SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
Como es sabido, el procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.
En un auto dictado el pasado 8 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla declara extinguida, por tanto, la responsabilidad penal contra estos empresarios, a los que tomó declaración el pasado mes de junio.
Entre los empresarios se encuentran Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, ambos hermanos de la ministra de Empleo, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness.
Asimismo, también archiva la causa respecto a Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007--, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.
En el auto, la instructora no menciona si archiva la causa respecto a José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa que también pujó por los suelos y al que también afectaría la prescripción de los delitos, aunque fuentes del caso consultadas por Europa Press han señalado que debe tratarse de un error y que el sobreseimiento también le afectaría.
En este sentido, da traslado del auto a la representación tanto de José Romero González como de Bárbara Gutiérrez-Maturana "para que manifiesten si desisten de sus respectivos recursos, al carecer los mismos de objeto".
La juez archiva la causa respecto de estos empresarios en un auto en el que arremete duramente contra la Fiscalía de Sevilla, pues recuerda que fue ella quien solicitó la declaración como imputados de los empresarios referidos, representantes legales de una serie de entidades que concurrieron al concurso público de los suelos de Mercasevilla "con la presunta aviesa intención, junto a ésta y Sanma, de fijar artificialmente un precio favorable a ésta última a fin de que se adjudicara el referido concurso".
"ERROR" DE LA FISCALÍA
Al hilo, la instructora recuerda igualmente que fue el Ministerio Público el que, a instancias de uno de los imputados, solicitó que se declarara extinguida la responsabilidad criminal de los empresarios por prescripción de los delitos de maquinación y fraude y execciones legales, mientras que respecto al delito de prevaricación "no sería predicable el tipo de la prevaricación por extraneus, que comparte esta instructora".
En este punto, Alaya asevera que "ha debido tratarse sin duda de un error de cómputo por parte del Ministerio Fiscal", ya que tales delitos "estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones", un "error" que "seguramente" está "justificado" por la asistencia del fiscal "a varias macrocausas, pero que ha generado ciertas consecuencias".
Así, y en primer lugar, la juez critica que dicho "error" por parte del Ministerio Público ha provocado "cierto retraso en la tramitación" de las actuaciones, "pues el escrito del Ministerio Fiscal fue de abril del presente año", y en segundo término ha originado "un esfuerzo inútil", pues "hubo que tomarles declaración" al considerar que "el fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus, al igual que con Sanma, perspectiva de la que ahora se aparta en el precedente escrito".
Además, "ha provocado un incidente que no es de agrado en una instrucción de sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente", a lo que hay que sumar, asimismo, "las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática".
RECHAZA ARCHIVAR LA CAUSA RESPECTO A FERNANDO MELLET
De otro lado, la juez rechaza la petición de archivo planteada por el abogado del exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, todo ello "habida cuenta la presunta existencia del delito de prevaricación, entre otros, al tener Mellet condición de funcionario público a efectos penales, pues Mercasevilla es una entidad municipalizada, argumentos que se expusieron en extenso en el procedimiento del jurado del que derivó la presente causa".
Y es que, conviene recordarlo, Mellet fue condenado a 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 600.000 euros por un delito de cohecho tras solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, hechos que se encuentran pendientes de la resolución por parte del Tribunal Supremo.
En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.
