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O corrupción o democracia; por Joan Ridao, profesor del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona

09/12/2013
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El día 6 de diciembre de 2013, se ha publicado en el diario El País, un artículo de Joan Ridao, en el cual el autor considera que no queda más remedio que confiar en la democracia y en sus pesos y contrapesos como mecanismo de salida a sus propias perversiones.

O CORRUPCIÓN O DEMOCRACIA

Con indudable lucidez, el filósofo burgués y posmaterialista del 68 francés, luego convertido en paladín de la causa sarkozysta, André Glucksmann, señaló que si el combate en el siglo XX había sido entre democracia y totalitarismo, en el siglo XXI el antagonismo es entre democracia y corrupción. Algo hay de exageración en esta aseveración, sobre todo en el actual contexto de aguda crisis económica, donde la jerarquía de inquietudes sociales pasa ante todo por llegar a fin de mes u obtener un empleo. Sin embargo, también algo hay de razón en todo ello, además de que corrupción y crisis económica van de la mano.

Veamos. La corrupción no es el problema de unos cuantos políticos o funcionarios codiciosos que, no contentos con meter la pata también meten la mano. Bien al contrario, ataca directamente los fundamentos que rigen la convivencia social, contraviene sus reglas éticas y jurídicas y, en muchos casos, llega a poner en peligro la supervivencia del sistema democrático porque genera una sensación insufrible de que la política es el arte del engaño, de servir al interés particular, de adular a los poderosos y extorsionar a los que no lo son tanto. Esta percepción, exacerbada a causa de los estragos de la gran depresión, ha sublimado la irritación colectiva en forma de invectivas contra la política y contra el sistema democrático. Con todo, una serie estadística de encuestas del CIS de la última década demuestra el tránsito de la condescendencia, resignación o incluso fatalismo sociológico hacia la intransigencia actual. Claro está que, durante años, la inhibición se vio favorecida por la inmadurez democrática del posfranquismo, y por una pésima gestión de la memoria histórica durante la Transición, que engendró una generación de ciudadanos acríticos con la mentira y la depravación. Quizás por ello, Luther King decía que no temía el grito de los corruptos, sino el silencio de los honestos. El problema está en cómo se canaliza tanta irritación. En Italia, semejante sensación de asqueo, provocada en torno a la llamada Tangentópolis, derivó en la desaparición por implosión del sistema clásico de partidos y la aparición del berlusconismo, la pujanza de la Liga Norte y la demagogia, el populismo y nihilismo de Beppe Grillo. No se sabe qué es peor.

Por lo pronto, la historia demuestra, desde Adán y Eva, pasando por el antiguo Egipto, las Tablas de la Ley y el Código de Hammurabi o la Reforma protestante, la persistencia de un fenómeno consustancial a la condición humana. Además de que se trata de una cuestión compleja, que presenta muchas aristas y se halla presente en todos los países. No hay, pues, un determinismo geográfico que separa un norte industrioso y honesto, y un sur indolente y pícaro. La moral protestante que encumbró el capitalismo, a decir de Max Weber, quizás ha proporcionado algunos valores de laboriosidad, ahorro y honradez ajenos al universo católico, donde impera la indulgencia y el perdón de los pecados. Pero lo cierto es que los datos revelan que hay corrupción y “mordida” en Reino Unido (bribe o kickback), en Alemania (schmieren), por poner algunos ejemplos. La diferencia, eso sí, está en el rigor sancionador, en una transparencia que llega hasta el último tique de caja, y en los controles públicos. Pero también en la actitud de los implicados: no se olvide que todo un expresidente alemán dimitió y está siendo juzgado por prevalerse de su cargo para recibir un trato de favor; que una ministra, también teutona, dimitió por plagiar su tesis doctoral y que un ministro británico cesó por endosar falsamente una multa de tráfico a su esposa. Por el contrario, aquí no solo no dimite nadie, sino que incluso parece que los tribunales, en muchos casos, se dedican a dilatar los procesos y a exonerar los más grotescos casos.

Ahora bien, si queremos minimizar la corrupción, primero hay que conocer sus causas, nada espontáneas. La primera de ellas, las circunstancias que envuelven la moderna política, secuestrada por la partitocracia, cada vez más competitiva y onerosa, y que deja de lado el interés general en pro de una concepción patrimonial del poder. Pero también el neoliberalismo económico rampante, que aseguraba que la excesiva regulación atenazaba el mercado y que la avidez de unos pocos es buena si, al mismo tiempo, supone una palanca de progreso material para muchos. Y aquellos polvos nos trajeron estos lodos. Ahora afloran los excesos de la exuberancia irracional de los años de vino y rosas, con el rostro de los Bárcenas, Millet o Fabra de turno.

En segundo lugar, hay que saber cuál es la dimensión real del fenómeno. ¿Se compadece la notoriedad mediática de algunos episodios con la realidad de la corrupción? Transparencia Internacional acaba de situar a España en el lugar 40.º del ranking de Estados corruptos, 10 puestos más atrás que hace un año, justo por detrás de Brunei y delante de Cabo Verde. Y en la mitad inferior de los países de la UE, por debajo de Chipre y Portugal. No obstante, los datos objetivos apuntan que la corrupción percibida con las televisivas idas y venidas de los juzgados es mayor que la real. La Memoria de la fiscalía del año pasado revelaba que eran 800 los políticos imputados por delitos relacionados con el ejercicio de su cargo, de los cuales, se estima, acabarán acusados unos 500, lo cual, sobre un total de 70.000 cargos públicos, supone una tasa del 0,7%.

Además, en nuestro caso, la corrupción es eminentemente política, y no administrativa. La relación funcionario-político es de 10 a1, a diferencia de los países hipercorruptos, auténticas cleptocracias, donde lo inaudito es toparse con un funcionario honesto. La mayoría de supuestos están vinculados a la política local, donde el urbanismo, especialmente en la costa, y el grado de discrecionalidad que la ley permite a los alcaldes, han llevado consigo algunos casos poco edificantes. En cuanto al coste de la corrupción se refiere, hay mucho debate. Recientemente, un instituto dependiente de la Universidad de Las Palmas lo cifraba en 40.000 millones de euros, idéntica cantidad que el rescate bancario europeo o el incremento de gasto presupuestado por Rajoy para 2014. En esta estimación se tiene en cuenta desde la reducción de la inversión extranjera hasta el lucro cesante inducido por el desánimo de los emprendedores. Al lado de esto, sin embargo, existe una corrupción de “baja intensidad”, sin aparente trascendencia crematística. No se trata solo de que hay quien se enriquece ilícitamente, sino también de la existencia de dudosos privilegios en forma de acelerados indultos, de extrañas complicidades como en el caso Madrid Arena, de los aleatorios terceros grados y, descendiendo algún peldaño, aunque no por ello menos reprobable, el síndrome de la clase preferente o el mal uso de la llamada “puerta giratoria”, donde ex altos cargos aparecen poco tiempo después en el mismo negociado, pero con el traje del sector privado.

La desaparición total de la corrupción se me antoja imposible. Pero resulta innegable que puede combatirse con cierto grado de éxito. En este sentido, caben algunas ostensibles mejoras en los mecanismos de control, no sólo ex post, como el Tribunal de Cuentas, sino también ex ante, mediante reformas encaminadas a la prevención: Ley de Transparencia, con infracciones y sanciones para los políticos y cargos públicos que no cumplan; codificación de las exigencias éticas de los empleados públicos y de la función del Gobierno; un sistema de financiación pública y suficiente para los partidos y sindicatos, a cambio de controlar mejor su destino; despolitización de los órganos de relieve, constitucional y estatutaria, para garantizar el acceso a los datos para investigar; control estricto del patrimonio de los cargos públicos; revisión de la situación de los funcionarios con habilitación estatal, en cuanto a la libre designación y el sistema retributivo, y también del régimen del personal eventual; mejor control de las adjudicaciones de contratos públicos; limitación de la autonomía local en el ejercicio de competencias urbanísticas; y, finalmente, una nueva ley electoral que desbloquee las listas cerradas. No queda más remedio, pues, que confiar nuevamente en la democracia y en sus pesos y contrapesos como mecanismo de salida a sus propias perversiones.

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