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Por un delito de prevaricación administrativa

Imputada la junta de gobierno de Ourense en 2008, incluido el actual alcalde y el exalcalde

11/03/2014
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El juez investiga, a raíz de una denuncia de Democracia Ourensana, la adjudicación sin publicidad de las obras de reforma de una céntrica calle

OURENSE, 10 (EUROPA PRESS)

El titular del juzgado de Instrucción número dos de Ourense ha imputado a los ocho concejales del Ayuntamiento ourensano que participaron en una junta de gobierno local de septiembre de 2008 en la que se aprobó el pliego de licitación para unas obras de reforma de una céntrica calle de la ciudad.

En aquella época gobernaba la ciudad un bipartito de PSdeG y BNG y entre los imputados por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa están el actual alcalde, el socialista Agustín Fernández, y su predecesor en el cargo, Francisco Rodríguez, quien se vio obligado a presentar su dimisión tras su detención en septiembre de 2012 en el marco de la Operación Pokémon.

También figuran entre los llamados a declarar como imputados en esta instrucción, abierta a raíz de una denuncia de Democracia Ourensana, la teniente de alcalde, Margarita Martín, y la concejala de Urbanismo y también teniente de alcalde, Áurea Soto, ambas concejales socialistas sobre las cuales ya pesan imputaciones en otras causas.

Estas dos concejalas, junto con el actual alcalde, son los únicos tres ediles que continúan en la actualidad en el Gobierno municipal y que participaron en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Ourense de aquel 6 de septiembre de 2008 que aprobó por unanimidad el pliego de licitación de las obras de urbanización de la calle Bedoya.

A mayores, están imputados los ya exediles por el BNG Alexandre Sánchez Vidal (quien dimitió a raíz de su imputación en el caso de los paneles del cual finalmente resultó absuelto), y Ana Isabel Pérez González y Marta Arribas, quienes también abandonaron la corporación en octubre de 2012 en medio de la crisis abierta por la ruptura del bipartito con los socialistas. El octavo miembro de la junta de gobierno de 2008 imputado es el exconcejal socialista Demetrio Espinosa Mangana.

INDICIOS DE CRIMINALIDAD

El juez Antonio Piña ve en su auto "indicios racionales de criminalidad" contra los ocho integrantes de la junta de gobierno que el 6 de septiembre de 2008 aprobaron por unanimidad el pliego de licitación de las obras en la calle Bedoya, que ascendía a un montante de 623.009 euros, y que salía a licitación por un procedimiento negociado sin publicidad y urgente. De esta forma, los llama a declarar con asistencia letrada por la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa los próximos días 26, 27 y 28 de marzo.

Por esta causa ya ha prestado declaración como imputado el exedil del BNG Andrés García Mata, que llevaba el área de Infraestructuras en 2008, y quien ahora vuelve a ser llamado a declarar el 2 de abril por un posible delito de fraude y exacciones ilegales, así como el asesor jurídico Luis Tros de Illarduya Guerendiain.

El magistrado hace constar en su auto que tanto el jefe del Servicio de Infraestructuras como el interventor municipal declararon que en una reunión previa a la redacción de los pliegos advirtieron de la ilegalidad del procedimiento que se pretendía llevar a cabo al entonces concejal nacionalista que llevaba este departamento, extremo que García Mata ha negado en su declaración anterior.

No obstante, el juez subraya que no existe amparo legal para que se hubiese suprimido el requisito de publicidad de la adjudicación de las obras en cuestión, ya que el carácter de urgente "sólo afecta a la reducción de plazos y no suprime el requisito de la publicidad".

POSIBLE AMAÑO

Antonio Piña hace constar que García Mata invitó a tres empresas, de las cuales Obras Caminos y Asfaltos S.A. (Ocasa) y Betunes y Firmes compartían participación empresarial e incluso administradores, mientras que la tercera, Obras Pavimentos e Instalaciones (Opain), "completaba la terna con frecuencia con las dos anteriores en otros procedimientos negociados".

Las tres empresas presentaron sus ofertas en el Ayuntamiento de Ourense "con un margen de cinco minutos" y además, Betunes y Firmes no resulta adjudicataria de concurso alguno, pero resulta "exclusivamente subcontratista" de Ocasa, lo que al juez le lleva a señalar que "existen indicios de una posible concertación entre las mismas a la hora de establecer su participación en la licitación".

Por ello, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense también ha llamado a declarar el 24 de marzo como imputados por la posible comisión de un delito de concertación de alteración del precio en concurso público a los representantes legales de Ocasa y de Betunes y Firmes, José R.A.; al de Construcciones Orenga, Santiago F.P.; y al de Opain, Marcos R.O.

La constructora ourensana OCA fue la adjudicataria de las obras por algo menos de 593.000 euros, con la propuesta económica más baja, algo menos de 30.000 euros por debajo del presupuesto base. Uno de los directivos de la empresa como apoderado ocupó, en las municipales de 2011, el número 14 en la candidatura del PSdeG en Ourense.

La imputación en bloque de los miembros de la junta de gobierno en Ourense en el año 2008 reproduce una situación similar a la de Santiago de Compostela, donde también han sido imputados por prevaricación los siete ediles que en ese mismo órgano aprobaron que el Ayuntameinto compostelano pagase la asistencia letrada al concejal de Deportes, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokémon. No obstante, en el caso de la capital de Galicia, los ediles del PP, para los cuales Fiscalía pide nueve años de inhabilitación, están pendientes del señalamiento del juicio oral.

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