Diario del Derecho. Edición de 16/08/2017
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 25/11/2013
 
 

Reclama otro más durante el tiempo de los juicios

El TSJCV pide dos magistrados de apoyo para los casos Gürtel y Brugal y cuatro funcionarios para estas causas y Cooperación

25/11/2013
Compartir: 

Pide explicaciones por el incumplimiento de las indicaciones del Decano para que los testigos de Nóos entraran por la puerta principal

VALENCIA, 22 (EUROPA PRESS)

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado dar cuenta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los refuerzos necesarios para la sala de lo Civil y Penal, consistentes en dos magistrados de apoyo para los casos 'Gürtel' y 'Brugal', otro de apoyo mientras se celebran los juicios previstos y cuatro funcionarios judiciales de refuerzo para estas dos causas y la de 'Cooperación', que se asignarán a cada proceso de acuerdo con las "intensidades" que presenten.

Así consta en el acuerdo, adoptado en la reunión de este pasado miércoles, en la que, por unanimidad de los asistentes, se acordó solicitar a las distintas administraciones --Jefatura Superior de Policía; Comandancia de la Guardia Civil; Delegación del Gobierno; Conselleria de Gobernación y Justicia y al director de Gestión de la Ciudad de la Justicia de Valencia-- para que informe sobre por qué no se siguieron las indicaciones del Decanato y los testigos citados a declarar por el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, accedieron a las instalaciones por "puerta distinta a la principal".

Las declaraciones tuvieron lugar el pasado viernes y sábado. El juez Castro tomó declaración como testigos a, entre otros, el exconseller de Economía de la Generalitat, expresidente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) y diputado en el Congreso, Gerardo Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

De acuerdo con el informe elaborado por la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, la sala de Gobierno ha acordado dar cuenta a la Comisión de Modernización e Informática del CGPJ, de la decisión de nombrar, por seis meses prorrogables, a dos magistrados de apoyo, en comisión de servicio con relevación de funciones, para la realización de "labores de auxilio" a los magistrados instructores con mayor carga de trabajo y, por tanto, "sin funciones jurisdiccionales".

En concreto, según el acuerdo, se solicita un magistrado de apoyo para el instructor del conocido como 'caso Gürtel' y otro para 'Brugal', en el que se investigan las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Asimismo, se pide, por el mismo plazo, un magistrado de apoyo, adicional a los dos anteriores, durante el periodo en que se celebren las vistas orales de los dos juicios penales señalados en esta sala y que se estima que puedan tener cada uno tres meses de duración.

PARALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SALA

El órgano de gobierno advierte de que, de no adoptarse esta medida, "se paralizaría totalmente" el funcionamiento de la Sala. Este magistrado tendría, por tanto, funciones jurisdiccionales, aunque en este periodo asumiría "exclusivamente" las ponencias en los recursos de la Ley del Jurado, recursos de casación, cuestiones de competencia y en materia de arbitraje, que deban resolverse en ese tiempo. De esta forma, quedaría excluido de la instrucción y del conocimiento de los recursos derivados de causas contra aforados.

Otro de los puntos acordados es la prórroga del nombramiento de la Secretaria Judicial de refuerzo durante otro periodo de un año el nombramiento de cuatro funcionarios judiciales de refuerzo con experiencia en instrucción de procedimientos penales y organización de archivos informáticos que se asignarán, en principio, a las causas 'Gürtel', 'Cooperación' y 'Brugal' "en función de las diversas intensidades que presente cada instrucción".

DECLARACIONES DE NÓOS

La sala acordó asimismo, según una certificación remitida, solicitar "explicaciones" sobre lo sucedido durante las testificales acordadas por el juez Castro en la Ciudad de la Justicia de Valencia los pasado 15 y 16 de noviembre. Según se explica en el acuerdo, "las instrucciones comunicadas por el decano, --siguiendo el que es criterio general, de que los citados a declarar debían acceder al edificio por el único acceso habilitado para ello, la puerta principal--, no fueron respetadas".

El decano comunicó a la sala de Gobierno que esta circunstancia "no es una excepción". Al respecto, apunta el acuerdo que, teniendo en cuenta que tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Reglamento 1/2000 del Consejo General del Poder Judicial sobre Órganos de Gobierno de Tribunales, recogen cuáles son las competencias de los decanos en materia de control sobre las sedes judiciales, desde el decanato "se consideró adecuado dar cumplida cuenta de la sucesión de acontecimientos de los pasados días 15 y 16 de noviembre".

Por ello, la sala ha remitido una carta a las instituciones "a fin de conocer las razones por las que no se siguieron las indicaciones trasladas desde el Decanato a través de la gerencia de la Ciudad de la Justicia a los diferentes responsables implicados, con alguno de los cuales se habló incluso directamente". La sala ha acordado también tratar el asunto en la próxima comisión mixta que se celebre entre el TSJCV y la Conselleria de Gobernación y Justicia y elevar consulta al CGPJ.

En el certificado, se hace constar que se toma conocimiento del expediente gubernativo de la comunicación del Decano por las incidencia de ambos días "como consecuencia de los accesos de ciertas personas citadas a declarar por puerta distinta a la principal, a pesar de las órdenes indicadas" por el propio decano. Ante estos hechos se ha pedido a la Jefatura Superior de Policía, Comandancia de la Guardia Civil, Conselleria de Justicia y director de Gestión de la Ciudad de la Justicia para que informen de lo sucedido "en diez días".

En cuanto a la consulta al CGPJ, pide que defina "claramente" las competencias de los jueces decanos y demás órganos de gobierno sobre los edificios judiciales, una cuestión que se ha planteado en varias ocasiones por en toda España y se llegó a constituir una comisión o grupo de trabajo en el CGPJ "debido a los problemas que se suscitaban en la práctica judicial diaria".

Noticias Relacionadas

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2017

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana