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Justicia universal

El PP tumba en el Senado los siete vetos presentados a la "liquidación" de la justicia universal

11/03/2014
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Pide al PSOE que sea "leal" como lo fue el PP cuando reformó este principio en 2009 y la oposición critica esta reforma 'ad hoc'

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Justicia del Senado ha rechazado los siete vetos y las 22 enmiendas formuladas a la reforma de la justicia universal. El PP ha votado a favor de la proposición de ley, mientras que CiU se ha abstenido y el resto de grupos han votado en contra.

Las propuestas de veto, que han recogido 15 votos en contra, nueve a favor y la abstención de CiU, han sido planteadas por el PSOE, Izquierda Unida, el PNV, ERC, la Entesa y Amaiur, que han criticado la urgencia de la tramitación y la ausencia de debate en un asunto de tanta entidad.

Desde CiU, la senadora María Rieradevall i Tarrés ha defendido las cinco enmiendas presentadas por el grupo catalán pidiendo recuperar la denuncia y la acción popular para perseguir estos delitos, así como la supresión de la disposición que autoriza a archivar las causas abiertas en la actualidad.

El Pleno convocado en la Cámara Alta para esta misma semana sacará adelante, sin previsibles cambios, la norma, que será remitida al Boletin Oficial del Estado y dará 'carpetazo' a una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, el genocidio en el Tibet o los asesinatos del cámara José Couso, del jesuita Ignacio Ellacuría o el diplomático Carmelo Soria.

La proposición de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial no ha pasado por la Junta de Portavoces ni por la Mesa del Senado, que es el procedimiento habitual. Al llegar tramitado con urgencia, es el presidente de la Cámara Alta el que tiene la potestad de calificar los proyectos y darles trámite; este ha sido el caso.

EL PP DEFIENDE SU "CONSTITUCIONALIDAD"

El portavoz de Justicia del PP, Manuel Altava, ha exigido "lealtad y coherencia" tras recordar que su grupo fue "leal" cuando el PSOE moduló la justicia universal en 2009. A su juicio, es necesario mejorar su regulación ya que ha sido "un auténtico fracaso" sin resultados prácticos.

"Los procesalistas dicen que España iba de Quijote. Ahora se pretende unificar criterios", ha dicho Altava, que, como su compañera del PP Silvia Franco, ha destacado que esta ley es acorde al derecho comparado, respeta la Constitución y "jamás garantizará la impunidad a delitos tan graves".

El PSOE ha criticado el rechazo a la petición de comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y ha advertido de que se trata de una reforma 'ad hoc' para sobreseer la docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional. "Es una ley que liquida, finiquita, anula y hace desaparecer el principio de justicia universal", ha añadido.

El portavoz de Justicia del PSOE, Arcadio Díaz Tejera, ha desafiado a los 'populares' a responder qué causas de las actualmente abiertas seguirán abiertas con la nueva ley y ha puesto en duda que el Tribunal Supremo valore la idoneidad de los jueces para conocer estas investigaciones.

"Comprendo que confíe en quien fue director general en el Gobierno de Aznar y presidió un acto en el Vaticano, pero ¿es que desconfía de los jueces de la Audiencia Nacional?", ha indicado el socialista en referencia al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, para censurar la futura eliminación de la acción popular en estos procedimientos.

La senadora de ERC Ester Capella ha confiado en que el Tribunal Constitucional o las Cortes internacionales "enmienden la plana" a España por el "atentado" a la tutela de las víctimas que conlleva esta reforma. A su juicio, su aplicación retroactiva supone una "intromisión intolerable" al Poder Judicial, que vulnera "de forma flagrante" la seguridad jurídica.

Desde la Entesa, el parlamentario Joan Saura ha advertido de que el PP ha optado por "derogar" la justicia universal al "cambiar derechos humanos por dinero y por relaciones diplomáticas". Ha criticado también la tramitación que ha llevado "a velocidad de la luz" para "despachar en muy poco tiempo un hito" en materia de derechos humanos.

De su lado, el senador del PNV Jokin Bildarratz ha reprobado la tramitación de esta "reforma a la carta" preparada para países como China, Israel, Estados Unidos. "Se está actuando en el más absurdo de los clientelismos de Estados que nos dictan su manera de ver los derechos humanos. ¿Dondé van a estar más cómodos los asesinos, los mafiosos o los corruptos?", ha agregado.

NUEVOS LÍMITES

La reforma limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada.

El nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una acusación popular, para limitar su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía.

La extensión de la jurisdicción española más allá de nuestras fronteras se condiciona a la existencia de un tratado internacional que lo autorice y al Estatuto de la Corte Penal Internacional. La oposición ha criticado que algunas potencias, como China o Estados Unidos, no han ratificado tales convenios y es imposible perseguir sus crímenes.

La reforma impone nuevos límites a los jueces españoles y recoge en la lista de ilícitos a perseguir los delitos de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, las torturas o la corrupción de agente público extranjero.

Confiere a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la potestad de valorar la posibilidad de que los jueces españoles puedan conocer los hechos, en caso de que el Estado no esté llevando a cabo una investigación efectiva de los mismos.

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