficialmente de formar parte de Rusia a hacerlo de Ucrania.
Con tan dispares ingredientes se había constituido la República Socialista Soviética de Ucrania, la cual, en aplicación del artículo 26 del Tratado de Creación de la URSS (1922), decidió disgregarse de la misma mediante Acta del Parlamento de la RSSU de 24 de agosto de 1991, sometida a referéndum el 1 de diciembre de dicho año. Su resultado, ampliamente favorable a la propuesta, corroboró formalmente la existencia del estado independiente de Ucrania.
LA EVOLUCIÓN RECIENTE
Si bien los datos ofrecidos en el apartado anterior dan cuenta de la compleja integración y difícil cohesión de los pueblos y regiones de la actual Ucrania, carentes de un recorrido histórico, social y cultural común, para entender la crisis que vive hoy en día es necesario además echar una mirada retrospectiva al establecimiento del estado ucraniano y de su economía a partir de la disolución de la Unión Soviética.
El período de 1989 a 1992 constituyó la etapa del nacionalismo romántico, cuando saltaron a primer plano líderes de orientación nacionalista procedentes del ámbito de la humanidades, que insistían en que Ucrania disponía de suficiente potencial económico, espiritual, laboral y de recursos para asegurar un rápido crecimiento del bienestar de los ciudadanos y para integrarse en Europa. Durante este período, en los órganos electivos estatales y locales se desarrollaba una lucha por el poder entre la élite intelectual nacionalista, que se consideraba progresista y de vanguardia, y los representantes del antiguo aparato estatal-burocrático del Partido Comunista. Por desgracia, tanto unos como otros carecían objetivamente de las nociones teóricas y de la experiencia necesarias para dirigir un país en las condiciones de una economía de transición y luego ya una de mercado.
Este período estuvo marcado por el traspaso de la propiedad estatal, primero a la propiedad colectiva y luego a la propiedad privada. Durante este proceso se cometió una multitud de errores que permitió a algunos particulares adquirir la mayoría de las empresas industriales estatales por precios muy inferiores a su valor real. Habitualmente se trataba de personas que disponían de algún poder político o administrativo regional o estatal. Este proceso ocupó se prolongó, aproximadamente, desde 1991 hasta 1996 y produjo una fuerte corrupción en la sociedad. La privatización se ejecutaba mediante la adquisición de las empresas en parte por dinero, en parte por los “certificados de propiedad” (imushchestvénnyie tsertifikaty) o participaciones en la propiedad colectiva (correspondiendo una participación a cada ciudadano de Ucrania), cuyo valor nominal era de 10.000 rublos. Esto equivalía al precio de un automóvil o de una máquina herramienta. Sin embargo, solo podían usar estas participaciones de manera efectiva quienes ya estaban metidos en los negocios o tenían relaciones de ayuda mutua con los representantes de los gobiernos local o estatal.
Hasta 1995 no se revisó el valor de los inmuebles y bienes de las empresas estatales. Al mismo tiempo, la inflación alcanzaba tasas porcentuales de decenas de miles. Así que, si los trabajadores de una empresa la compraban, en parte con sus participaciones y en parte con los beneficios de su trabajo, pagaban decenas de veces menos de su valor, y esto en el mejor de los casos. Sin embargo, más a menudo ocurrió que las empresas las compraban algunas personas o grupos que habían acumulado capitales suficientes durante sus “actividades económicas”, con unos elevados beneficios, y además le compraron sus participaciones a la población por precios muy inferiores al nominal. La “actividad económica” de algunos empresarios se reducía a la especulación con los bienes materiales, cuyo precio en la antigua Unión Soviética, expresados en divisas de libre conversión, fue muy inferior al que tenían en el resto del mundo. Por ejemplo, una tonelada de cobre en bruto en la URSS, en el verano de 1991, costaba de cinco a siete mil rublos; por un dólar daban al cambio de 50 a 60 rublos. De esa manera, el empresario podía comprar una tonelada de cobre por unos cien dólares y venderlo en el extranjero por unos tres mil, de modo que su beneficio ascendía al 3000%.
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