MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
En una nota difundida este lunes, el SISEJ señala que se precisa especialización en este campo debido a las últimas reformas legales introducidas, el importante papel que pueden desarrollar los Secretarios Judiciales y ·la trascendencia social que lamentablemente tienen en el momento actual estos procedimientos.
ENCUENTRO CON LA PAH
En este sentido, "y en consideración al carácter especialmente sensible de la problemática existente y a la necesaria conexión que debe existir" entre la función de los secretarios judiciales y la realidad social, este sindicato considera "de especial interés" la habilitación pública de espacios de encuentro entre secretarios judiciales y asesores jurídicos de diferentes colectivos afectados, en especial, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Desde el SISEJ señalan que, "frente a las tibias medidas del Real Decreto Ley 27/2012 de protección de deudores hipotecarios" debe irse hacia una reforma legislativa en profundidad del procedimiento de ejecución hipotecaria (Ley Hipotecaria y Ley de Enjuiciamiento Civil) que permita garantizar el derecho constitucional a la vivienda de todos los ciudadanos.
En la misma deberían incluirse, según este colectivo, aspectos como la regulación efectiva de la dación en pago y un trámite de conciliación público y obligatorio ante el Secretario Judicial.
Finalmente, el SISEJ manifiesta que consideran positivas decisiones como la reciente medida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en la que suspende cautelarmente una diligencia de lanzamiento en Salt (Girona).
En concreto, para adoptar dicha resolución el Tribunal Europeo se ha basado en la prevención de la vulneración de los artículos 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar, incluida la inviolabilidad del domicilio) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Desde el SISEJ entienden necesario que el proceso de ejecución hipotecaria no vulnere en ningún caso los derechos humanos, cuyo respeto debe informar toda actuación de los poderes públicos.
