BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
El juez que instruye el caso Palau, Josep Maria Pijuan, ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por el expresidente del Palau de la Música Félix Millet por la acusación de un presunto delito contra la Hacienda Pública, al considerar que pudo haber defraudado a la Agencia Tributaria con la deducción del IVA de las obras de sus viviendas particulares.
"Este Instructor entiende que también cabe hablar indiciariamente de expolio con relación a la deducción por la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana del IVA soportado por las obras de las viviendas particulares" de Millet, recoge la interlocutoria del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona.
Según el juez, la imputación de Millet de este delito se funda en los indicios que resultan del Informe de la Inspección de la Unidad de Delito Fiscal donde consta que la cuota defraudada por la deducción "improcedente" del IVA superaba los 120.000 euros.
El expresidente del Palau presentó un recurso en el que calificaba de injusta esta acusación, y puntualizaba su colaboración con la justicia, por el hecho de haber aportado la totalidad de sus bienes para el "resarcimiento del daño causado", lo que el juez ha cuestionado, ya que sólo aportó una parte muy menor.
Sobre el recurso presentado por CDC, en el que alegaron la "inexistencia de indicios" para fundamentar la responsabilidad civil del partido como partícipes a título lucrativo, el juez lo ha desestimado y se ha remitido a autos anteriores en los que se justifica esta responsabilidad.
Rechaza también los recursos presentados por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que solicitó la imputación del arquitecto Carlos Díaz Gómez --que certificó las obras de reforma realizadas en el Palau-- y pidió investigar al Ministerio de Cultura por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Lo mismo ocurre con los recursos presentado por Pedro Buenaventura, Daniel Osàcar, Miguel Jiménez-Salinas, Edmundo Quintana y Marta Vallès, que alegaron que el auto no precisaba a nivel individualizado qué delito habían comedido, falta de motivación, indefensión y cuestionaban los criterios de la imputación.
Asimismo, ha estimado el recurso del Ministerio Fiscal que pedía la rectificación de algunos "errores materiales, o incluso de transcripción" del auto de 12 de julio de 2013, en relación al año en el que empezó el presunto desfalco, y sobre la cantidad de éste.
