SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)
La juez Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en el concurso público promovido por Mercasevilla para enajenar los suelos del mercado central, ha dictado un auto en el que ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue una factura de 150.000 euros que fue abonada a la lonja el 24 de febrero de 2006, es decir, once días después de que se adjudicara el concurso a Sanma.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 pone de manifiesto que, tras el examen "pormenorizado" de la "ingente" documentación incorporada a la causa por la propia Guardia Civil y "en particular" por la representación legal de Mercasevilla "relativa a los pagos efectuados por Sanma", destaca "un ingreso a Mercasevilla de 150.000 euros en fecha 24 de febrero de 2006 y un reintegro por la misma cantidad y en la misma fecha".
Todo ello, dice la magistrada, "sin que conste ni quién efectuó el ingreso, ni quién fue su receptor", por lo que ordena a la UCO que practique las diligencias encaminadas a "investigar precisamente estos extremos, es decir, identificar a las personas que realizaron dichas operaciones y su concepto".
Hay que recordar que Sanma, filial de la constructora Sando, se hizo con el concurso con una oferta de 106 millones pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga, ascendente a 158 millones.
La instructora, en este punto, destaca la "importancia" que para todo lo anterior han tenido las grabaciones en las que los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce pidieron a los empresarios de La Raza una 'mordida' de 450.000 euros, en concreto 300.000 euros de comisión y 150.000 euros para la acometida eléctrica, cantidad ésta que coincide con la factura referida y que habría sido abonada tres años antes de la 'mordida', que fue en 2009.
Tanto Mellet como Ponce y el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas fueron condenados al pago de una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, hechos que están pendientes de los recursos de los acusados ante el Tribunal Supremo.
"Se ha revelado la importancia que han tenido las grabaciones obtenidas por los empresarios de La Raza, y su contenido examinado con la perspectiva que da el tiempo y con el avance de las investigaciones, lo cual arroja nueva luz sobre las conversaciones grabadas, el sentido de las mismas y su relevancia en este procedimiento", subraya la juez, que acuerda incorporar a la causa la transcripción de la segunda de las grabaciones realizadas por los empresarios.
IMPUTA A UN ARQUITECTO
Por otro lado, y en relación con la licencia de primera ocupación concedida a Sanma, la magistrada cita como imputado el próximo 11 de noviembre al arquitecto Alberto Balbotín, quien "emitió certificado final de obra como documentación esencial para que fuera concedida" dicha licencia, "en la que se hacía constar que la edificación estaba concluida y apta para su uso, cuando a la fecha de la referida certificación la edificación y urbanización carecía de las obras de infraestructura eléctrica".
También el día 11 de noviembre cita a declarar al exresponsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño y a María Victoria Bustamante, jefa de servicio de Vía Pública --ambos ya imputados en la causa--, ya que la juez entiende que "podrían haber impedido el pase al servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales para que se acreditara la falta de conclusión de las obras de urbanización".
De igual modo, cita el 11 de noviembre al técnico del servicio de Licencias José Manuel Ferrera por si "desea ampliar su declaración" a la vista de la documentación recientemente remitida por la Gerencia Municipal de Urbanismo sobre el pase al servicio de Coordinación de Vía Pública.
NUEVO ATESTADO DE LA GUARDIA CIVIL
De otro lado, la UCO ha elevado al Juzgado un atestado, consultado por Europa Press, en el que relata que el concurso del derecho de opción de compra fue adjudicado a Sanma pese a que la oferta del grupo Noga "resultaba más ventajosa", por lo que afirma que la oferta de éste "fue valorada deficientemente y que de haberse hecho correctamente se le hubiera adjudicado el concurso".
"A pesar de ello, Noga no recurrió el resultado final del mismo ni presentó alegación alguna a la adjudicación del concurso", dicen los agentes, que destacan que, el 8 de febrero de 2006, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo acordó suscribir --con el voto favorable entre otros del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín-- un convenio con tres entidades, entre ellas Noga, relativo a la programación de actuaciones edificatorias en parcelas de su propiedad ubicadas en Sevilla Este.
En este convenio, las tres sociedades mencionadas, pertenecientes al mismo grupo empresarial, plantearon a Urbanismo una reprogramación de la actividad edificatoria de 36 parcelas susceptibles de edificación --de la que estas sociedades son propietarias-- en Sevilla Este, que totalizan una capacidad edificatoria de 2.161 viviendas.
La Guardia Civil asevera que, de estas 36 parcelas, un total de 17 habían sido incluidas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, mientras que para once parcelas había vencido el plazo para el cumplimiento del deber de edificar, y para las ocho restantes el plazo para este deber vencía el 18 de septiembre de 2006.
"GRAN BENEFICIO"
El convenio fue firmado el 16 de febrero de 2006 por el entonces gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, y gracias a éste se amplió el plazo para ejecutar el deber de edificar los solares a un máximo de ocho años, asumiendo además Urbanismo el compromiso de cancelar y dejar sin efecto legal alguno la inclusión de las parcelas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Tras esta inclusión en dicho registro, las parcelas habrían pasado a situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, quedando de esta forma las sociedades propietarias de los solares obligadas a su venta.
La Guardia Civil dice, por ello, que el convenio "supone un gran beneficio" para las tres entidades aludidas y se firma en fecha "muy próxima" a la adjudicación del concurso para la opción de compra de los terrenos, que se hizo el 13 de febrero de 2006 y que "estaba condicionado para que se adjudicara a Sanma".
"Puede entenderse la firma del convenio como una compensación a la sociedad frente al hecho de no resultar adjudicataria del citado concurso, dado que el quebranto económico que pudiera deducirse de este hecho se compensaría con la aplicación del convenio suscrito, garantizando que Grupo de Inversiones Noga no recurriera el resultado del mencionado concurso", concluye la UCO en su atestado.
