CUANDO ÉRAMOS ANÓNIMOS
Cuando hace 12 años dos aviones impactaban en las Torres Gemelas, en Europa discutíamos sobre cómo asegurar la intimidad de nuestros ciudadanos frente a la injerencia de los Gobiernos y las poderosas empresas de Internet. Los documentos de la época, que vistos ahora parecen de otra dimensión, hablaban de las virtudes de la navegación anónima. Hoy, el que busca el anonimato usa el cifrado o carece de huella digital es directamente sospechoso. En la tensión entre libertad y seguridad, ganó aplastantemente esta última, Europa dejó de hablar de intimidad y pasó a obligar a las operadoras a retener los datos de sus usuarios para la investigación penal de los delitos graves.
En el año 2006, la UE aprobó la directiva sobre la Conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, conocida como Directiva de Retención de Datos, que ahora el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo ha puesto en solfa a partir de dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Constitucional de Austria y el Tribunal Supremo de Irlanda. No es el primero. Los tribunales constitucionales de Rumanía, Alemania y República Checa ya habían declarado inconstitucionales las leyes nacionales que la adaptaban al derecho interno por similares motivos a los que ahora usa el abogado general para cuestionar la directiva: simple y llanamente, la misma constituye una clara violación de los derechos fundamentales europeos y una injerencia en el respeto a la privacidad de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque gracias a nuestra huella digital es posible reconstruir nuestro comportamiento en aspectos tan cercanos al corazón de nuestro carácter que nunca expondríamos de manera voluntaria. Esos datos empleados con finalidades diferentes a la investigación penal con intervención judicial son potencialmente lesivos para la vida privada de todos nosotros y, para más inri, están en manos de los operadores que no solo han de hacer el esfuerzo de conservarlos, sino de asegurarlos para que nadie tenga acceso a ellos, con el coste y la dificultad que ello supone.
El que la directiva no establezca un control sobre datos tan sensibles que, además, pueden ser almacenados en cualquier servidor del mundo accesible por programas espía gubernamentales, hace que los ciudadanos europeos nos alegremos de contar con juristas que aún entienden la importancia de defender los derechos fundamentales en situaciones de adversidad y con personas que exponen a los Gobiernos ávidos de saltárselos. Gracias, Snowden.
