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La Justicia es de todos; por J. Oriol Rusca i Nadal, decano del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

25/06/2014
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El día 25 de junio de 2014, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de J. Oriol Rusca i Nadal, en el cual el autor reivindica la justicia gratuita como un servicio público fundamental y no como una actividad sujeta a los mercados.

LA JUSTICIA ES DE TODOS

Creo no equivocarme al afirmar que la Justicia vive en España una situación excepcional que preocupa seriamente a los profesionales del Derecho y a la ciudadanía en general. Los abogados, como parte integrante del sistema judicial, asistimos -aunque no de manera pasiva- a la reforma de una serie de leyes que en vez de mejorarla con criterios de agilidad, modernidad y equiparación con los países más avanzados, nos retrotrae a lo peor de la España decimonónica, nos pone a los pies de los caballos del mercado puro y duro y no tiene en cuenta nuestro papel social como profesionales. Así lo hemos manifestado a los representantes de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados y al presidente de su comisión de Justicia a propósito de la Ley de Asistencia Gratuita y de otras normas, y haremos llegar también nuestra voz al Senado y otras instituciones. Nuestros legisladores tienen hoy una grave responsabilidad ante el futuro de la Justicia.

Las leyes impulsadas por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia (de Tasas, Asistencia Jurídica Gratuita, Reforma del Poder Judicial, Colegios y Servicios profesionales, Demarcación y Planta Judicial, entre otras) tienen por ahora una sola virtud: unir en su contra a un amplio espectro de profesionales del Derecho y la Justicia (abogados, secretarios judiciales, procuradores, jueces, fiscales), nada sospechoso de moverse por intereses partidistas, sino por principios comunes de proporcionalidad, constitucionalidad y sentido del servicio público. Nada sospechoso es el Tribunal Supremo que ha emitido un informe muy crítico con el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

Como decíamos hace pocas semanas en un acto en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), con asistencia de los diversos sectores implicados, la Justicia está en juego, amenazada por leyes que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva y configuran un sistema de Justicia desigual, favoreciendo a quienes disponen de mayor capacidad económica, destruyendo en consecuencia el concepto de servicio público, dando la espalda a los ciudadanos.

El Colegio de Abogados de Barcelona ha sido desde el primer día -como otros colegios, consejos autonómicos y el Consejo General de la Abogacía Española- beligerante con el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que dinamita instrumentos claves del Estado social y de derecho como es la posibilidad de acceder a la justicia gratuita en términos de equidad, tan importante para el bienestar social como la educación o la sanidad.

El proyecto que ahora se tramita en las Cortes no garantiza un aspecto tan básico, por ejemplo, como que el ciudadano pueda ser atendido por un abogado con despacho en la zona donde planteará el juicio e inscrito en el colegio de la demarcación. La posibilidad de que un abogado de oficio esté adscrito al turno de un colegio a cientos de kilómetros del domicilio del justiciable, disuelve por completo el concepto de proximidad y de tutela judicial efectiva a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, afectada por una crisis de graves consecuencias. Ante ello reivindicamos la justicia gratuita, insisto, como un servicio público fundamental del Estado y no como una actividad sujeta a las leyes del mercado. El turno de oficio no es un mercado y los derechos y libertades ciudadanas no son mercancías.

Estoy de acuerdo en que algunos aspectos de la actual ley de asistencia jurídica gratuita deberían ponerse al día, pero lamentablemente no se aprovecha la reforma para simplificar y modernizar un procedimiento que es absurdamente complejo y largo y duplica estructuras, a pesar de que la gestión administrativa corre a cargo de los colegios, que en el proyecto ven aumentada su carga de trabajo.

Siguiendo la pauta que parece consustancial con el actual Gobierno, la ley se aborda desde una visión centralista, sin tener en cuenta las competencias delegadas a las comunidades autónomas. La creación de un comité de consultas radicado en Madrid, en nombre de una supuesta coordinación, aboca a más centralismo, pervirtiendo el carácter de proximidad que precisa un servicio de estas características. Un inciso sobre otra ley en marcha: la de Demarcación y Planta Judicial alejará aún más, incluso físicamente, a los ciudadanos de la Justicia. Y no lo digo en clave política, sino de servicio.

Dijo en su día el ministro que las tasas judiciales -implantadas hace casi dos años- servirían para financiar la justicia gratuita, pero la realidad no ha sido así ya que los más de 300 millones recaudados han ido a parar al Ministerio de Hacienda, a las arcas del Estado. Desde el inicio nos opusimos a vincular tasas con justicia gratuita porque ésta es un derecho constitucional y ha de sufragarse con cargo a los presupuestos públicos y además la ley de tasas ha sido objeto de diversos recursos de inconstitucionalidad. En el proyecto de ley que venimos comentando no se prevé mejorar la financiación de la justicia gratuita, cuyo funcionamiento actual guarda relación directa con la aportación que efectúan las comunidades autónomas (caso de Madrid, Cataluña, Valencia o Andalucía) y con el esfuerzo de los propios colegios de abogados.

Digamos las cosas por su nombre: la concepción de las tasas es perversa, por cuanto pretende disuadir a la ciudadanía de reclamar ante los tribunales, es una invitación a renunciar al amparo de la Justicia. ¿Para qué discutir si hay que pagar en tasas más de lo que se reclama? Eso es especialmente grave para quienes no tienen recursos suficientes y tampoco pueden acogerse a los beneficios de la justicia gratuita, abriendo las puertas a que grandes empresas y corporaciones dicten su ley a ciudadanos y consumidores. No está de más, pues, recordar que el Estado debe servir a la mayoría de ciudadanos, a la gente corriente que lo sostiene.

¿NOS PREOCUPA la Justicia gratuita o la defensa de los abogados? Se preguntarán. Ambas cosas, comprensiblemente. La función social del profesional del derecho requiere un mínimo de dignidad. Los abogados y los colegios de abogados somos los únicos que garantizamos la defensa independiente de los ciudadanos, el derecho de defensa, pero no recibimos a cambio ni un trato ni una compensación económicas mínimamente dignas. No es digno que los abogados del turno de oficio, como ocurre, perciban unos dos euros por hora...

Los abogados del turno de oficio no somos abogados de segunda, para los pobres, sino abogados “también” del turno de oficio que prestamos el servicio en condiciones económicas y estructurales impropias de un Estado moderno. No me cansaré de repetir que el turno de oficio es la plasmación de uno de los más importantes servicios que el Estado debe prestar a los ciudadanos más desfavorecidos: que puedan acudir ante los tribunales a defender sus intereses. Las tasas y la misma ley de asistencia jurídica gratuita lo pueden hacer inviable.

Por responsabilidad y servicio a la sociedad, por dignidad y no por corporativismo, nos oponemos también a la Ley de Colegios y Servicios Profesionales -inspirada ésta por el titular de Economía- que, de implantarse como está diseñada, mutilará la autonomía de los colegios y pondrá en grave riesgo su función social. Los abogados reivindicamos nuestro papel como pieza clave en el engranaje del sistema judicial y a la vez como parte de la sociedad civil. Está claro que los abogados queremos ganarnos la vida dignamente como profesionales, pero nuestra finalidad debe ser -y es- el servicio al ciudadano que nos confía la defensa de sus intereses y eso trasciende lo puramente económico.

Queremos contribuir a tender puentes de entendimiento, a construir una Justicia que dé respuesta seria y eficaz a las demandas sociales. Por eso unos colegios profesionales libres, no mediatizados, son garantía de una abogacía libre, independiente y fuerte en la defensa del Estado de Derecho. Por eso combatiremos con todos los medios jurídicos a nuestro alcance para defender la Justicia al servicio de los ciudadanos.

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