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La Audiencia remite a un juzgado Penal el caso del alcalde de Cullera por contaminación acústica al reducirse las penas

02/10/2013
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La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha remitido a un juzgado de lo Penal el caso del alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán (PP), acusado de permitir que tres pubs de la localidad superasen durante varios años los límites de ruido permitidos, al reducirse las penas solicitadas.

VALENCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La vista contra Sanjuán y otros dos empresarios, propietarios de los pubs, estaba prevista para este martes en la Audiencia, pero el tribunal se ha declarado no competente para iniciar el juicio después de que la acusación particular haya retirado la circunstancia agravante de desobediencia que inicialmente fijó contra los dos empresarios.

Este hecho genera una reducción de las penas y, según la ley, ahora el competente para juzgar al alcalde y a los empresarios será un juzgado de lo Penal de Valencia, y no la Audiencia, tal y como se había señalado inicialmente.

El alcalde se enfrenta a una pena de dos años y tres meses de prisión, tal y como reclama el ministerio público en su escrito de calificación provisional, por un delito de prevaricación medioambiental. También le solicita ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Asimismo, el fiscal pide para los dos gerentes de los tres pubs --establecimientos ya cerrados-- que causaron molestias a los vecinos, una pena de tres años y un mes de prisión por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Además, les solicita que paguen una multa de 6.600 euros. En relación a la responsabilidad civil, pide una indemnización de 6.000 euros para cada vecino que acredite haber sido afectado.

Según consta en el escrito de calificación provisional, durante más de 15 años, desde el inicio de las actividades de estos pubs --años 90-- hasta, al menos, julio de 2008, residentes de las comunidades propietarios de los Edificios Madrid, Mar y Luz, Náutic, Mar y Montaña y Pato Salvaje, formularon multitud de denuncias ante la Policía Local y el Ayuntamiento de Cullera en las que hicieron constar los perjuicios que estaban padeciendo por los ruidos.

En concreto, en estas denuncias, los vecinos criticaban el funcionamiento ilegal de los pubs, la carencia e insuficiencia de insonorización de los mismos, la realización de actuaciones musicales en directo, la contaminación acústica causada por la música y los clientes de los mismos, así como otras actividades como la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública y el incumplimiento reiterado de los horarios de cierre.

A raíz de las quejas vecinales, se realizaron diversas inspecciones de los pubs reseñados y del ruido causado por los mismos en el domicilio de los perjudicados. Así, diversos especialistas tomaron muestras sonométricas en más de 20 ocasiones, desde 1997 hasta 2007, que constataron la superación de decibelios. En la mayoría de las viviendas, se percibieron niveles sonoros superiores a los 50 decibelios, llegando en algún caso a los 70 con las ventanas abiertas.

Estos niveles de inmisión sonora vulneraban los límites de ruido establecidos en la normativa medioambiental vigente, y suponían un grave riesgo para la salud de las personas que habitaban en las viviendas colindantes a los tres pubs contra los que se dirige la acusación, según la calificación fiscal.

SIETE INFORMES

Asimismo, desde mitad de los años noventa hasta 2008, el ingeniero técnico industrial municipal informó al Ayuntamiento de Cullera, en diversas ocasiones, en relación a uno de los pubs, que su actividad era de "bar" y de que estaba prohibido todo tipo de ambientación musical en el local, así como la existencia de cualquier aparato o equipo musical. El alcalde de Cullera recibió un total de siete informes a este respecto.

Además, otros informes emitidos por este ingeniero ponían de relieve que los limitadores de potencia de los equipos de reproducción musical originarios de los pubs, que se precintaron en su día, estaban desconectados de los equipamientos musicales y se encontraban en situación irregular.

De esta vulneración y los graves riesgos derivados eran "plenamente conscientes" --según el fiscal-- los acusados durante todo el tiempo en que explotaron sus negocios, no poniendo solución eficaz en las "múltiples" ocasiones en que fueron requeridos a tal fin, "incumpliendo de manera sistemática y continuada la normativa medioambiental en materia acústica, generando reiteradamente la situación de grave riesgo para la salud de las personas".

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