MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Jueces para la Democracia (JpD) participará en las concentraciones que han sido convocadas ante los juzgados por el Consejo General de la Abogacía para el próximo 20 de noviembre, cuando se cumple un año de su aprobación.
La asociación judicial considera que durante este tiempo se han producido los "perniciosos" efectos que los operadores jurídicos ya auguraron, como evidencia la reducción de la litigiosidad registrada en la vía contencioso-administrativa y en la civil "a costa de excluir del sistema judicial a amplios sectores de la sociedad pertenecientes a la clase media y a la trabajadora".
Según dice, se ha discriminado a una amplia cantidad de la población por motivos discriminatorios, impidiéndoles así ejercer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. "Al contrario, las grandes empresas, las entidades bancarias o los grandes patrimonios no han tenido ningún problema para acceder a la jurisdicción", expone.
También acusa en un comunicado al Gobierno y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de "incumplir" su compromiso de destinar el dinero recaudado con las tasas a mejorar la asistencia jurídica gratuita, como demuestra la "congelación" en los presupuestos de la partida destinada a esta materia el próximo año.
AFÁN RECAUDATORIO Y PRIVATIZADOR
Tras exponer que los ingresos de tales gravámenes tampoco han servido para invertir en infraestructuras judiciales --este capítulo ha sufrido una "importante reducción"--, Jueces para la Democracia concluye que el "doble objetivo" de las tasas era "puramente recaudatorio" y tenía como finalidad "privatizar" el servicio.
En este sentido, explica que los ingresos han ido "directamente" a parar a las arcas estatales para cubrir "desfases de otras partidas presupuestarias ajenas a Justicia". "Por otro lado, las tasas han servido especialmente para diseñar una Justicia al alcance de quienes puedan pagársela, lo cual supone una privatización del servicio público que resulta incompatible con la naturaleza del mismo", agrega.
Para finalizar, JpD remarca que el resultado "más preocupante" de las nuevas tasas radica en la "limitación" al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y confía en que así lo aprecie el Tribunal Constitucional en los recursos que tiene pendientes de dirimir.
