PORTUGAL: CONTRARRELOJ JUDICIAL
Dentro de unos días comienza la nueva inspección de la “troika” a Portugal, la octava desde que tuvo lugar el rescate de su economía. La situación política es de alto voltaje, por la combinación de tres elementos. En primer lugar, un gobierno cuyo flanco derecho ha salido fortalecido de la crisis interna de la coalición y está más decidido que nunca a reformar el Estado hasta sus últimas consecuencias, impelido por las amenazas de la troika de cortar la financiación o presionar para que no se relaje ni un milímetro el objetivo de déficit. Dos tercios del duro ajuste se han hecho ya a través de la reducción del gasto público, un tijeretazo del 4 por ciento del PIB en un país con un sector público omnipresente y anticuado. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional está desplegando un activismo llamativo para garantizar sus derechos a los funcionarios y pensionistas, en contra de las decisiones de los tecnócratas de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional.
A diferencia de lo que ocurre con su homólogo alemán, muy activo frente a las medidas europeas de rediseño del euro, al alto tribunal portugués no se le respeta tanto, no solo porque el tamaño de país importa. Como ha recordado el ministro más articulado del gobierno, Miguel Poiares Maduro, coordinador del gabinete, la argumentación jurídica que utilizan los jueces lusos no tiene en cuenta la equidad entre el sector privado, que ha sufrido durísimos ajustes, y el sector público, ni tampoco entre las generaciones actuales y futuras. Finalmente, en medio de estas tensiones entre rescatadores y rescatados, gobierno y tribunal constitucional y con el presidente Cavaco casi de mudo forzoso, empiezan a vislumbrarse señales de recuperación en la economía portuguesa, que ha sorprendido al mundo creciendo un 1,1% el segundo cuatrimestre, ha reducido el paro y ha aumentado las exportaciones, todo ello en una situación todavía de respiración asistida y, en el fondo, de desafío existencial.
