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La Audiencia Nacional avala la investigación contra Díaz Ferrán por vaciar el Grupo Marsans

08/04/2014
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La Sala rechaza que el expresidente de la CEOE sufriera "indefensión" por no poder acceder a una parte de la causa

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha avalado la investigación que el juez Eloy Velasco sigue contra el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que se enfrenta a una pena de la Fiscalía de 15 años de cárcel por llevar a cabo el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores.

El tribunal rechaza en un auto dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal un recurso que la defensa de Díaz Ferrán presentó contra un auto por el que el juez instructor acordó transformar las actuaciones a procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral.

Los magistrados Concepción Espejel (presidenta), Ángel Hurtado y José Ricardo de Prada (ponente) rechaza que Díaz Ferrán sufriese "indefensión" por no poder acceder temporalmente a "una mínima parte de la causa", ya que esta incoveniencia fue "inmediatamente subsanada" y la parte pudo conocer estas actuaciones.

También señalan que el acceso a determinadas comisiones rogatorias cursadas en el procedimiento, como la dirigida a Panamá, resulta innecesaria para "constatar la existencia de indicios de criminalidad respecto de los imputados, al existir material indiciario más que suficiente en la presente causa para dictar la resolución combatida".

"Esperar a que dichas peticiones de auxilio internacional fueran totalmente contestadas, lo que podría exigir un plazo de tiempo extenso, sería incompatible con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y con la situación de prisión en la que se encuentran tres imputados en la presente causa", señala el tribunal.

GRUPO CRIMINAL

El fiscal acusa al expresidente de la patronal de los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal en el marco de la causa que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores.

El Ministerio Público solicita, además, ocho años de cárcel para el liquidador de empresas Ángel de Cabo, que se encargó de la operación de vaciamiento; y ocho años y nueve meses para el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría. Por su parte Iván Losada, número dos de De Cabo, se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y tres meses.

El fiscal Daniel Campos acusa de delitos de alzamiento de bienes y concurso fraudulento a otras siete personas. Tanto Díaz Ferrán como De Cabo se encuentran en prisión provisional por esta causa desde el 5 de diciembre de 2012.

El representante del Ministerio Público asegura que Díaz Ferrán poseía, junto al fallecido Gonzalo Pascual, un grupo de sociedades cuya cabecera era Viajes Marsans y que agrupaba a otras 117 empresas, a través de Holdisan y Parihol, dedicadas al sector turístico y del transporte.

Según sostiene en su escrito de acusación, el grupo empresarial empezó a acumular deudas que comprometían gravemente la viabilidad, lo que desencadenó que, a partir de diciembre de 2009, el Consejo de Administración fuera sustituido por dos administradores solidarios y que pasara a venderse, en 2010, al empresario Ángel de Cabo.

La situación derivó en la salida a concurso de Viajes Marsans y otras empresas, en los que se determinó que el déficit patrimonial de la empresa superaba los 270 millones mientras que la deuda de Díaz Ferrán alcanzaba los 413 millones y la de Pascual los 313.

"ALTÍSIMO NIVEL DE VIDA"

"Tan lamentable situación patrimonial, que afectaba tanto al grupo empresarial como al patrimonio personal de sus titulares, amenazaba el altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados la mayor parte de los bienes, mediante un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, en evidente perjuicio de los acreedores", dice el fiscal.

Díaz Ferrán y Pascual transmitieron a De cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que éste abonara cantidad alguna, si bien debía pagarles ocho millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales "con lo que podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia".

La Fiscalía acusa también a otras siete personas: la esposa de De Cabo, Consuelo Garrido (dos años y nueve meses), el hermano de éste Teodoro Garrido (4 años y 3 meses), la secretaria del empresario, Susana Mora (4 años y 9 meses), el financiero Carmelo José Estelles (6 años y 3 meses), el empresario del transporte ligado a De Cabo, Antonio García Escribano (4 años y 3 meses), el testaferro José Enrique Pardo (4 años y 3 meses) y el fiscalista Rafael Tormo (4 años y 9 meses).

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