MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha advertido de que los nuevos umbrales para acceder a la Justicia gratuita son "engañosos" y de que la extensión de este servicio a diversos colectivos con independencia de sus recursos "dificultan su viabilidad económica".
La Abogacía ha valorado negativamente el proyecto de ley presentado el pasado viernes por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por "burocratizar" en exceso este servicio generando "costes innecesarios y anticompetitivos" y recortar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ha criticado que el texto establezca la obligación del abogado de Turno de Oficio, con independencia de su lugar residencia o establecimiento, de presentarse en el plazo máximo de tres horas en el juzgado que corresponda. Se suprime así la obligación de residir en el domicilio profesional y su Colegio de Abogados.
"Un abogado residente en Santander podrá adscribirse al Turno de Oficio en el Colegio de Abogados de Cádiz, por lo que sería de imposible materialización el cumplimiento de ese plazo", ha expuesto, para poner el ejemplo de un caso de divorcio donde el abogado "podrá estar en A Coruña y su cliente en Almería".
Otro de los aspectos cuestionados por la Abogacía es la vinculación de este servicio público a la Ley de Tasas, una norma pendiente de numerosos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. "La Justicia Gratuita es un derecho constitucional y como tal ha de sufragarse por las Administraciones Públicas", ha añadido.
Además, ha calificado de "engañosos" los nuevos importes establecidos. En este sentido, ha explicado que perjudican a las unidades familiares con una sola persona ya que antes de la reforma se requería un umbral de 12.780 euros anuales, mientras que ahora se incrementa a 14.910 euros. "Para unidades familiares de dos a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales", ha agregado.
SITUACIONES INJUSTAS E INDISCRIMINATORIAS
También advierte de que su extensión a colectivos y personas jurídicas con independencia de los recursos económicos quiebra el principio de otorgar este derecho a los más necesitados. "Este reconocimiento, en un contexto de recortes generalizados, puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y aboca a este servicio de Justicia Gratuita a dificultades de viabilidad económica", ha precisado.
A su entender, el proyecto invade las competencias autonómicas con una "pretensión centralizadora", que podría conllevar una rebaja del 30 por ciento de los módulos de pago del Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia.
Además, ha avisado de que se imponen límites a la libertad e independencia de los abogados y prevé que éstos asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido. Ha reprobado las "sospechas injustificadas" que se incluyen a los peticionarios cuando solicitan este servicio tres veces al año.
Por todo ello, ha concluido que el proyecto es insuficiente, no incluye el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, la intervención del abogado desde el primer momento a la mujer víctima de violencia de género ni la vía administrativa previa. Y ha manifestado su voluntad de colaborar activamente en el trámite parlamentario para mejorar el texto.
