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Jorge Pérez Alonso

Abraham Lincoln: la esclavitud y el conflicto entre derechos individuales y seguridad pública en tiempos de guerra

27/09/2013
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El reciente estreno de la película que sobre el presidente Abraham Lincoln ha dirigido Steven Spielberg (avalada por sus doce nominaciones a los premios de la Academia) ha centrado nuevamente la atención sobre quien fuese decimosexto presidente de los Estados Unidos de América. Hace apenas un par de años, otro film, en este caso el que con el título La conspiración dirigiera Robert Redford, se centraba en el juicio al que fueron sometidos en un tribunal militar varios acusados de participar en el complot que acabó finalmente con la vida de Lincoln, aunque en este caso centrando la visión casi exclusivamente en la figura de Mary Surrat. La aureola de santidad que rodea a Lincoln parece no decaer, sino incrementarse con los años, fundamentalmente debido a su trágico final, lo que hace que en ocasiones se difumine cuando no se distorsione abiertamente la imagen de dicha figura histórica (como sucede, por ejemplo, sin salir de la historia norteamericana, con otros personajes como Alexander Hamilton o John Fitgerald Kennedy). Baste para ello, como ejemplo, el hecho de que el film dirigido por Robert Redford suponía una nada velada crítica a la política de George Bush y a los juicios militares a civiles, si bien en el caso tratado en la película se focalizaban todos los reproches en Edwin M. Stanton, el Secretario de Guerra, a quien encarnaba en la película el actor Kevin Kline. (…).

Jorge Pérez Alonso es abogado

El artículo fue publicado en El Cronista n.º 36 (abril 2013)

El reciente estreno de la película que sobre el presidente Abraham Lincoln ha dirigido Steven Spielberg (avalada por sus doce nominaciones a los premios de la Academia) ha centrado nuevamente la atención sobre quien fuese decimosexto presidente de los Estados Unidos de América. Hace apenas un par de años, otro film, en este caso el que con el título La conspiración dirigiera Robert Redford, se centraba en el juicio al que fueron sometidos en un tribunal militar varios acusados de participar en el complot que acabó finalmente con la vida de Lincoln, aunque en este caso centrando la visión casi exclusivamente en la figura de Mary Surrat.

La aureola de santidad que rodea a Lincoln parece no decaer, sino incrementarse con los años, fundamentalmente debido a su trágico final, lo que hace que en ocasiones se difumine cuando no se distorsione abiertamente la imagen de dicha figura histórica (como sucede, por ejemplo, sin salir de la historia norteamericana, con otros personajes como Alexander Hamilton o John Fitgerald Kennedy). Baste para ello, como ejemplo, el hecho de que el film dirigido por Robert Redford suponía una nada velada crítica a la política de George Bush y a los juicios militares a civiles, si bien en el caso tratado en la película se focalizaban todos los reproches en Edwin M. Stanton, el Secretario de Guerra, a quien encarnaba en la película el actor Kevin Kline. Lo que en la cinta no se mencionaba ni tan siquiera aún de pasada es que fue precisamente bajo el mandato de Lincoln cuando no sólo se suspendió mediante una orden ejecutiva presidencial el derecho de habeas corpus, sino que bajo su mandato se produjo el enjuiciamiento de prisioneros civiles por tribunales militares. Otro tanto sucede con el tema de la esclavitud; Lincoln accedió a la presidencia no con la intención de erradicarla totalmente, sino de frenar su extensión; de hecho, su decreto proscribiendo la esclavitud no extendió su aplicación a todo el territorio nacional, sino únicamente a los estados que integraban la Confederación, es decir, que el abolicionismo se aplicó desde el poder como un arma o instrumento bélico y no como un objetivo político.

El presente trabajo tiene por objeto analizar el panorama existente sobre la esclavitud en el momento de la secesión así como abordar el delicado problema del equilibrio entre derechos individuales y defensa del estado en tiempos de guerra, que centraremos precisamente en los casos Ex parte Merriman y Es parte Milligan. Hemos tratado de hacerlo en un lenguaje claro, sencillo, prescindiendo de las notas al pie para facilitar lo más posible su lectura.

EL PROBLEMA DE LA ESCLAVITUD: DEL CASO DRED SCOTT A LA EMANCIPATION PROCLAMATION ACT

La esclavitud en los Estados Unidos hasta 1857: principales hitos legislativos

El problema de la esclavitud afectó de lleno a los Estados Unidos desde sus mismos orígenes. Pese a que la Declaración de Independencia suscrita el 4 de julio de 1776 proclamaba enfáticamente “las siguientes verdades evidentes por sí mismas: que todos los hombres nacen libres y dotados por su Creador con derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, dicha previsión en modo alguno afectaba a los esclavos. De hecho, Thomas Jefferson, uno de los autores de la Declaración, era un terrateniente virginiano propietario de numerosos esclavos (a diferencia de otros correligionarios suyos, como por ejemplo Aaron Burr, ya por entonces plenamente alineados en el abolicionismo y que nunca poseyeron esclavos). Acierta totalmente el profesor Muñoz Machado cuando en el primer volumen de su imprescindible Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General se refiere a la cuestión de la esclavitud con estas certeras palabras: “En la redacción inicial de la Declaración se incluyó un párrafo que se dirigía contra la situación creada con los negros esclavos. Se decía allí que Gran Bretaña ‘ha declarado cruel guerra a la misma naturaleza humana, violando sus más sagrados derechos a la vida y a la libertad en las personas de distantes gentes que jamás la habían ofendido, capturándolas y condenándolas a otro hemisferio para someterlas a la esclavitud o haciéndolas sufrir la más miserable de las muertes durante su transporte hacia aquí...’. Pero nunca se pensó en el trato igual. En sus Notes on the State of Virginia, Jefferson aludía a que la única salida posible una vez emancipado el esclavo negro, no era que los colonos blancos pasaran a mezclarse con él, como habían hecho los romanos, sino devolverlo a su país o región de origen. En su proposición de ley sobre esclavos de 1779 decía, por ello que, una vez liberados, deberían abandonar el país en un plazo determinado. En las notas citadas aparece un Jefferson marcadamente racista que se refiere a la monotonía cromática de los rostros de los negros, a su ‘inamovible velo de negrura’ y hasta está seguro del distinto funcionamiento y por tanto del olor de las glándulas sebáceas de negros y blancos”. Este sentimiento de superioridad racial no era óbice para que Jefferson pudiese mantener relaciones amorosas con algunas de sus esclavas, siendo especialmente destacable el vínculo que tuvo con una de ellas, Sally Hemings; pese a que la polémica siempre ha rodeado la paternidad de los hijos de ésta, en el año 2012 la Fundación Thomas Jefferson se ha visto obligada a admitir, tras un análisis comparativo del ADN de los descendientes de Jefferson y de Hemings, que aquel fue realmente el padre de los hijos de ésta. No obstante, lo que importa a los efectos del presente trabajo es que en el momento de elaborar la Declaración de Independencia y el propio texto constitucional los founding fathers optaron por no enfrentarse directamente con tan espinoso asunto, esperando con ello que se evitase un conflicto que dañaría irremisiblemente a la neonata república.

Pero la transacción lograda con la omisión del tema tanto en la Declaración de Independencia como en el texto constitucional no supuso el fin del problema, sino tan solo la demora en abordar seriamente el mismo, puesto que el asunto de la esclavitud surgía nuevamente cada vez que los Estados Unidos incrementaban su territorio. El primer ataque legal serio a la institución tuvo lugar en 1787 cuando los Estados Unidos aún se regían por los Artículos de la Confederación. Nos referimos a la An Ordinance for the Government of the Territory of the United States, North-West of the River Ohio, adoptada por el Congreso Confederal el 13 de julio de 1787. Dicha norma tenía por objeto principal la regulación jurídica del territorio del noroeste (aún no dividido ni organizado jurídicamente en estados), y su decisivo artículo sexto establecía de forma indubitada que “There shall be neither slavery nor involuntary servitude in the said territory, otherwise than in the punishment of crimes whereof the party shall have been duly convicted: Provided, always, That any person escaping into the same, from whom labor or service is lawfully claimed in any one of the original States, such fugitive may be lawfully reclaimed and conveyed to the person claiming his or her labor or service as aforesaid”. En definitiva, quedaba proscrita la esclavitud en toda la vasta extensión territorial de lo que ulteriormente serían los estados de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin y Minessotta. El tema se complicaba aún más debido a la marcada diferencia entre los estados del norte, cuya actividad económica principal era el pequeño comercio y la industria y los sureños, cuyo sustento principal era el cultivo, para lo cual era precisa la mano de obra esclava, fundamentalmente en las grandes plantaciones. Así, mientras los estados del norte fueron aboliendo la esclavitud, bien fuese de forma radical o gradualmente, en los estados situados al sur de la línea Mason-Dixon se mantuvo lo que se denominaba un tanto pudorosamente la peculiar institution. No obstante, la extensión territorial no sólo hacia el norte (como hemos visto con la Northwest ordinance) sino hacia el oeste planteó nuevamente la cuestión. Y es que los Estados Unidos habían adquirido en 1803 la Luisiana mediante su compra a Francia, y en 1819 se compró a España el territorio de la Florida. Toda esta expansión territorial planteaba la espinosa cuestión del carácter abolicionista o no de los nuevos estados que se constituyesen en dichos espacios geográficos.

Un nuevo intento de solventar esta cuestión tuvo lugar en el año 1820 mediante la aprobación del denominado Compromiso de Missouri, que como veremos más adelante tendrá una importancia decisiva en la resolución del caso Dred Scott. El 3 de enero de 1820 la Cámara de Representantes aprueba la Act for the admission of the state of Maine into the Union, y pocos días más tarde, el 26 de enero, la misma Cámara aborda el tema de la admisión de Missouri como estado integrante de la Unión, mas en su paso por el Senado éste acuerda admitir a Maine como estado libre y a Missouri como estado esclavista, logrando una transacción que zanjase, cuando menos por el momento, el tema. El texto legal se aprobó definitivamente el 6 de marzo de 1820 con el largo título An Act to authorize the people of the Missoury territory to form a constitution and state government, and for the admisión of such state into the Union on an equal footing with the original states, and to prohibit slavery in certain territories, y el mismo era bien claro en cuanto a su título en el sentido de que la esclavitud quedaría proscrita en determinadas franjas territoriales, en concreto los especificados en la sección octava (y última) de la norma: “That in all that territory ceded by France to the United States, under the name of Loisiana, which lies north of thirty-six degrees and thirty minutes north latitude, not included within the limits of the state, contemplated by this act, slavery and involuntary servitude, otherwise tan in the punisment of crimes, whereof the parties shall have been duly convicted, shall be, and is hereby, forever prohibited”; el límite o frontera legal de la esclavitud se fijaba, pues en el paralelo que coincidía con la frontera sur del estado de Missouri, al norte del cual se declaraba proscrita salvo en el propio estado de Missouri.

El 1 de marzo de 1845, tres días antes de finalizar su mandato y entregar el testigo a su sucesor, el demócrata James K. Polk, el presidente John Tyler rubricaba la incorporación de Texas como nuevo estado de la Unión, hecho que acabó provocando un conflicto con la vecina nación mexicana y que acabaría desembocando en la denominada Mexican war, declarada por los Estados Unidos el 13 de mayo de 1846. Al inicio de las hostilidades se planteó abiertamente el tema de la esclavitud, de tal manera que había que decidir si los territorios que se anexionasen lo harían como estados esclavistas o libres. En este ambiente, David Wilmot, elegido miembro de la Cámara de Representantes en Pennsylvania, presenta el 8 de agosto de 1846 en dicha cámara legislativa una proposición legislativa que ha pasado a conocerse como Wilmot Proviso, en virtud de la cual se prohibiese la esclavitud en todos los territorios adquiridos a México. En concreto, el texto de la iniciativa era el siguiente: “Provided, that as an express and fundamental condition to the adquisition of any territorio from the Republic of Mexico by the United States, by virtue of any treaty which may be negotiated between them, and to the use ny the Executive of the moneys herein appropriated, neither slavery nor involuntary servitude shall ever exist in any part of said territory, except for crime, whereof the party shal first be duly convicted”. Esta propuesta, que logró pasar el filtro de la Cámara de Representantes, fue derrotada en el Senado. Es en este momento cuando se produce una mutación en la teoría constitucional relativa a la esclavitud. Hasta entonces hemos visto que nadie había cuestionado la potestad del Congreso de los Estados Unidos para proscribir la esclavitud en determinados territorios (potestad que había ejercido tanto en la Northwest ordinance como en el Compromiso de Missouri). Pero en los estados del profundo sur comienza a gestarse un movimiento que va a rechazar abiertamente dicha tesis jurídica postulando que la admisión o proscripción de la esclavitud es algo que han de decidir única y exclusivamente los estados, siendo, por tanto, una cuestión doméstica competencia única y exclusivamente de éstos y no del Congreso, que no ostenta autoridad constitucional alguna sobre la materia.

Esa mutación o cambio de las tesis sobre la esclavitud va a plasmarse legislativamente en la Kansas-Nebraska Act de 1854. Pero cuatro años antes, y en relación al tema de la esclavitud, se aprueba la polémica ley del esclavo fugitivo, en realidad una modificación de un texto normativo que databa de 1793. Y es que el 18 de septiembre de 1850 se aprobaba el texto legislativo cuyo título íntegro era An Act to amend, and supplementary to, the Act entitled “An Act respecting fugitives from justice, ande Persons escaping from the Service of their Masters”, approved Febreruary twelfth, one thousand seven hundred and ninety-three. La sección quinta de dicha ley tipificaba como infracción a las autoridades que rehusasen aplicar las disposiciones contenidas en la misma, imponiéndoles en tales casos una sanción de mil dólares, e incluso iba más allá, puesto que en el caso que el esclavo se fugase estando a cargo de un marshal, éste sería responsable ”for the full value of the service or labor of said fugitive in the State, Territory or District whence he scaped”; por el contrario, la sección séptima de la norma bonificaba con recompensas a quienes capturasen a los esclavos fugitivos. La última sección de la ley establecía los requisitos necesarios para lograr el arresto y entrega de los esclavos huidos, bastando para ello aportar ante el tribunal “satisfactory proof” tanto de que el esclavo era propiedad del denunciante como de la realidad de la huida.

El último de los acontecimientos más importantes con respecto a la esclavitud que tuvo lugar con anterioridad al caso Dred Scott fue la aprobación de la citada Kansas-Nebraska Act, cuyo promotor fue el senador demócrata Stephen A. Douglas, uno de los rivales de Lincoln en las elecciones presidenciales de 1860. Esta norma se aprobó el 30 de mayo de 1854 con el título de An Act to Organize the territories of Nebraska and Kansas. El objeto de la ley era en realidad el establecer la organización política de dichos territorios, pero en relación con la esclavitud, la sección décima extendía la aplicación a dicho territorio de la legislación sobre esclavos fugitivos aprobada en 1850, y lo que es más importante, la sección decimocuarta de la ley declaraba inaplicable en dicho territorio el compromiso de Missouri al permitir que los estados que se constituyesen en su ámbito territorial pudiesen, si así lo acordaban, ser admitidos como esclavistas, pues declaraba en vigor en dicho territorio la constitución y las leyes federales “except the eighth section of the act preparatory to the admission of Missouri into the Union approved March sixth, eighteen hundred and twenty, which, being inconsistent with the principle of non-intervencion by Congress with slavery in the States and Territories, as recofnized by the legislation of eighteen hundred and fifty, commonly called the Compromise Measures, is hereby declared inoperative and void; it being the true intent and meaning of this act not to legislate slavery into any Territory or State, nor to exclude it therefrom,but to leave the people thereof perfectly free to form and regulate their domestic institutions in their own way”. En definitiva, se optaba porque fuesen los propios estados los que regulasen la materia, renunciando la federación a intervenir en toda regulación sobre la materia, cuestión ésta que el promotor de la norma, el senador Stephen Douglas, denominó “popular sovereignty” mientras que los detractores y opositores de la ley motejaron con el calificativo de “squatter sovereignty”. Como ya hemos indicado anteriormente, ello suponía un notable cambio en relación con la Northwest ordinance y el Compromiso de Missouri, donde el Congreso había legislado sobre la materia.

Si la legislación sobre el esclavo fugitivo provocó las iras de los abolicionistas del norte, la denominada Kansas-Nebraska Act, que dejaba sin efecto el compromiso de Missouri alcanzado un cuarto de siglo atrás, tuvo una consecuencia política de primer orden: el nacimiento ese mismo año de 1854 del Partido Republicano, creado en abierta y expresa oposición al texto legal aprobado a instancias de Stephen Douglas. Pero tan sólo tres años más tarde, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos iba a dar un paso en falso en relación al tema de la esclavitud, y lo iba a hacer de una forma muy desafortunada. Hasta el punto que podemos decir que fue uno de los primeros aldabonazos que hizo estallar el conflicto bélico que el propio Tribunal Supremo pretendía, de forma un tanto ingenua, evitar.

El caso Dred Scott v. Sanford

Dred Scott v. Sanford [60 U.S. 393 (1857)], es uno de los casos más conocidos de los resueltos por el máximo órgano judicial estadounidense, aunque no precisamente para bien. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos era una institución que, aún débil y de escaso prestigio en sus orígenes, había logrado durante los treinta y cuatro años en que John Marshall había ostentado el cargo de chief justice alcanzar un prestigio sin igual que había elevado dicho órgano judicial hasta el punto de situarlo al nivel y en condiciones de igualdad con los otros dos poderes. Roger B. Taney, nombrado sucesor de John Marshall como chief justice en 1836 a propuesta de Andrew Jackson, pese a iniciar un giro en la jurisprudencia del alto organismo (a diferencia de Marshall, ardiente federalista y promotor de un poder federal robusto a expensas de los estados, Taney era más proclive a reforzar las prerrogativas estatales en detrimento de la federación, pero sin revocar expresamente los casos resueltos en la época de su predecesor) había mantenido incólume no sólo el prestigio del Tribunal Supremo, sino su propio prestigio como magistrado. Mas el asunto Dred Scott estuvo a punto de hundir la reputación del alto Tribunal, y aunque no lo logró del todo sí que sumió a la institución en un evidente desprestigio que tardó años en superar.

... (Resto del artículo) ...

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