GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Provincial de Sevilla ha advertido de una "cierta ralentización" en la instrucción del caso de los ERE, a cargo de la juez Mercedes Alaya, y ha manifestado su "preocupación" por la "agilización" de la misma, según recoge la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, correspondiente a 2012.
En la memoria, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala que la fiscal jefe provincial, María José Segarra, hace mención a esa "ralentización" que se debe a "causas muy diversas" y, concretamente, apunta que sigue vigente el secreto al haberse prorrogado, mediante un auto el pasado mes de diciembre, pero ya solo de forma parcial a instancias de la Fiscalía.
La Fiscalía Superior indica que se ha solicitado que se impulse "de manera decidida" el trámite del resto de las actuaciones pendientes al detectarse cierta "paralización", así como la falta de respuesta a peticiones y recursos presentados por las demás partes.
Además, en el informe, el fiscal superior valora de forma explícita el "enorme y discreto" esfuerzo realizado por los Fiscales Delegados de la Fiscalía Anticorrupción y la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Sevilla.
En esa línea, pone de manifiesto que esa dedicación resulta "imprescindible y completamente necesaria" para articular, en su día, la exigencia de responsabilidad que corresponda ante los órganos jurisdiccionales que resulten competentes.
El Ministerio Público hace una recopilación del caso, procedente de Mercasevilla, una causa en la que, tal y como recuerda, la Policía Judicial observó la existencia de indicios de fraude en el Expediente de Regulación de Empleo aprobado para Mercasevilla en los años 2003 y 2007, fraude derivado de la introducción entre los beneficiarios de las ayudas públicas de personas ajenas a la empresa, los llamados intrusos, que la policía también detecta en expedientes de otras empresas andaluzas que han recibido ayudas públicas de la Junta de Andalucía.
MERCASEVILLA
Incoadas las diligencias previas para Mercasevilla y, por otro lado, para las restantes empresas detectadas, al "generalizarse" el fraude y detectarse que el mismo proviene de la propia Junta de Andalucía en la concesión de las ayudas a empresas en crisis, Alaya -recuerda la memoria-- decidió acumularlas.
En el relato de los acontecimientos prosigue señalando que la línea de investigación se dirige no solo la detección de intrusos, sino también al examen del propio mecanismo de otorgamiento de las ayudas desde la Dirección General de Empleo, al hacerse con "total omisión" de los trámites administrativos propios de las subvenciones, "impidiendo cualquier tipo de control, seguimiento, justificación de la ayuda o fiscalización del gasto".
Asimismo, recuerda que están personadas como acusación particular la propia Junta de Andalucía y como acusaciones populares, el sindicato Manos Limpias, el Partido Popular, los sindicatos UGT, CSIF y SAFJA.
A cierre de 2012, había más de 60 personas imputadas, entre ellas parte de los intrusos detectados en diferentes empresas pero, tal y como señala la fiscal jefe, la determinación del número e identidad de los imputados está abierta, "dado el gran volumen de documentación pendiente de estudio y del resultado de las diligencias ya pedidas, pudiendo afectar no solo a más trabajadores intrusos, empresarios, empleados de las compañías de seguros intermediarias, sino también a otros altos cargos públicos de la Junta de Andalucía".
Por último, recuerda que la Fiscalía ha venido pidiendo la adopción de "muy numerosas medidas cautelares" personales y reales contra los imputados que han prestado declaración en sede judicial, tras lo cual, la magistrada ha dictado auto estableciendo fianzas para todos los imputados y cuya cuantía esta en proporción a las cantidades indebidamente recibidas. Todas, en su caso, han sido ratificadas por la Audiencia Provincial de Sevilla, concluye.
