MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado este lunes que sea este órgano, integrado por 37 magistrados y no una sección de esta misma Sala la que pueda decidir, si así se decide, sobre los recursos que se interpongan contra acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La decisión se ha adoptado en el marco de un recurso presentado por un juez contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces de sancionarle con una advertencia leve, pero su importancia radica en que el alto Tribunal Supremo facilita con este acuerdo que, si así lo considera oportuno, sea una sala de 37 miembros y no una con tan sólo 7 magistrados la que revise las decisiones del órgano de gobierno de los jueces.
Según la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), propiciada por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, las decisiones del Consejo deben ser revisadas por una sección -la Primera de lo Contencioso-Adminstrativo del Tribunal Supremo-, integrada por el presidente de esta Sala y por los demás presidentes de sección de la misma (artículo 638.2 de la LOPJ).
Sin embargo, y con independencia de lo señalado en dicha norma los 32 magistrados de lo Contencioso que han estado presentes hoy en el Pleno (uno estaba enfermo y otros cuatro se han abstenido) han decidido que con independencia de lo que diga la reforma de Gallardón cabe aplicar este artículo de conformidad con el 197 de la misma Ley, que permite llevar cualquier asunto a Pleno siempre que lo pida la mayoría de la Sala o bien su presidente.
IMPUGNACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS
Esta posibilidad de elevar a Pleno los recursos contra decisiones del CGPJ puede tener importancia en relación con el recurso presentado por la asociación de jueces Francisco de Vitoria (FdV) contra los nombramientos del presidente de este órgano, Carlos Lemes, y de los doce vocales de procedencia judicial, que esta asociación considera fruto de un "cambalache politico".
Igualmente esta pendiente la resolución de una segunda impugnación, presentada por UPyD contra los mismos nombramientos. El éxito de este segundo recurso depende de otro acuerdo de esa Sala que debe sentar doctrina sobre si los partidos políticos o sus grupos parlamentarios para recurrir determinadas decisiones del Gobierno y decretos derivados de acuerdos parlamentarios.
