ÁVILA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
"No se cerrará un juzgado de primera instancia e instrucción en la capital de provincia, pero tampoco ni un solo juzgado de primera instancia en ningún partido judicial de España, sin excepción", ha añadido.
Gallardón, que fue recibido en la calle con abucheos y una pitada, ha dicho que la "confusión" en este asunto procede de "la vieja propuesta" del Consejo General del Poder Judicial, que suponía "la subsunción, manteniendo el modelo y no creando tribunales provinciales de instancia", y, "por tanto, la desaparición".
De este modo, el proyecto del Gobierno mantiene las sedes judiciales en las capitales de provincia y en las cabezas de partido judiciales, lo que hace es "introducir" unos "criterios de flexibilidad en cuanto al funcionamiento y las competencias territoriales o específicamente sectoriales que puede tener cada una de esas distintas sedes".
Este modelo, según el ministro, es lo que permitirá "darle agilidad al sistema" y "acabar con los elementos de rigidez sin que tengamos necesidad, porque en el siglo XXI no la hay, de que se suprima". El objetivo es el de "disminuir al máximo la obligación presencial de los ciudadanos en cualquier sede judicial".
Como ejemplo, Gallardón ha puesto como ejemplo la jurisdicción social, en la que nunca se han generado protestas por estar centralizada en las capitales de provincia.
Por eso, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales provinciales de instancia tendrán como ventaja una "reasignación de efectivos" de acuerdo a "la realidad de cada momento", y así habrá "un mejor aprovechamiento" de los órganos judiciales "al pertenecer al mismo órgano".
En este sentido, ha destacado la "flexibilidad" en el trabajo de los órganos judiciales gracias a "la movilidad y la carga de trabajo", y ha añadido que los tribunales provinciales de instancia añaden la unificación de criterios y mayor seguridad jurídica al celebrarse sesiones plenarias del órgano colegiado.
Por otra parte, Gallardón ha dicho que se "dará voz" a las comunidades autónomas a la hora de elaborar la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, con lo que ha contestado así al consejero de Presidencia de Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, quien había reclamado la participación, con independencia de que tengan o no competencias en justicia.
