VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha anulado la autorización ambiental otorgada en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a la mercantil catalana Distiller, S.A. para la instalación de una planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos en la localidad soriana de Ólvega.
El fallo del Alto Tribunal, según una información de Ecologistas en Acción recogida por Europa Press, confirma así la sentencia 302/2011, de 9 de julio de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La sentencia original destacaba que "procede declarar la nulidad de la Orden por la que se concede autorización ambiental [a Distiller], por cuanto que falta el presupuesto base de la existencia de unos planes de gestión que concreten los lugares en la forma establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas".
De hecho, el Programa de Infraestructuras del Plan de Residuos Industriales de Castilla y León había sido anulado previamente por no fijar los lugares de eliminación de los residuos.
En relación a la actitud de la Junta de Castilla y León, la Sala del TSJCyL señalaba que "no se acredita esta situación extrema de no contar con lugares de eliminación de residuos y lo que se acredita es una voluntad de no recoger unos adecuados planes, en la forma exigida por la Directiva, para, amparándose en esta cierta amplitud que permite la indicada Sentencia [del Tribunal Europeo de Justicia], conceder las autorizaciones sin una previa determinación de un criterio planificado de ubicación".
La sentencia del Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por la Junta de Castilla y León y de la empresa Distiller, con imposición además de las costas procesales, según el colectivo ecologista.
La planta de Distiller en Ólvega tiene capacidad para el tratamiento de 35.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos. Fue inaugurada en 2011 por la exconsejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y actual senadora, María Jesús Ruiz, "firme partidaria de la importación de residuos tóxicos a la región como una oportunidad de negocio, tras obtener unas subvenciones públicas de 4,5 millones de euros".
IMPORTADAS 53.000 TONELADAS DE RESIDUOS
En sus dos primeros años de funcionamiento, Distiller ha importado a Soria 53.000 toneladas de residuos peligrosos, procedentes en un 90 por ciento de fuera de Castilla y León, en especial de Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana.
Según la información de la propia empresa, una cuarta parte de los residuos han sido recuperados y el resto se han expedido para su incineración o vertido principalmente en Andalucía y Galicia. En 2012, la fábrica provocó un vertido que contaminó el arroyo de los Caños. Actualmente, la Junta tramitaba una ampliación de su capacidad hasta las 60.000 toneladas anuales.
EA se ha felicitado hoy de esta última sentencia, "que ayudará a cortar el tráfico de residuos tóxicos que ha convertido en los últimos años a Castilla y León en el principal receptor nacional de estos desechos, gracias a las facilidades dadas por la Junta para la instalación de todo tipo de instalaciones de tratamiento físico-químico, incineración y vertido".
En los últimos tiempos, EA recuerda que la Justicia ha declarado ilegales numerosas actuaciones de la Junta en materia de residuos, como los vertederos industriales de Abajas (Burgos) y Santovenia de Pisuerga (Valladolid), las incineradoras de Ampudia y Carrión de los Condes (Palencia) o los permisos para quemar todo tipo de residuos en las cementeras de La Robla y Toral de los Vados (León) y Venta de Baños (Palencia).
Además de la planta de tratamiento de residuos tóxicos de Ólvega (Soria), ha sido declarada ilegal otra planta similar en Venta de Baños (Palencia).
"PLIEGUE AL LOBBY DE LOS RESIDUOS"
"Queda así de manifiesto el pliegue de la Junta de Castilla y León a los intereses del 'lobby' de los residuos, sacrificando el reciclado y la seguridad ambiental y sanitaria de la población al interés económico de las grandes constructoras y fabricantes de cemento que en España controlan el sector", censura EA, que considera inadmisible que el Gobierno autonómico anteponga el interés económico de un sector industrial concreto a la protección de la salud y el medio ambiente del conjunto de la Comunidad.
Por ello, el colectivo ha pedido al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, un cambio radical en la política de residuos de su Consejería, cambio que debe pasar por el relevo de los actuales responsables de la Dirección General de Calidad Ambiental, muy especialmente del jefe de Servicio de Residuos, procesado por delito ecológico.
