SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla rechaza el recurso que el letrado, Daniel Gutiérrez Montaña, interpuso contra el auto de 27 de enero de 2012 en el que la juez Mercedes Alaya le imputó "por su intervención en la tramitación del ERE de Surcolor en el que dio el visto bueno para la inclusión de dos 'intrusos'".
La representación jurídica del imputado pidió en su recurso el archivo de las actuaciones respecto de su representado al entender que no concurren indicios "suficientes" para imputarle su participación en la inclusión del ERE de Surcolor o Surcolor Óptica de los 'intrusos' Manuel López Espadas y José Antonio Márquez Sánchez, quienes, según la Audiencia, "en momento alguno trabajaron para dichas empresas".
La Sala pone de manifiesto que la resolución de la magistrada "no constituye una imputación judicial formal" y, por este motivo, "la solidez de los indicios no tiene por qué ser tan severa como la exigible a la decisión de proseguir el procedimiento adelante contra quien resulte formalmente imputado hasta, en su caso, formularse acusación contra el mismo".
Pues bien, la Audiencia dice que, en el recurso, "ha quedado acreditado" que ambos 'intrusos' nunca trabajaron para Surcolor, tal y como consta en sus respectivos informes de vida laboral, mientras que también "ha quedado indiciariamente acreditado" que el imputado "es abogado en ejercicio y que a la sazón trabajaba en Estudios Jurídicos Villasís".
A ello se suma que "participó en representación de Surcolor en actos de conciliación en demandas por despidos de sus trabajadores, en las que se llegó a avenencia al reconocer la empresa la improcedencia del despido", mientras que "también ha quedado acreditado de modo indiciario que participó en la tramitación del ERE de dichas empresas, que se tramitó en un sólo expediente", y que "estuvo presente en las conversaciones con la dirección de la empresa para finalizar con éxito".
LANZAS Y GUERRERO
Todo ello "hasta el punto de convencer, en unión de Carlos Leal, al consejero delegado de ambas empresas" para que firmara la póliza, "a lo que se negaba en un principio" éste "por aparecer, además de los 24 trabajadores de sus empresas, dos personas que nunca habían trabajado en las mismas".
La Sala recuerda que el consejero delegado de Surcolor, Manuel Castilla Bustamante, declaró que, "ante la inclusión de dos 'intrusos', se puso en contacto" con el imputado, con Carlos Leal y con el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, quienes "le dijeron que no pasaba nada por el hecho de que entre los beneficiarios figurasen dos trabajadores ajenos a las empresas".
Esto, "unido al hecho simultáneo de que" el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "enviara un fax a la aseguradora que suscribía la póliza colectiva en el que mostraba su conformidad para que en la misma se incluyeran 26 --que no 24-- trabajadores de sus empresas, motivó" que Castilla Bustamante "firmara su conformidad al ERE que afectaba a sus empresas".
