MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, considera adecuada la respuesta dada hasta este momento a las informaciones sobre posible espionaje masivo por parte de EE.UU., que se ha residenciado en unas diligencias informativas abiertas por la Fiscalía de Criminalidad Informática.
"Creo que en el ámbito judicial lo que se podía hacer ya lo ha puesto en marcha la Fiscalía -ha indicado-. El Ministerio Fiscal está legitimado desde el momento en que tiene conocimiento de una actividad que puede ser delictiva, a iniciar una investigación siempre y cuando la misma no esté judicializada. El camino que ha iniciado el Ministerio Fiscal ha sido el adecuado".
En una entrevista concedida a Europa Press, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces ha señalado que "como jurista y ciudadana" le produce "mucha consternación y mucha preocupación ver que se están viendo afectados por este tipo de actividades relacionadas con el espionaje derechos fundamentales básicos que todas las constituciones de cualquier Estado democrático se apresuran a proteger y a exigir además los mayores controles para cualquier tipo de injerencia".
En el ámbito de la Justicia, según ha recordado, no puede intervenirse una conversación telefónica sin una previa resolución judicial que además explique los motivos y la proporcionalidad de la medida.
Desde este punto de vista, según Bravo, "encontrarnos ante esta posibilidad de que nuestras conversaciones hayan sido grabadas y espiadas por los servicios de espionaje es muy, muy preocupante".
Preguntada si coincide con otros vocales de este órgano que se han referido al actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como el "peor ministro de Justicia de la Democracia", Bravo ha explicado que si bien coincide con otros consejeros en las críticas a determinados textos legislativos como la reforma del Código Penal o la Ley de Tasas, reconoce que cada uno tiene su manera de poner de manifiesto sus desacuerdos.
"Cada uno tenemos nuestro estilo para poner de manifiesto nuestro desacuerdo o disconformidad con determinados textos legales, y desde luego mi estilo no se basa en desacreditar a quienes representan otros poderes el estado -ha manifestado-. Las críticas las hago siempre desde el respeto institucional".
REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
Bravo ha manifestado igualmente, y dada su condición de fiscal de carrera, su desacuerdo con el artículo 128 de borrador de futuro Código Procesal Penal, en el que se viene a establecer que el juez de garantías puede examinar cualquier decisión que adopte el fiscal en esa fase de investigación.
"Esto ha generado un rechazo unánime por parte de la Carrera Fiscal porque la posibilidad de que el juez controle desde el minuto cero la investigación del fiscal, en primer lugar, vuelve a incorporar al sistema las notas inquisitivas que intentábamos sustraer con el nuevo modelo", ha explicado.
Para la portavoz, ello supone alejarse de las fórmulas que en un principio parecía que iban a conformar la reforma, que eran las de fijar a un tercero imparcial que controlara al Ministerio Fiscal en todo aquello que afecte a derechos fundamentales.
Según los nuevos planes, sin embargo, el juez de garantías volvería a ralentizar nuevamente la fase de investigación penal porque "cada una de las decisiones de la Fiscalía debería ser sometida a la valoración judicial".
"Comprendo y comparto la posición de los fiscales y la del fiscal general al hacer valer este argumento e intentar que el prelegislador y el legislador mejoren este artículo", ha concluido.
BALANCE DEL CONSEJO
En relación con los cinco años de mandato del Consejo del que ha sido portavoz, Bravo ha destacado el compromiso del órgano con la mejora del funcionamiento de la Justicia de este país y la mejora de las condiciones en las que los jueces ejercen sus funciones.
"Nosotros aprobamos un plan de modernización en el año 2008 donde fijamos las líneas básicas sobre las que debía pivotar la modernización de la Justicia. Evidentemente, no éramos competentes para poder desarrollar todas las áreas, pero sí para poderlas impulsar", ha recordado.
También se ha referido a las mejoras introducidas en relación con la prevención de la siniestralidad laboral de los jueces y la apuesta por la igualdad, dado que la presencia de las mujeres en la Carrera Judicial. "Era muy importante regular todas aquellas materias que afectaban a la conciliación familiar" ha indicado Bravo.
Reconoce, sin embargo, que no han podido suplir "las graves carencias de medios materiales y personales que sigue arrastrando la Justicia porque el Consejo no tiene presupuesto". Se trata de una competencia del Ministerio de Justicia compartida con las comunidades autónomas.
Finalmente, Bravo ha querido destacar que este Consejo se adelantó a las graves consecuencias que sobre la carga de trabajo de los juzgados iba a tener la crisis económica mediante el diseño y aprobación de planes de apoyo tanto en la jurisdicción mercantil como social y Civil, "que eran las que iban a verse más afectadas, como se ha visto posteriormente como consecuencia de la carga de trabajo derivada de la crisis económica".
